Por Juan Bolívar Díaz          

          Tal vez cuando concluya esta desazonada como prolongada campaña electoral los ejecutivos de la sociedad dominicana comiencen a plantearse en serio las graves consecuencias del actual costo del petróleo, que en vez de retroceder parece que va hacia arriba de forma indetenible.

            La última semana el hidrocarburo alcanzó nuevos niveles de precios históricos, cuando en los mercados mundiales se hicieron ventas entre 72 y 74 dólares el barril, bajo la amenaza de nuevos incrementos si se complican las tensiones por el programa nuclear de Irán, al cual se oponen radicalmente Estados Unidos y los demás integrantes del privilegiado club de los poseedores de armamentos nucleares.

            Atrás parecen haber quedado aquellas expectativas de que el petróleo volviera a situarse no en los 9 dólares a que se vendió en 1998, sino siquiera en la franja de 20 a 25 que tenía como meta la Organización de Países Exportadores de Petróleo al comenzar el milenio.

            Aunque muchos manifiestan conciencia sobre el peso del petróleo en la economía nacional, son pocas las previsiones que hemos adoptado para enfrentar el alza galopante, que el año pasado supuso un costo adicional de casi mil millones de dólares en la factura petrolera dominicana, ascendente a unos 2 mil 500 millones de dólares, más de dos veces el monto total de nuestras exportaciones y la totalidad de las remesas de los compatriotas que trabajan duro en el exterior.

            El precio promedio del barril de petróleo salió al país el año pasado en 55 dólares. Cuando a fines de año el gobernador del Banco Central hizo proyecciones para el 2006, estimó que pagaríamos un precio promedio de 60.9 dólares por barril, lo que implicará más de 2 mil 900 millones de dólares.

            Si el promedio se elevara a 70 dólares, aceptando el estimado de que cada dólar adicional en el costo equivale a 50 millones en la factura, estaríamos hablando entonces de otros 500 millones de dólares para un total de 3 mil 400 millones en el año. Más o menos el monto total del ingreso de divisas por el turismo.

            La perspectiva es ciertamente sombría. Y si algunos no lo están registrando es porque este país se está endeudando para cubrir una parte de ese costo, a través del programa de crédito Petrocaribe que auspicia el gobierno de Venezuela. Las facilidades y consideraciones de este plan, que como el presidente Hugo Chávez tal vez no dure para siempre, han impedido que afrontemos la situación con la severidad debida.

            Si asumimos que alguna vez tendremos que pagar el crédito venezolano, eso significa que irresponsablemente estamos cargando a generaciones futuras el costo de lo que estamos consumiendo ahora. En otras palabras que mantenemos un ritmo de consumo absolutamente desproporcionado con cargo a los que vienen detrás.

            Esa irresponsabilidad explica que el año pasado el país importara 26 mil nuevos vehículos, entre ellos 8 mil jeepetas de alto consumo, una alta proporción de las cuales fueron adquiridas y financiadas por el Estado.

            Nos pasamos gran parte del 2005 elaborando un plan de ahorro energético, que finalmente entró en vigencia en septiembre, pero ya en diciembre fue liberalizado porque según consideró el gobierno “habían desaparecido las causas” que lo originaron. Eso porque el precio se redujo de los 68 dólares a que llegó en agosto, a 61 en diciembre.

            No habría que convocar a una cumbre nacional para que acordemos toda una política no ahorro energético y de incentivo a la producción de energía alternativa. Tampoco hay que ser mago para entender que este país está condenado a la miseria si los precios del petróleo se mantienen en los actuales niveles. Ni pensar en las predicciones de que podría llegar a 100 dólares por barril.

            Esa política supone mucho más que la instalación de 2 millones de bombillas de bajo consumo en los barrios, que según el optimismo de los funcionarios de Industria y Comercio ha logrado un ahorro de energía del 27 por ciento. Implica restricciones a la circulación vehicular, a la operación de chatarras, al uso de vehículos estatales y a la importación de vehículos de alto consumo.

            Y más que todo, es urgente la aprobación de un barajado proyecto de ley de incentivo a la producción de energía alternativa, eólica, solar, de biomasa, a la industria del etanol que se viene contemplando en el país desde hace medio siglo.

            ¿Tendrá que llegar el barril de petróleo a 100 dólares para que aterricemos a la realidad y empecemos a sincerar nuestra forma de vida, a ahorrar y a diversificar?.-