Por Juan Bolívar Díaz

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Procuraduría General de la República deben intervenir para evitar el despojo de que están siendo víctimas 107 familias agrupadas en la Asociación de Agricultores La Nueva Fuerza de la comunidad El Puente de Olivares en Pedernales.

Dirigentes de esa asociación vinieron a Teleantillas la semana pasada para denunciar el despojo de las parcelas en que fueron asentados por el IAD en 1998 y los apresamientos y atropellos, incluyendo la destrucción de dos siembras, de que han sido víctimas por parte de un señor que reclama los terrenos con la complicidad de las autoridades locales.

Se trata de familias muy pobres  que muestran el “Título Provisional” número 3361 firmado por el entonces director del IAD, ingeniero agrónomo Paíno Abreu Collado, fechado el 5 de noviembre de 1998, del Asentamiento AC-444 Manejo Racional Bosque Seco III, correspondiente a la Parcela Catastral 40- 41.

Son antiguos carboneros que ocupaban la parcela desde 1994, cuando crearon su asociación buscando una forma legítima de ganarse la vida, y que merecieron la atención del Estado.

Pero desde el año 2000, en la medida en que se ha hablado de desarrollo turístico en la región, los terrenos comenzaron a ser reclamados por el señor Previsterio Pérez y Pérez. Están ubicados cerca de Cabo Rojo, justo en la zona que se señala como alternativa a la construcción de hoteles en Bahía de las Aguilas.

A causa de los reclamos los agricultores perdieron su cosecha del 2000 cuando un tribunal de Pedernales los condenó por supuesta invasión de propiedad privada: pero la Corte de Apelación de Barahona los descargó mediante la sentencia correccional 69-2002 del 5 de abril del 2002.

A partir del año siguiente la asociación La Nueva Fuerza comenzó a recibir asistencia económica y técnica del Centro Cultural Poveda que la incluyó en su proyecto Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de la provincia Pedernales, financiado por la Comunidad Autonómica de Madrid y la Fundación Intered Intercambio y Solidaridad, a través de la Agencia Internacional de Cooperación Española.

Con esa asistencia pudieron comprar una bomba de agua y levantar una infraestructura mínima, mientras procedían a la siembra de yuca, batata, lechosa, berenjena y melones.

Pero en junio pasado, pese a la sentencia de la Corte de Apelación de Barahona, autoridades judiciales de Pedernales, con auxilio de militares y policías apresaron a 25 agricultores, atendiendo al reclamo ahora de Yonny Pérez Saldaña,  hijo del reclamante original. Un documento denuncia del Centro poveda acusa a la fiscal, el gobernador y el nuevo senador entre los favorecedores de la acción.

Los seis dirigentes de la asociación pasaron nada menos que 45 días presos hasta que firmaron un documento que les fue presentado reiteradas veces, en el que se comprometen a no volver por los terrenos donde los asentó el IAD. Mientras el señor Yonny Pérez Saldaña, hijo del reclamante original, se ha posesionado de las tierras.

Tanto los agricultores como el Centro Poveda tratan ahora de interesar al  IAD y a la Procuraduría General de la República para que hagan valer el título provisional y la sentencia de la Corte de Apelación de Barahona. Pero aparentemente no han podido lograr la atención de los funcionarios.

La situación amerita la intervención del Instituto Agrario para que explique si es que ha revocado el título provisional en base al cual decidió la Corte de Barahona. A ese organismo es al que corresponde defender a los agricultores asentados.

Mientras tanto, esas 107 familias no sólo sufren atropellos y amenazas, sino que están en la más absoluta miseria y abandono, confiando todavía en que haya un mínimo de justicia en esta sociedad. Esperemos que este grito de auxilio sea escuchado antes que el drama se convierta en tragedia, y que pronto esos humildes campesinos puedan retornar con garantías a las tierras que les entregó el Estado. Y si algún derecho cabe a los reclamantes, que sean compensados por el IAD, pero no a costa del despojo de los más desposeídos de bienes y de la asistencia de las autoridades.

Es cierto que Pedernales está lejos de los centros del poder nacional, pero no tanto para que sea anulado por la fuerza un asentamiento del Instituto Agrario Dominicano.