Por Juan Bolívar Díaz
A propósito del terremoto que afectó el país en la madrugada del lunes 22, el Arzobispo de Santiago formuló un llamado de alerta, fundado en que el fenómeno había ocasionado relativamente pocos daños, especialmente en su jurisdicción eclesiástica. Monseñor Juan Antonio Flores cree que el sismo contiene una advertencia de Dios a los creyentes que viven en pecado para que se arrepientan, para que pongan su conciencia en orden y enderecen su cabeza.
Según la crónica publicada por el Listín Diario el miércoles 24, la preocupación del prelado cibaeño es básicamente de orden moral-religioso. Se referiría a los vicios, el egoísmo, la ceguera espiritual, la ambición, la avaricia y hasta el desorden sexual.
En cualquiera de esas dimensiones puede ser que Monseñor Flores tenga razón. Hay muchos creyentes que viven en abierto divorcio con los valores de su fé religiosa. Son cristianos de tradición o de encuestas. Los hay también que se dan muchos golpes de pecho e imploran al Señor, sin recordar que lo fundamental son las obras, que el primer mandato carece de sentido si no se atiende el segundo que exige amar al prójimo como a uno mismo.
Pero más allá de lo individual-espiritual, el sismo que causó severos daños en el Cibao contiene una gran advertencia a la sociedad dominicana, particularmente a los responsables de la supervisión de las construcciones públicas y privadas.
El colpaso sufrido por planteles escolares como el Gregorio Urbano Gilbert, indica que si el terremoto hubiese ocurrido en horario de docencia, estaríamos contando las víctimas por centenares.
Llama la atención que la mayor parte de los edificios dañados sean precisamente escuelas, (140 aulas en total) donde se concentran los niños y adolescentes por varias horas al día, u hospitales, lugar de residencia de los enfermos.
Autoridades como el director de la Defensa Civil, Radhamés Lora Salcedo, el senador Tommy Durán, el presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Amancio Pedro López, o dirigentes de la Sociedad de Ingeniería Sísmica, como los ingenieros Rafael Corominas, Romeo Llinás y Juan Alberto Chalas, han reconocido que las edificaciones colapsadas no guardaban las condiciones requeridas.
El más contundente fue el presidente del CODIA, quien dijo que muchos de esos edificios eran obras ilegales, construídas al margen de las normas establecidas.
En realidad un sismo de 6.5 en la escala de Richter es un terremoto, pero hace décadas que la ingeniería está preparada para construir edificaciones que lo resistan, aún de mayor duración que el de esta semana. Y el país tiene desde 1980 un código antisísmico, que de haber sido observado en esas construcciones, el resultado no fuera tan deplorable.
El problema es quién vigila el cumplimiento de ese código, cuando sus requerimientos no son observables a simple vista, en un país donde no se acatan requisitos tan visibles como las escaleras de emergencia. La mayoría de las torres recién construídas carecen de ese elemental requerimiento. Y ninguna autoridad parece darse por enterada.
Más aún: todavía se realizan construcciones multimillonarias sin siquiera someter a los planos a aprobación, como quedó de manifiesto recientemente cuando los compradores de una torre de lujo tuvieron que iniciar acciones legales para proteger su inversión. Aunque la obra está concluído en más de un 90 por ciento, lo primero que descubrieron fue que los planos no estaban autorizados, pese a lo cual un banco había financiado la obra con decenas de millones de pesos.
Parece que los constructores multi millonarios pueden burlar todas las normas, incluso apropiarse de las aceras y de las calles por meses y años, y luego dejarlas destruídas, sin que nadie les cobre siquiera por lo dañado, o por usar la propiedad pública.
Si eso ocurre a la vista de todos hay razón para preguntarse qué estarán haciendo con las normas antisísmicas, con los requisitos de simientos y estructuras verticales y horizontales, que sólo la inspección especializada puede verificar.
Monseñor Flores debió incluir en su a esos desaprensivos, al igual que a los contratistas de obras públicas que usan materiales baratos para aumentar sus beneficios, y a los responsables de inspeccionarlas. Aunque a lo mejor el prelado de Santiago pensaba en ellos cuando habló de egoísmo, ambición y avaricia.
No hay dudas de que los dominicanos y las dominicanas vivimos demasiado dependientes de la mano de Dios. Porque nuestras autoridades no inspeccionan ni controlan nada. Se inclinan reverentes ante el poder del dinero. Y en la construcción, tanto pública como privada, se mueve mucho pero mucho dinero.
Después de la advertencia de este sismo, cualquiera no quisiera encontrarse con otro de magnitud similar al de 1946, que sobrepasó los 8 grados en la escala Ritcher. Porque ese día lloraremos una catástrofe. Ojalá podamos asimilar la lección del 22 de septiembre.-