Por Juan Bolívar Díaz

Nuestras precariedades son tan grandes que a menudo celebramos acontecimientos que no son otra cosa que expresión clara y contundente de irrespeto a las instituciones y de inmadurez democrática. El gran acontecimiento de la semana fue para la opinión pública el que los partidos e instituciones públicas y funcionarios gubernamentales lograron acuerdos en el llamado Diálogo Nacional para superar una serie de diferendos.

De un lado, gobierno, Liga Municipal Dominicana, Federación de Municipios y dirigentes políticos se pusieron pactaron para devolver los equipos que habían sido arrebatados a una parte de los ayuntamientos, para elaborar un proyecto de ley que regule las policías municipales y para reducir del 10 al 8.55 por ciento la proporción de los ingresos fiscales que el próximo año será destinado a los municipios.

Por otra parte los tres partidos mayoritarios fueron inducidos, a nombre del Diálogo Nacional, a firmar un comunicado conjunto comprometiéndose a “salvar” el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y a crear una comisión que proponga modificaciones a la impracticable Ley de Primarias.

Siguiendo el orden podemos decir que jamás debió producirse el arrebato de los equipos pesados a los ayuntamientos para pasarlos a los gobernadores provinciales o a los inexistentes Consejos Provinciales de Desarrollo. Fue una expresión de regresión tanto por la forma en que se hizo sin previa discusión institucional, por el uso de la fuerza y porque fue la negación del principio de la descentralización y del municipio como expresión de organización y representación local.

Tampoco debió la secretaría de Interior y Policía disponer el desarme de las policías municipales, que databan de más de dos décadas en varios municipios, sin previa discusión en el seno de la Liga Municipal Dominicana y con la Federación Dominicana de Municipios. Si había que elaborar una ley marco que las paute, esa era el escenario donde había que discutirlo y decidirlo antes de “trancar mientras se investiga”.

Si era procedente y comprensible que se redujera la proporción del presupuesto nacional establecida por ley para los municipios, era también en la Liga y con la Federación con quienes había que consultar. Y decidirlo por los partidos políticos a través de sus representantes en el Congreso Nacional.

Nunca debió meterse de contrabando en la ley de reformas tributarias el impuesto del 25 por ciento al sirop de maíz importado de Estados Unidos, pocas semanas después que el gobierno de Hipólito Mejía, cuyo partido tiene más del 90 por ciento del Senado y la mitad de los diputados, firmara un tratado de “libre comercio” con Estados Unidos.

Si había que buscar protección o compensación a los productores azucareros, el Congreso debió hacerlo con serenidad y ponderación y al margen de la prisa que imponía la reforma tributaria. Sobre todo porque los efectos del tratado tardarán años en manifestarse.

Pero los partidos mayoritarios en vez de reunir a sus legisladores y discutir las implicaciones del impuesto, especialmente el que firmó el pacto y lo violó, firman un comunicado público comprometiéndose a lo obvio.

La ley de Primarias jamás debió ser aprobada en esos términos. Por la simple razón de que no hay Junta Central Electoral que pueda organizar en un solo día una votación para escoger todos los candidatos a cargos congresionales y municipales de 22 partidos reconocidos. Mucho menos realizar el cómputo.

Pero era la Junta Central Electoral la que tenía que reunir a los delegados de los partidos y a los líderes congresionales para demostrarles la imposibilidad de esa tarea y llamarles a reflexionar sobre sus costos y otros aspectos discutibles de la ley. Luego los bloques legislativos discutían y elaboraban un proyecto de modificaciones.

Para nada de eso era preciso el escenario del diálogo nacional, ni la sotana de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien aparece como el supremo réferit en el ruedo de nuestras precariedades institucionales y falta de madurez democrática.

Ante los hechos consumados esos acuerdos parecen una misa de salud, pero sirven también para prolongar y justificar nuestras debilidades institucionales. Con el agravante de que a menudo tampoco se cumple lo pactado.

Ya se escuchan y leen propuestas para crear una nueva comisión que proponga las necesarias modificaciones de fondo a la Constitución de la República. Lo mismo que hizo hace apenas tres años otra comisión instituida por decreto presidencial con amplísima participación de todos los partidos políticos y de la sociedad civil.

El informe de aquel enorme esfuerzo que consumió meses fue echado al zafacón por el mismo presidente que instituyó la comisión, pero está recogido en un libro a disposición de los interesados. ¿Cómo volver a hacer ese trabajo en vez de rescatar lo logrado y, de paso, honrar el diálogo, la concertación y la participación?