Por Juan Bolívar Díaz
Nadie puede desconocer el derecho que tienen los médicos y los demás trabajadores de la salud, como enfermeras y tecnólogos médicos, a luchar por un reajuste de sueldos que les aligere el peso que ha tenido la devaluación, y la consiguiente inflación, sobre los ingresos de los asalariados. Pero esa ni ninguna otra lucha puede desconocer las condiciones en que vive la mayoría de la población, sumida en la pobreza y la desesperanza.
De entrada hay que reconocer que, contrario a la opinión generalizada, una buena proporción de los médicos trabaja intensamente en los hospitales de la secretaría de Salud Pública y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Más aún los demás trabajadores de la salud, y muy especialmente las enfermeras. Los que hacen servicios nocturnos una y dos veces a la semana llegan a acumular más horas de trabajo que lo estipulado en el código laboral.
Sin embargo, esos trabajadores, especialmente los médicos, tienen mala imagen, debido a la proporción minoritaria que apenas cubre una ínfima parte de la jornada laboral, parte de los cuales cobra tres veces al Estado: en hospital público, en uno del seguro social y en otro militar. Y hasta cuatro si enseñan en la Universidad del Estado.
Esa mala imagen se debe también a la insensibilidad con que la antigua Asociación Médica Dominicana, ahora convertida en Colegio Médico, han realizado paros de labores y abandono de sus responsabilidades, en perjuicio de los más pobres, sin que jamás hayan hecho el menor reclamo frente a las clínicas privadas, pese a que en muchas de estas los salarios están por debajo de los públicos. Sobre todo para los médicos internos y el personal de apoyo.
En estos días los trabajadores de la salud desarrollan una de sus ofensivas por mejoramiento salarial, y no por cualquier cosa, piden un cien por ciento de incremento salarial. En apoyo de ello paralizaron sus labores el viernes 20. Se supone que trabajaron el lunes 23, pero se declararon en huelga para martes y miércoles siguientes. Y el jueves realizaron una marcha antes de entrar en el largo fin de semana del viernes 27 al domingo 29. Y ya anuncian otra huelga para el 2 y 3 de marzo. Acumulan casi 2 semanas de paro.
Un mínimo de sensibilidad indica que los gremios de la salud están castigando sin clemencia a los más pobres que son los usuarios de los servicios públicos. Tanto que su lucha vuelve a revestirse de impopularidad y en consecuencia les resta posibilidades de éxito.
Pero además, pedir incrementos salariales del 100 por ciento es una ofensa para el resto de la comunidad. A todos los empleados del Estado se les incrementó un 9 por ciento en enero pasado y al salario privado entre un 15 y un 25 por ciento, pero sólo en el nivel mínimo. En la mayoría de los casos no ha pasado de ahí o de ridículos ajustes para mantener las escalas jerárquicas.
Eso no quiere decir que los trabajadores de la salud no puedan aspirar a más, pero tampoco a tanto, sobre todo si es a costa de impuestos que pagarán todos los ciudadanos. Pedir un cien por ciento de aumento es contraproducente. Tanto como pretender que se aprueben impuestos solo para ese sector. Como si los maestros, los agrónomos, ingenieros, personal administrativo, recaudadores y muchos otros empleados públicos no tuvieran tanta necesidad de reajuste salarial como médicos y enfermeras. O como si no los merecieran.
Seguramente esos gremios desconocen que el presupuesto de este año contempla 30 mil 288 millones de pesos para gastos de personal, a los que hay que sumarle los 4 mil 255 previstos para prestaciones de seguridad social, lo que totaliza 34 mil 543 millones de pesos. Tan solo con un incremento del 50 por ciento habría que buscar más de 15 mil millones decesos adicionales que pagará el resto de la población si son impuestos al consumo.
Se alega que el impuesto que sugieren los médicos es a los vicios. Hipócrita consideración, puesto que hasta los más pobres se dan el vicio de tomar cervezas y ron y de fumar cigarrillos, productos ya altamente gravados. Y si no lo hicieran muchos habrían enloquecido o se habrían lanzado a las calles a buscarse por cualquier medio lo indispensable para cubrir la canasta familiar.
En marzo hay que presentar un proyecto de reforma fiscal integral, según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por demás determinado por los tratados de libre comercio que entrarían en vigencia el año próximo. Y eso supone nuevas fuentes de recaudación. ¿O volverán entonces a gravar los vicios?
Sólo la irresponsabilidad política o la politiquería de campaña permitiría que a los trabajadores de la salud les aumenten más del 25 por ciento para que atiendan a los pobres en los hospitales. Porque eso lanzaría a los 60 mil maestros a paralizar las escuelas públicas con el mismo objetivo. Y la verdad es que aquí todos tenemos que apretarnos el cinturón. Sin excepciones. Y ojalá que eso alcance también a los más pudientes, mediante imposición directa. Pero eso está, como dice el pueblo, en veremos.