Por Juan Bolívar Díaz
El gobierno debe publicar los detalles relativos al Acuerdo de Petrocaribe recién suscrito con Venezuela para disipar confusiones y evitar falsas expectativas que a la vuelta de unos meses podrían tornarse en frustración.
La mayor parte de la opinión pública ha asumido que, a diferencia de los acuerdos de San José y Caracas, el último pacto con Venezuela está acordando al país un financiamiento inmediato de una parte de la elevada factura petrolera, lo que tiende a restar gravedad a la crisis que implican los precios del petróleo sobre los 60 dólares el barril.
Un primer error gubernamental fue condicionar el programa de ahorro de combustibles a los resultados de la reciente cumbre de mandatarios caribeños con el presidente venezolano Hugo Chávez, lo que fortaleció el criterio de que el acuerdo podría aliviar en lo inmediato la carga financiera del petróleo.
Sin embargo, un experto dominicano en energía hidroeléctrica y exfuncionario de la Corporación Dominicana de Electricidad, el ingeniero Bernardo Castellanos, nos ha llamado la atención sobre los reales alcances del Acuerdo Petrocaribe, sosteniendo que las diferencias con los anteriores es que éste ofrece financiamientos para obras de desarrollo a una tasa de interés más baja, 1 por ciento anual, y pagadero en 25 años, en vez del 2 por ciento y 15 años.
El nuevo pacto amplía hasta 50 mil barriles diarios el volumen de importaciones que estaría sujeto a financiamiento. También que éste podría ser pagado en especies, es decir con productos dominicanos que puedan interesar a Venezuela, como se consignó en principio en el Acuerdo de San José que data de 1980, pero este aspecto nunca pudo ser materializado.
Según la interpretación del ingeniero Castellanos, el mecanismo operativo de Petrocaribe es similar al de los acuerdos anteriores. Es decir, que el país tiene que pagar su factura petrolera al contado, mediante apertura de cartasde crédito con cada embarque, y se le va acumulando un fondo sobre el que podrá someter proyectos de desarrollo. Precisa que el Estado dominicano no importa combustibles, sino la Refinería de Petróleo, empresa mixta bajo regencia de la Shell, y otras entidades privadas que incluyen generadoras de electricidad.
Con los acuerdos anteriores materializar los financiamientos ha tomado de uno a tres años para iniciar los desembolsos. El Secretariado Técnico de la Presidencia identifica un proyecto y lo somete a consideración del Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (BANDES). Si éste lo aprueba se procede a convocar una licitación internacional con el condicionamiento de que por lo menos un 70 por ciento de los bienes y servicios tienen que provenir de Venezuela. El gobierno dominicano tiene que poner una contrapartida de por lo menos el 10 por ciento.
Los desembolsos venezolanos serán a presentación de facturas o cubicaciones, todo ello en un proceso lentísimo. En el caso de México, con quien también suscribimos el Acuerdo de San José, hace tiempo que tenemos disponible un fondo de 150 millones de dólares, pero no ha habido forma de acceder al mismo, aunque el asunto ha sido tratado en regiones presidenciales bilaterales por varios mandatarios dominicanos.
En cualquier caso, hay que reconocer que Petrocaribe es un acto de solidaridad del gobierno de Venezuela, en una época en la que hasta los países más ricos han restringido su ayuda para el desarrollo. Más relevante si se tiene en cuenta que todavía una alta proporción de los venezolanos vive bajo niveles de pobreza.
Sin embargo, si la interpretación del ingeniero Castellanos es correcta, Petrocaribe no nos quita de encima la enorme presión que representan los actuales precios del petróleo, que por año implicarían más de tres mil millones de dólares.
Se trata de una carga desproporcionada para nuestras exportaciones de 900 millones de dólares al año, equivalente a los aportes de la industria turística, con un alto potencial desestabilizador. Implica mayor pobreza y precariedades en los años por venir.
De ninguna forma el gobierno debe auspiciar falsas ilusiones, que serían cobradas posteriormente. La realidad debe ser transparente, inequívoca, si se quiere que la población asuma un programa de ahorro energético.
El que juegue con esos combustibles no saldrá quemado, sino achicharrado.
Ojalá se aclaren cuanto antes los alcances de Petrocaribe.