Los presupuestos participativos

Por Juan Bolívar Díaz

Además de comprobar la firmeza con que la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) defiende la autonomía municipal establecida en la Constitución de la República, el almuerzo del grupo de los Medios de Comunicaciones Corripio de esta semana, nos reservó la grata sorpresa de conocer lo que se ha avanzado en la promoción de los presupuestos municipales participativos.

Habíamos oído del asunto a través del movimiento cívico Participación Ciudadana, que junto al Consejo Nacional de Reforma del Estado, y con apoyo financiero de la Unión Europea y la agencia alemana GTZ  ha promovido la iniciativa originada en Porto Alegre, Brasil en 1989, y ya aplicada en muchos países.

Pero ignorábamos que los presupuestos participativos se hubiesen extendido en apenas dos años a 59 de los 148 municipios nacionales, lo que equivale al 40 por ciento.

Igualmente satisfactorio fue comprobar que los dirigentes de la FEDOMU están convencidos de la procedencia del sistema, ya que lo ejecutan en los municipios que representan, incluyendo a los de La Vega y La Romana, entre los más grandes.

El síndico vegano y presidente de la Federación, ingeniero Fausto Ruiz, habló con mucha convicción sobre la procedencia del presupuesto participativo que promueve la integración de la comunidad organizada en juntas de vecinos, asociaciones y fundaciones, a la gestión municipal.

En coordinación con los ayuntamientos, Participación Ciudadana y CONARE dan talleres de entrenamiento para que los grupos comunitarios puedan participar en las decisiones sobre las obras municipales.

El ingeniero Ruiz explicó que los ayuntamientos elaboran su menú de obras municipales y son las asambleas comunitarias las que deciden las prioridades.

La ciudadanía se prepara también para constituir unidades de seguimiento que fiscalizan el uso de los recursos, las compras y suministros, la calidad de los materiales y el calendario de ejecución.

Cuando detectan irregularidades acuden de inmediato ante las autoridades municipales para reclamar correctivos.

La primera consecuencia de este sistema participativo es que las inversiones municipales son determinadas por el interés de la comunidad, y no del clientelismo o la conveniencia política. Resalta que permite reducir los costos de las obras, por la ausencia de la tradicional comisión por asignación, y que la vigilancia redunda en calidad y transparencia.

Ojalá que pronto FEDOMU pueda dar cuenta de la ejecución del presupuesto participativo en la totalidad de los municipios, incluyendo a los grandes como el del Distrito Nacional, que lamentablemente es el único que no está afiliado a esa F ederación, y que se complete en aquellos donde todavía se ejecuta parcialmente.

El próximo y revolucionario paso sería que se extendiera a las obras del Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados del gobierno.

Es lo que en alguna medida debería hacerse a través del Consejo Nacional Económico, Social e Institucional, pero éste quedó medio frustrado desde su primera prueba, cuando conoció y desaprobó el proyecto del metro de Santo Domingo, pese a lo cual fue iniciado.

Durante el encuentro del miércoles pasado los dirigentes de la FEDOMU sostuvieron que la gran mayoría de los ayuntamientos están cumpliendo la ley 166-03, que destina el 40 por ciento del subsidio municipal instituido en el Presupuesto Nacional a capital e inversiones, el 35 porciento a servicios y sólo el 25 por ciento a gastos depersonal.

Aseguraron también que, salvo posibles excepciones, la generalidad de los ayuntamientos están al día en los informes de ejecución que cada tres meses deben presentar a la Liga Municipal Dominicana, la Contraloría General de laRepública y la Cámara de Cuentas.

Y si alguno está atrasado es a estos organismos del Estado a quienes corresponde reclamarlo.

Tras la presentación documentada de los dirigentes de FEDOMU quedó más claro que el titular de Interior y Policía, Franklin Almeyda, no tiene razón en la polémica que viene sosteniendo, y menos en el retraso de los últimos tres meses en la entrega de la asignación presupuestaria de los ayuntamientos.

Es claro que el artículo 83 de la Constitución declara la independencia de los ayuntamientos y de los síndicos, con las limitaciones que establecen las leyes.

Pero no hay ninguna regulación legal que obligue a enviar informes de ejecución presupuestaria al secretario de Interior, cuya presidencia de la Liga Municipal es, por cierto, casi puramente protocolaria. Por demás, si él quiere los informes que los pida a la Liga, o mejor aún al Contralor General, que depende del Poder Ejecutivo.

Sólo la beligerancia política puede explicar las retenciones de las asignaciones presupuestarias de los ayuntamientos.