Si las autoridades del Ministerio de Educación (MINERD) hubiesen tomado en serio la evaluación presentada hace justo un año por la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) sobre la calidad del gasto tras la aplicación de la ley que dispone un mínimo del 4 por ciento del producto interno bruto para la educación preuniversitaria, seguro que la auditoría para sanear la nómina hubiese empezado por el personal administrativo y no por el docente como ha ocurrido recientemente.
Hay que seguir apoyando el esfuerzo de saneamiento de la mayor nómina estatal en que está empeñado el ministro Andrés Navarro, quien ya ganó crédito en esa materia a su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde suprimió cerca de un millar de empleos botellas, con la esperanza de que no se detenga y corrija el rumbo de insostenibilidad del gasto corriente denunciado por el informe de EDUCA.
Debe esperarse que cuando le metan mano a la nómina administrativa, que registró un asombroso crecimiento del 78 por ciento entre el 2011 y 2015, tras el aumento del presupuesto, sus técnicos evaluadores actúen con mayor aplomo que el empleado en el saneamiento del personal docente y que se reivindiquen con el personal administrativo.
Lo que pudo haber sido un gran acierto de limpieza y defensa del patrimonio público, se degradó por la precipitación en denunciar y bloquear los salarios de 8 mil 98 docentes, asumiendo que cobraban sin laborar, lo que generó un conflicto que ha empañado el inicio del año escolar, por las protestas y paralizaciones escenificadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
Una primera revisión exigida por el gremio, redujo la cifra inicial a menos de la mitad, cuando 4 mil 169 demostraron que estaban trabajando, por lo que fueron desbloqueados. Posteriormente se pudo comprobar que otros 647 también imparten docencia, aunque con menos carga que la contratada, que 594 dejaron las aulas antes de agotar el proceso de jubilación en que estaban, que 309 están asignados a colegios privados sin acuerdos institucionales oficiales, según el balance entregado el martes por el vocero del MINERD, Miguel Medina.
La auditoría arrojó que 130 docentes seguían cobrando a pesar de estar fuera del país, y todavía quedan bloqueados los salarios de 1079 y las autoridades se manifiestan abiertas a realizar las rectificaciones correspondientes, tras reconocer que procedieron 629 de 799 reclamos formalizados por la ADP. Si procede la suspensión de pagos a ese millar aún sin justificar, ya es una limpieza significativa. Lo que no se justifica es que todavía miles no hayan recibido su salario del mes pasado.
Donde hay mucho que sanear es, sin duda en la nómina del personal administrativo, que al informe de EDUCA, en septiembre del 2016, alcanzaba la cifra de 75 mil 905, poco menos que los 84 mil 41 docentes, de los cuales 33 mil 307 fueron empleados en el período 2011-15, con 3 mil 138 en la sede central del ministerio. El desproporcionado abuso implicó el empleo de 19 mil 397 tan sólo en el año 2014.
La evaluación de EDUCA estimaba un excedente de 27 mil 152, empleados, sobre 145 mil 229 que se estimó necesario. Hubo renglones como archivistas que crecieron en 507 por ciento, las secretarias y asistentes en 89 y los guardianes y serenos en 80 por ciento. Un claro indicador de la malversación fue el dato de que en la provincia de donde era el entonces ministro de Educación, fueron creados 938 puestos de conserjes.
En muchos otros renglones hay que recuperar miles de millones de pesos. Por ejemplo, en publicidad, que registró un incremento del 500 por ciento entre 2013 y 2014, en ayuda y otros asuntos, los cuales explican que el gasto corriente pasara del 82 por ciento del dinero que con tanto sacrificio se ha destinado para educación, dejando poco para acentuar la lucha por el mejoramiento de la calidad. Estemos pendientes de la auditoría en marcha. –
