Por Juan Bolívar Díaz

            Una de las buenas realizaciones del gobierno del presidente Leonel Fernández iniciado esta semana ha sido la puesta en retiro, de un solo disparo, de 99 de los 205 generales de las Fuerzas Armadas, que debe ser la mayor proporción de oficiales de ese grado en cualquier país del mundo.

            Hay que celebrar que las circunstancias nacionales permitan un desmonte del cincuenta por ciento de los generales, sin que nadie tenga que sufrir la menor alarma ni sobresalto. Por la misma razón podría esperarse que se adopten muchas otras decisiones en orden a la profesionalización, eficiencia y dignificación de las Fuerzas Armadas.

            Esa explosión de generales se produjo en gran medida durante el recién concluido gobierno del agrónomo Hipólito Mejía, que puede pasar a la historia universal como el mandatario que más grado de general confirió en el corto período de 4 años.

            Seguramente que él estará muy orgulloso de ello y pretenderá que tiene un altar en el corazón de los institutos castrenses. También por haber adquirido abundante equipo militar, como 36 helicópteros, por ejemplo, y haber elevado en un 33 por ciento del número de los efectivos militares.

            Todo ello en un período de paz, cuando en el mundo se han achicado los aparatos y el gasto militar, tras la desaparición de la llamada guerra fría.

            El relajo de los generales fue fruto del sueño político continuista, espejismo del balaguerismo, que centró su predominio en la sociedad dominicana en un militarismo que podía explicarse en un país caribeño de los años sesenta, desestabilizado por el triunfo de la revolución cubana.

            Claro que ni a Balaguer se le ocurrió tal desproporción de generales. El hizo muchísimos en los años sesenta y setenta, pero no llegaban al centenar cuando tuvo que resignar el poder en 1996. Las integrantes de las Fuerzas Armadas eran poco más de 29 mil y el gasto militar estaba virtualmente congelado.

            La reactivación comenzó en el anterior gobierno de Leonel Fernández, cuando los militares crecieron en unos 4 mil con algunas decenas adicionales de generales. Pero Mejía produjo un desbordamiento, llevando los efectivos sobre 40 mil y duplicando el número de generales.

            No hay manera de encontrar justificación para esos aumentos de las Fuerzas Armadas en esta media isla, sobre todo años después que en Haití fuera desmantelado su caduco aparato militar.

            En cambio sí podría justificarse un aumento considerable de los efectivos de la Policía Nacional, que requiere más personal para prevenir y combatir el incremento de la delincuencia. Lo que también se elevó en la policía fue el número de los generales que ya son alrededor de 50.

            Esa explosión de efectivos militares y de generales fue más deplorable por cuanto se produjo tras la llegada al poder de una generación de militares de alto nivel profesional, encabezados por un José Miguel Soto Jiménez que había escrito libros y teorizado en privado sobre las conveniencias de un achicamiento del aparato militar para hacerlo más eficiente y dignificar mejor a sus integrantes.

            Durante más de una década, en conversaciones confidenciales, el general Soto Jiménez había planteado que para reducir el aparato militar sólo había que aplicar su ley orgánica, poniendo en retiro a todo el que no estuviera cumpliendo funciones militares y a los que rebasaban el período o la edad de servicio, en cualquier grado.

            Se hizo todo lo contrario probablemente más por razones políticas que militares, después de un comienzo tan promisorio hace cuatro años, cuando se dieron pasos institucionales fundamentales para la dignificación y profesionalización de las Fuerzas Armadas.

            Los nuevos mandos militares promocionados esta semana son de la misma generación de Soto Jiménez. Casi todos vienen de posiciones relevantes y tienen la oportunidad de rescatar los planteamientos originales de dignificación y profesionalización.

            Debe esperarse que les sigan soplando mejores vientos políticos y que la decisión de estos días no sea una simple sustitución. Las Fuerzas Armadas pueden ser reducidas a 20 mil miembros, sin que ninguno esté al servicio de particulares ni en actividades menores.

            El achicamiento favorecerá el entrenamiento, la disciplina, su equipamiento, salarios y pensiones más dignas y mejores instalaciones, sin que se conviertan en un peso oneroso para un país tan lleno de miseria y con una deuda social tan grande.

            Mejor suerte para el vicealmirante Sigfrido Pared Pérez y los otros nuevos mandos militares.-