La escuálida democracia dominicana

Por Juan Bolívar Díaz

De ninguna forma debe pasar desapercibido el lugar en que ha quedado la República Dominicana en el “Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-AL)  dado a conocer hace una semana en Buenos Aires por la Fundación alemana Konrad Adenauer.

Según la medición del 2007 en el último año la democracia latinoamericana registra una leve mejoría, no así en América Central donde se manifiesta un retroceso, y peor aun en la República Dominicana, señalado como el país que más ha perdido, casi el 31 por ciento, en relación al año anterior.

El informe advierte sobre la amenaza del “híper presidencialismo y el desvanecimiento de los parlamentos en América Latina”, en lo que parece ser  una reedición histórica. La modernización y el relativo crecimiento económico de la última década no han alcanzado para afianzar los valores democráticos.

El híper presidencialismo no solo alienta un tipo de democracia débil,  inestable  y de menor legitimidad, sino que además desalienta la impronta democrática de la cultura cívica, a contrapelo de las expectativas creadas en Latinoamérica luego de la recuperación democrática, tras la caída de las dictaduras militares y los regímenes autocráticos, en las décadas de los ochenta y noventa, indica el IDD-AL.

Según se desprende del informe, el mejoramiento económico ha tenido un efecto contradictorio  al fortalecimiento democrático. “Las malas formas institucionales han ido acompañadas de entornos económicos favorables a  lideres políticos con poco control parlamentario y billetera abultada”.

La evaluación evidencia la prevalencia de una pobreza  democrática en la región, mucho peor para la República Dominicana, ubicada en el antepenúltimo escalón entre los 18 países comprendidos, superando tan solo a Venezuela y Nicaragua, con puntuaciones de 2,900, de 2,848 y de 2,730 respectivamente, en una escala de 10,000. Chile, Costa Rica y Uruguay  son las tres democracias más fuertes, según el Índice de Desarrollo Democrático.

Del caso dominicano  llama la atención que cayera 6 puestos en el último año, del 10  al 16, descendiendo en todas las dimensiones que abarca el índice: condiciones básicas de la democracia, respeto de los derechos políticos y libertades civiles, calidad institucional y eficacia política,  y capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica.

El pobre resultado en rendición de cuentas influye en la baja puntuación  obtenida  en la dimensión tercera sobre calidad institucional y eficiencia política. Pero es en la dimensión cuarta, que marca la capacidad para generar  políticas que aseguren eficiencia económica, donde se cae mayormente la evaluación dominicana, especialmente en lo referente a la enorme brecha en los niveles del ingreso y al endeudamiento.  En cuanto a los factores sociales se apunta un agravamiento general, excepto en mortalidad infantil.

No faltaran quienes atribuyan la evaluación a intereses mezquinos, o a una supuesta campaña para desacreditar el país. Pero la percepción negativa ha estado presente en múltiples evaluaciones internacionales del último año, ya en material de transparencia, en prevalencia de la corrupción o en indicadores sociales, como los niveles de la educación, donde hemos aparecido en los últimos escalones entre 118 naciones del mundo. La democracia dominicana registra niveles precarios que están a la vista de todos en cuanto a respeto de la Constitución y las leyes, equilibrio de los poderes públicos, transparencia, rendición de cuentas y sanción de la corrupción pública y privada.

En los últimos años de la década pasada se registraron importantes avances, gracias a la reforma constitucional  que prohibió la reelección presidencial, seguida por substanciales modificaciones  en el sistema electoral y en la justicia.  Posteriores reformas en la seguridad social, en la empresa pública, educación y salud y en las normas sobre libre  acceso a la información pública y las compras y contrataciones del Estado aun no terminan de germinar en frutos positivos.

Otra reforma constitucional, la miserable del 2002 para restablecer la reelección presidencial parece haber marcado el inicio de un retroceso, que aún no se detiene.  La incongruencia del liderazgo político y la inconsistencia del liderazgo social parecen estar contribuyendo al retroceso que marca el índice de desarrollo democrático de América Latina.