Por Juan Bolívar Díaz
La nobleza del mayor general retirado Rafael Adriano Valdez Hilario pone sobre el tapete la situación de grave injusticia en que han vivido los militares que optaron por la defensa del orden constitucional en 1965, sometidos desde entonces a todo género de escarnio, desde la persecución y la muerte que tocó a muchos en los primeros tiempos, a la discriminación persistente 33 años después.
El exsecretario de las Fuerzas Armadas, que tan brillante papel jugó en la transición democrática iniciada en 1978, dirigió el 3 de mayo pasado una carta al presidente Hipólito Mejía solicitándole que concluya el proceso de reconciliación entre los actores de la guerra civil de 1965 reparando la injusta discriminación de que han sido víctima quienes encarnaron el orden constitucional.
Valdez Hilario plantea que la reciente disposición del presidente Mejía de reintegrar a las reservas de las Fuerzas Armadas a los combatientes constitucionalistas no es suficiente para hacerles justicia. Le pide al presidente que siga siendo coherente consigo mismo y ordene la reintegración de todos los soldados regulares combatientes de la guerra de abril, que los ascienda al grado inmediatamente superior, aunque en el mismo decreto disponga la pensión que disfrutan “los hijos de la casa”, es decir los que en la contienda del 65 se adscribieron al principio militar de la simple obediencia.
La carta del general Valdez es impresionantemente conceptuosa y digna de la mayor atención, sobre todo al provenir de uno de los militares que no optaron por la defnesa del orden constitucional. Se trata de un gesto de nobleza que enaltece la figura del proponente, por cierto un militar originario del trujillismo que nunca fue ligado al latrocinio ni al crímen, sino más bien a la rectitud.
Debemos esperar que el agrónomo Mejía se dote del valor necesario para reparar la injusticia en la medida en que ello es posible. Beneficiaría a unos 900 militares constitucionalistas que aún viven. Ya no se les podrá hacer justicia a otros 700 que han muerto en los 35 años que distan de aquellos acontecimientos.
Esa injusticia no debió ser permitida por ninguno de los antecesores de Mejía en la Presidencia de la República. Desde el doctor Héctor García Godoy, investido como primer mandatario en virtud del “Acta deReconciliación Nacional y Acto Institucional”, suscrito el 3 de septiembre de 1965 para poner fin a la guerra civil con intervención militar extranjera.
Ese documento histórico estableció en su octava disposición que “una vez instalado el Gobierno Provisional, las Fuerzas Armadas volverán a sus cuarteles y se pondrán bajo las órdenes de su Comandante en Jefe, el Presidente Provisional. Aquellos militares que hayan participado en el conflicto actual, se reintegrarán a las Fuerzas Armadas, sin discriminaciones ni represalias”.
En el punto 9 se agrega que ningún militar podrá ser castigado por su participación en la contienda y todo el que lo desee “podrá retirarse de conformidad con lo establecido en la ley orgánica y con las pensiones y jubilaciones correspondientes.”
Los odios generados por aquella confrontación explican que García Godoy no cumplñiera el Acta Institucional y permitiera la persecución y la discriminación de los militares constitucionalistas. Balaguer traficaría con los sentimientos de los anticonstitucionalistas a quienes manipuló e instrumentó en la represión para perpetuarse en el poder, dirigida contra los constitucionaliistas y sus aliados políticos.
Pasa todavía que Antonio Guzmán no se atreviera a hacer justicia a los soldados del honor, pues todavía no tenía plena seguridad de la lealtad de los más cavernarios, muchos de ellos todavía entonces vigentes en las Fuerzas Armadas.
Pero ya Salvador Jorge Blanco pudo hacer justicia a los constitucionalistas. Y ni hablar de Leonel Fernández, el primer presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el de Juan Bosch, por quien se hizo el pronunciamiento constitucionalsita de 1965.
Ahora la bola está en la cancha del presidente Hipólito Mejía., el mismo que el 9 de agosto del 2001, promulgó la ley 137-01 que dispone la pensión para “todos los militares y policías que se encuentren fuera de las filas de cualquier rama castrense o policial, por haber participado en la gloriosa guerra constitucionalista”.
Es inexplicable que esa ley del Congreso Nacional no se haya cumplido a un año y 9 meses de su promulgación. Ya nada lo puede justificar ni explicar, a no ser la ingratitud o la politiquería. Menos aún después que se puso a una representación de los militares constitucionalistas y a una comisión de la secretaría de las Fuerzas Armadas o seleccionar los beneficiarios.
En las primeras jornadas de trabajo de la comisión 311 militares constitucionalistas quedaron depurados y aceptados como beneficiaros. Pero la labor se detuvo de repente y meses después todavía no ha sido pensionado el primero.
¡Que cese ya ese calvario y tan grande discriminación! ¡Que el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, precisamente el que llevó a los militares al pronunciamiento constitucionalista, demuestra siquiera una mínima dosis de coherencia, gratitud, digndiad y valor!
No es perdón ni caridad lo que se pide. Se trata de un acto de acatamiento al Acta institucional de 1965 y a la ley del 2001, y de elemental justicia para quienes defendieron el orden constitucional y la soberanía nacional.-