Por Juan Bolívar Díaz
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pasará por una nueva prueba a partir de la próxima semana cuando el Senado de la República, en el que tendrá el 90 por ciento de las curules, se aboque a la importante tarea de elegir los jueces electorales para los próximos cuatro años.
Esta vez no tendrá la justificación que sus opositores le dieron en 1998 para escoger los jueces titulares de la Junta Central Electoral (JCE) sin consultar a las demás fuerzas políticas ni a la sociedad civil.
Hace 4 años la mayoría perredeísta se justificó en el hecho de que una alianza PLD-PRSC eligió los integrantes de la Cámara de Cuentas cuando concluía el anterior Congreso, aprovechando la mayoría que entonces hacían, y sin consultar con el partido blanco.
Esa alianza también había hecho aprobar una ley de carrera judicial sin consenso y el gobierno del Partido de la Liberación Dominicano le acababa de “conquistar” diez diputados al PRD para impedirle dirigir la cámara baja.
Así al llegar el 16 de agosto e instalarse el nuevo Conrgeso, el consenso y el diálogo interpatidario habían sido rotos por el gobierno peledeísta y sus aliados circunstanciales. No se podía impugnar a los perredeístas por utilizar su propia mayoría sin buscar consenso. Aunque pudieron haberlo hecho con la sociedad civil.
Esta vez la situación es diferente. El gobierno está en manos del PRD y le corresponde dar ejemplo de concertación, más importante en el caso del arbitraje electoral. Mucho más ahora que se restableció la reelección en la Constitución de la República.
Desde luego, una cosa es la consulta y otra que se pretenda que los perredeístas renuncien a su apabullante mayoría senatorial para dejar en manos de sus opositores la elección de los jueces electorales.
No caben las posiciones radicales de ningún lado, sino la transigencia y la concertación, como debe predominar en todo género de arbitraje.
Si el perredeísmo impone ahora los jueces electorales al margen de los demás participantes de los torneos democráticos, se podría crear una situación más difícil que la que siguió a la anterior elección y que originó un enfrentamiento entre el gobierno, el PLD y el PRSC por un lado, y el PRD y la JCE por otro.
Debe recordarse que para superar la crisis hubo que aprobar una ley que aumentó provisionalmente el número de jueces a 7 para dar ingreso a otros dos que fueron propuestos por los dos partidos mayoritarios excluidos. Tal aumento fue sólo a la actual JCE, lo que significa que ahora sólo serán electos 5 jueces, a menos que vuelvan a modificar la ley.
Y si se embarcaran en una modificación de la ley electoral, también debería hacerse por consenso entre los partidos, como la reforma de 1997 y como se ha hecho en todas las legislaciones importantes aprobadas en el país en los últimos 12 años.
En tal caso los partidos deberían volver a considerar una reforma sustancial al sistema electoral, de manera que las funciones administrativas y normativas de las elecciones queden separadas de las contenciosas.
En otras palabras, que como ocurre en México, Perú, Colombia y muchos otros países, un organismo ejecutivo sea el encargado de organizar las elecciones, integrados por diversidad de profesiones o especialidades, y funcione independientemente un tribunal electoral integrado por juristas.
Ambos podrían ser electos por el Congreso, o el administrativo por éste, y el contencioso por el Consejo Nacional de la Magistratura o por la Suprema Corte de Justicia.
Con esa reforma terminaría la actual situación en la que los integrantes de la JCE son jueces y partes a la vez. O sea, que organizan y norman el sistema electoral y deciden sobre recursos contra sus propias actuaciones.
En cualquier caso sería improcedente la imposición, como también la repartición, es decir que los partidos se distribuyan los jueces electorales. Lo mejor sería el concierto, el acuerdo entre las partes. Lo demanda la tranquilidad de la nación y la transparencia en una materia que como la electoral es fundamento de la legitimidad de los gobernantes.
Y dejo constancia que me cuento entre quienes consideran que los jueces electos hace cuatro años cumplieron honorablemente sus funciones, que organizaron dos procesos electorales limpios, en permanente consulta con los partidos reconocidos.
A ellos no se les pueden atribuir las irregularidades que se registraron en las elecciones de mayo pasado, sino a la persistente vocación por la trampería. Y cuando se les mostraron pruebas de irregularidades, actuaron con presteza anulando lo improcedente. Sin evadir el bulto y dieron ejemplo al respecto. Pero tampoco podían ir más lejos de las funciones de jueces, es decir de juzgar sobre pruebas.-