Por Juan Bolívar Díaz

Esta semana fue entregado al presidente Hipólito Mejía el informe de la Comisión Nacional de Adecuación de Personal de la Administración Pública, instituída mediante el decreto 178-03 del 28 de febrero pasado, encabezada por la señora Elena Viyella de Paliza, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

En medio del ambiente de desesperanza y reducción de la credibildiad en las autoridades políticas que predomina en la actual coyuntura nacional, deben ser muy contadas las personas que se habrán ilusionado con que dicho informe será tomado seriamente en cuenta por el primer mandatario.

Seguro que hasta quienes trabajaron intensamente para elaborarlo, dedicando generosamente su escaso tiempo, se cuentan entre los que no se muestran optimistas sobre su destino. Así de bajito vuelan en estos días las ilusiones en esta nación.

De cualquier forma, hicieron bien los periódicios, como HOY, que dedicaron amplios espacios para difundir las recomendaciones de la comisión en una materia tan sensible como el empleo en la administración pública, responsable de una proporción demasiado elevada del gasto corriente del Estado.

Parte el informe con importantes precisiones sobre el alcance de la Comisión, que sólo estaba llamada a formular recomendaciones para una “adecuación gradual” de la administración pública. Que en ningún momento consideró revisar las nóminas, sino formular sugerencias generales, de gradual aplicación.

Se recuerda lo elevado del número del personal de la administración pública, en sistemático aumento, aún después de creada la comisión del presidente Mejía. Se constata que no existe una nómina única ni todo el personal es pagado por el fondo general de la nación, lo que permite gran cantidad de duplicaciones, mientras no se cumple la ley 14-91 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, pese a que lleva 12 años de promulgada.

Las recomendaciones están divididas en dos etapas, una primera implica acciones de corto plazo para readecuar el personal de la administración, lo que implica prohibir el pago fuera del fondo general de la nación y unificar las nóminas, cumplir la ley 14-91, congelar el gasto de personal por un año y depurar las pensiones y jubilaciones.

Se establecen sanciones para los dobles cargos en la administración pública y se invita a los ayudantes civiles y demás funcionarios sin funciones definidas a renunciar a sus remuneraciones y servir de manera honorífica. Y esto es una ingenuidad. No lo acogerán ni siquiera aquellos que por su nivel de ingreso no requieren de un salario público. Recibir del gobierno está consagrado como una de las mayores hazañas y realizaciones nacionales.

La segunda etapa de las recomendaciones aborda para mediano y largo plazo aspectos estructurales, que incluyen identificación y calificación de los puestos requeridos en cada institución del Estado, clasificación del personal de cada institución, planes de racionalización, funcionamiento, profesionalización y automatización de la administración pública y en general modernización del Estado.

Se recomienda, finalmente, evaluar la necesidad de modificar y actualizar la ley de Servicio civil y Carrera Administrativa como su reglamento, para adecuarlos a los requerimientos actuales en materia de prácticas modernas de administración.

Se dice que por las bromas con que el presidente Mejía recibió el informe se podía interpretar la importancia que le daría. Aunque una de esas personas optimistas de toda la vida confía en que el mandatario no habrá envíado a ese grupo de personalidades a trabajar “de maldad”. Por lo que debe esperarse que acoja siquiera en parte las recomendaciones.

La coyuntura no es favorable para iniciar la readecuación del personal dela administración pública, en medio de un proyecto reeleccionista, lo que históricamente se nutre y desarrolla sobre el clientelismo del botellerío gubernamental.

Baste recordar que en las dos últimas campañas releccionistas que se registra en el país, las de 1990 y 1994, hasta la Lotería Nacional resultó quebrada. Al punto de que por primera vez hubo que subsidiarla con fondos del presupuesto nacional, cuando tradicionalmente ha sido una fuente contributiva.

La empresa estatal Molinos Dominicanos no logró recuperarse de la sangría a que fue sometida en la campaña reeleccionsita de 1994, cuando llegó a pagar más de 2 mil “empleados”. Al ser privatizada se maneja con 150.

Con la quiebra del patrimonio empresarial estatal y la privatización de otras, se ha acentuado inflación de las nóminas del gobierno central. ¿Tendrá Hipólito Mejía la decisión de invertir esa tendencia y empezar a rectificar ese dispendio de los recursos de este país pobre?

Hay razón para ducarlo, pero mientras tanto, ahí está el informe como testimonio de que la peor diligencia es la que no se hace.-