Por Juan Bolívar Díaz

            El secretario de Obras Públicas proclamó el lunes en Santiago que el gobierno sólo podrá terminar y transformar las principales avenidas y carreteras del país mediante acuerdos razonables con el sector privado, tras referirse a las limitaciones presupuestarias por todos conocidas, y sin perspectivas de mejoramiento significativo para el próximo año.

            Al parecer los reporteros que entrevistaban al ingeniero Freddy Pérez no le pidieron que ampliara su criterio, por lo que tenemos que suponer que el funcionario se refería a concesiones para construir carreteras, que se han intentado en el país en los últimos años y que todavía no han dejado el primer fruto concreto. Parece que en algo se avanza en la carretera Santo Domingo-Samaná, pero que todo quedó en ilusiones en la autovía del Este y en la San Cristóbal-Baní.

            En países desarrollados, donde las instituciones públicas tienen efectivos mecanismos de control, el sistema de concesiones de carreteras y otras obras públicas ha funcionado adecuadamente. En otros, México por ejemplo, la corrupción que caracterizó las concesiones y los altos costos, las hicieron fracasar, traduciéndose en pérdidas del orden de los 15 mil millones de dólares que tuvo que asumir el Estado.

            Pero lo grave, lo incoherente es que el ingeniero Pérez proclamara la quiebra financiera del Estado hasta para transformar avenidas, justo en momentos en que entregaba el estadio Cibao, que al igual que los de Santo Domingo, San Pedro y San Francisco de Macorís, fueron objeto del “arreglo, remodelación y modernización” dispuestos por el presidente de la República, según una página propagandística.

           Llamó la atención que en esa página desplegada en todos los periódicos, la secretaría de Obras Públicas no dijo en qué consistieron las obras ni cuánto costaron, cuestiones básicas y que además son de uso y costumbre, sobre todo cuando se trata de relevar las altas inversiones gubernamentales.

            Esa limitada información se inscribe dentro de la falta de transparencia con que se usan los recursos del Estado. Más grave aún cuando se financia una actividad privada, como es el béisbol profesional, que deja significativos beneficios por lo menos a algunos de los equipos. Aparte de la rentabilidad que genera a unos cuantos el mercado clandestino al que van a parar la mayor parte de los boletas de los juegos que atraen más público, y que suelen venderse al doble y hasta el triple de su valor nominal.

            ¡Ni siquiera en la venta de boletas para el principal entretenimiento dominicano puede haber transparencia! En un negocio que se realiza en estadios construidos, reparados y hasta mantenidos por el Estado.

            La proclama del secretario de Obras Públicas sobre la incapacidad financiera para terminar y transformar carreteras y avenidas, se produjo en Santiago, justo donde el Estado invierte 25 millones de dólares para ayudar a la terminación de una clínica privada.

            Podrán encontrarse explicaciones y hasta pretenderse justificaciones. Pero tampoco se puede entender que se hayan invertido decenas de millones de pesos, dicen que 57, para montar en el país un torneo internacional de pesas, renglón donde no alcanzamos ni medalla de bronce. También se anuncia que se dispondrán 25 o 30 millones de pesos para auspiciar una pelea del dominicano Joan Guzmán, que recientemente ganó un campeonato mundial de boxeo.

            Simpatizo con Joan, sencillo y dedicado en cuerpo y alma a ese cuestionado deporte y hombre de sentimiento patriótico. Pero sinceramente no hay manera de convencerme de que estas inversiones aludidas son más prioritarias que las correspondientes a avenidas y carreteras.

            Justo en el béisbol, en el boxeo, en las clínicas, son de los campos donde el Estado debería auspiciar la inversión privada.

            Es cierto que la subvención al béisbol viene de décadas, pero ya es tiempo de que los empresarios asuman la reparación y mantenimiento de los estadios. Por lo menos que el Estado les demande compartir la carga, siquiera a la mitad, para comenzar. Y que el costo de entrada a los juegos sea el justo y transparente. Que no se anuncie una boleta a 200 para venderla clandestinamente a 400. Que el Estado no auspicie un negocio turbio.

            ¡Cuántas incoherencias y falta de transparencia! ¿Cuándo será que la modernidad que tanto se pregona se traducirá en información total, en observación de un elemental orden de prioridades y en respeto por la ciudadanía dominicana?