Hurgar en las raíces de los problemas

Por Juan Bolívar Díaz

El jefe de la Policía Nacional declaró esta semana que en su gestión de 14 meses y medio al frente de esa institución han sido cancelados 980 miembros, incluyendo oficiales superiores, por cobrar peajes a narcotraficantes, por asociarse con otro género de delincuentes, y por violar leyes y reglamentos. Aunque no precisó en cuántos casos, el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín sostuvo que muchos de ellos han sido sometidos a la justicia.

No hay la menor razón para dudar  de los datos aportados por el comandante policial ni tampoco de su decisión de irradiar de la institución a todos los que delinquen. También sus antecesores en esa jefatura han despedido cientos, que han ido totalizando miles, desde rasos a generales.

Lo mismo viene ocurriendo en las demás instituciones del Estado encargadas de la seguridad nacional y de la investigación y persecución de delitos. No olvidemos que el 25 de julio pasado el entonces presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, general Rafael Ramírez Ferreira, sostuvo que en dos años al frente de ese organismo había despedido a cerca de cinco mil de sus miembros, también por faltas tan graves como asociarse al narcotráfico. Y el 15 de febrero la Secretaría de las Fuerzas Armadas dio cuenta de que desde el 2004 habían despedido a dos mil 300 militares, incluyendo generales, por robos, narcotráfico y otros delitos.

Las cifras son realmente escandalosas. En el caso de la Policía Nacional implica más de dos despidos por día. En el de la DNCD significa que en dos años botaron más del total de sus miembros. Es decir que hay un reciclaje continuo.

El problema tiene que ser abordado con seriedad y profundidad, hurgando en sus raíces, si queremos encontrarle solución o por lo menos reducir su magnitud. Lo primero que corresponde es abandonar el discurso de que dilucidarlo equivale a desacreditar  esas instituciones, o que los asociados a la delincuencia todavía son unos cuantos. De lo que podemos estar seguros es que son muchos más de los que se despiden, pues hay que presumir que no es tan fácil detectar y comprobar  delitos tan frecuentes como la extorsión, el cobro de comisiones, el robo y el narcotráfico.

No hay dudas de que en todas esas instituciones hay muchos hombres y mujeres honestos, con sentido del deber y la profesionalidad. Ellos deben ser de los más preocupados ante el hecho de que casi a diario hay un uniformado en los medios de comunicación vinculado a actividades delincuenciales.

A la sociedad en general tiene que preocuparle mucho que una gran cantidad de aquellos a los que se suministra armas, uniformes y carnets para guardar el orden o defender la seguridad de la República  terminen  asociados a la delincuencia en cualquiera de sus categorías.

Preocupa también que tantos funcionarios, como políticos, legisladores y creadores de opinión quieran ocultar la cabeza ante la realidad o estén favoreciendo palos de ciegos en vez de ir a las raíces y proponer soluciones reales.

Por eso hay tantos entusiasmados con la locura de invertir los recursos que faltan para educación y salud en  naves aéreas y marítimas y promoviendo una ley para derribar aviones y destruir embarcaciones de los narcotraficantes.

En pocas palabras, que mientras el narcotráfico  carcome nuestras instituciones, aquí en los mismos cuarteles queremos ganarle la batalla en el espacio aéreo o en el mar, ámbitos reservados a las potencias económicas y militares con recursos suficientes para controlar el más lucrativo y perverso negocio de nuestra época.

Urge revaluar las condiciones de ingreso y de vida de soldados y policías, reducir su número para pagarles mejor y dotarlos de seguridades para ellos y sus familias. Es cierto que ni los buenos salarios evitan que funcionarios públicos de cualquier área degeneren en delincuentes. Pero mantenerlos en la mendicidad multiplica las posibilidades de que se corrompan.

No hay que dudar que muchos jóvenes ingresan a esas instituciones con deseos de servir, pero seguro que la gran mayoría de los que quieren realizar una profesión honesta no se siente atraída por los salarios de militares y policías. Y probablemente muchos aventureros que quieren disponer de insignias, uniformes y armas sean los más atraídos.