Por Juan Bolívar Díaz

La mayoría perredeísta y reformista de la Cámara de Diputados decidió formalmente esta semana mantener la inmunidad parlamentaria al legislador Radhamés Ramos García, a quien la Suprema Corte de Justicia le sigue un proceso por tráfico ilegal de inmigrantes chinos, en una nueva demostración de desprecio al sentimiento nacional que reclama energía y transparencia frente a todo género de corrupción.

No es que afirmemos que Ramos García es culpable de los cargos que pesan en su contra, lo que corresponde a la justicia. El mismo ofreció indicios suficientes, por lo menos para que un juez de la Suprema Corte de Justicia dispusiera su procesamiento y es en esa instancia judicial donde debe decidirse su culpabilidad o inocencia, sin ningun género de obstáculo, mucho menos aprobado en una cámara legislativa.

Se trata del excónsul en Cabo Haitiano que hace algunas semanas declaró que “se ganó” un millón y medio de dólares, ejerciendo esas funciones en la paupérrima ciudad del norte de Haití. Cuando se le detuvo a mediados del año pasado estaba comprometido directamente en el ingreso al país de unos 14 ciudadanos chinos.

Vale recordar que él mismo gestionó la apertura del paso fronterizo de Dajabón para que los orientales pudieran ingresar al país en horario ya nocturno, cuando ni siquiera había funcionarios inmigratorios para atenderlos, a tal punto que se comprometió a llevarlos de regreso al día siguiente para cumplir los trámites. Lo contó con lujo de detalles en una entrevista que le hiciéramos en esos días en el telediario de Teleantillas.

Ramos García se involucró directa y doblemente en el ingreso irregular. Primero porque les emitió visas a ciudadanos chinos sin previa autorización de la cancillería dominicana, como está estipulado para todos los orientales.

Pero al margen de su culpabilidad o inocencia, la carta de inmunidad parlamentaria es abusiva y se inscribe dentro de los ajetreos políticos por defender cualquier género de tráfico al amparo de las funciones públicas en contradicción con la mayoría ciudadana que reclama transparencia y honestidad. Al punto que en la última encuesta Hamilton para HOY el 90 por ciento dijo que hay corrupción en el actual gobierno y poca disposición para combatirla.

Entre los alegatos que se esgrimieron para justificar la protección se cuenta el que Ramos García no era todavía diputado cuando ocurrieron el hecho que se le imputa, lo que, por el contrario, debería ser una razón adicional para no protegerlo con ese manto. Si hubiera respeto por la dignidad del legislador, él no habría sido juramentado en el cargo hasta que un tribunal decidiera.

Tanto los diputados como el Procurador General de la República han extendido el alcance del artículo 32 de la Constitución que prohibe el apresamiento de senadores y diputados “durante la legislatura” sin la autorización de la cámara a la que pertenezca.

Tal mandato no pretende proteger delincuentes, sino simplemente evitar que por razones políticas o interés cualquiera de las autoridades se obstruya la función legislativa encarcelando a uno o varios diputados o senadores. Es obvio que tal circunstancia no se da en el caso y que el mandato de prisión ha sido fundamentado por un juez de instrucción, nada menos que de la Suprema Corte de Justicia.

Ramos García ha gozado de progtección desde el principio, pues se le extendió el alcance de ese mandato constitucional desde antes de ser legislador y cuando no había comenzado ni siquiera el período para el que resultó electo.

Asistimos al espectáculo de ver que un legislador procesado por cargos criminales de delincuencia común sale de la cárcel para ir a decidir en materias legales. Alguien debería elevar una instancia para que la Suprema Corte decida si el espíritu y la letra del artículo 32 de la Constitución alcanza para tanta desverguenza.

Cuánta pena produce que 77 de 89 diputados hayan sumado sus votos a esa chapucería legal y política, cuando deberían ser los más interesados en hacer respetar la dignidad del legislador.

Y entre esos estaba la mayoría perredeísta, más empeñada en tender un manto de protección a un compañero de partido, que en entender las señales políticas de que el país se está cansando de tanto tráfico y enriquecimiento a la carrera al través de las funciones públicas.

¡Cuánta falta de respeto a la nación y a los principios fundamentales de la gestión pública! Pero también cuánta escasez de talento político en momentos en que las encuestas indican que este país está aprendiendo el juego de la alternabilidad en el poder, tal vez como forma de sancionar el mandato electoral.

Una de las crónicas periodísticas de la sesión del miércoles donde los diputados se autoprotegieron indica que la representante Octavia Medina había fundamentado su voto en la vieja máxima popular de “hoy por ti, mañana por mi”, un argumento verdaderamente contundente.-