Por Juan Bolívar Díaz

Formo parte de un segmento de personas que creen firmemente que nuestra nación requiere con urgencia de una profunda renovación espiritual que nos convenza de la necesidad de acatar las normas, leyes y acuerdos que suscribimos para organizar la convivencia nacional.

No sabemos cómo va a realizarse esa renovación, pero no será con una mano fuerte, porque de eso hemos tenido en exceso desde que los conquistadores llegaron a esta isla para imponer su civilización a sangre y fuego, hasta exterminar la población nativa en apenas unas cuantas décadas. La advertencia no sobra por cuanto son muchos los que persisten en creer que el conocimiento, la honradez y la disciplina se imponen a pura macana.

Tampoco será a base de oraciones, como plantean de buena fe muchos creyentes, aunque tampoco sobren, ya que implorar a Dios sólo es dañino cuando se hace a costa de alienarnos de la realidad creando una falsa barrera sanitaria que nos aisla del contexto social y las necesidades humanas.

Supongo que el respeto a las normas nos vendrá con la revolución educativa que hace tiempo soñamos y que ninguno de los gobiernos que hemos tenido ha decidido emprender, ya que vivimos del inmediatismo. Los frutos de la inversión en educación no se pueden presentar en cuatro años.

Por demás Trujillo y Balaguer, que nos gobernaron más de medio siglo, demostraron que “lo que vende” son las realizaciones materiales, especialmente la siembra concentrada de cemento, Y ellos han quedado como paradigmas para nuestros políticos que siempre sueñan con los largos reinados de esos dos “estadistas”.

La idea de este artículo es vieja, pero quedó archivada cuando el año pasado, con la ayuda de algunos colegas, comenzamos a hacer una lista de las normas, decretos y leyes que no se cumplen. Aún aquellas que fueron fruto de largos procesos de discusión y negociación hasta lograr un “amplio consenso”. Son tantas que convertirían este artículo en un inventario.

La ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, una de las más trascendentes aprobadas en nuestra historia, pasó una década en discusión. Se celebraron montones de seminarios, concertaciones y vistas públicas, incluyendo las comunidades del exterior hasta que finalmente en mayo del 2001 la pudimos parir.

Seis años después no hemos podido ponerla en vigencia y vemos cómo se vuelven a discutir aspectos sobre las cuales se supone que hubo transacciones y acuerdos. El sistema fue concebido sobre tres pilares: gobierno, sindicatos y empresarios. Con el primero dividido en torno a la ley y los segundos debilitados, los terceros tienden a imponer el predominio de sus intereses.

Otra ley que aprobaos con bombos y platillos en el 2004, la de libre acceso a las fuentes informativas, está en la picota en estos días, cuando hasta los estudios geológicos y geotérmicos para una inversión como la del tren subterráneo, han sido considerados secretos, asunto “de seguridad nacional”.

La ley 19-01 del Defensor del Pueblo cumplió en febrero 6 años y todavía los diputados no han podido elegir a los seis funcionarios que integrarían esa institución, fruto también de largos esfuerzos de concertación.

La ley 14-91 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa lleva 16 años esperando cumplimiento. Mientras la Ley General de Educación, 66-97, cumple una década y todavía ningún gobierno ha acatado su mandato de destinar por lo menos el 4 por ciento del producto interno bruto a la inversión educativa. Tampoco se cumple la ley que dispone un 10 por ciento de los ingresos nacionales para los ayuntamientos. La reina de las incumplidas es la de 1962 que dispuso el 5 por ciento del presupuesto nacional para la educación universitaria.

Todavía no hemos tenido un gobierno que respete plenamente las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya oficialidad sigue siendo manejada antojadizamente, con retiros y reintegraciones ilegales. Lo mismo se puede decir de la Ley Orgánica de las Secretarías de Estado, No. 4378, de 1956. La prueba mínima es la cantidad de secretarios y subsecretarios inorgánicos, hasta en ultramar.

Y qué decir de las leyes de Presupuesto, de concursos para obras y compras del Estado, de Aprovisionamiento, la Electoral, la de Electricidad, la de Capitalización de Empresas Estatales, la 6232, de Planeamiento Urbano, la 346-98 sobre Edificaciones, o la que establece la Declaración Jurada de Bienes.

 Baste observar la generalizada violación de las normas de tránsito vehicular para que nos convenzamos de que avanzamos a la disolución de la convivencia social, que algo tendremos que hacer para revertir el proceso y que nos costará mucho tiempo instaurar el imperio de la ley y el respeto a los consensos y pactos.-