Por Juan Bolívar Díaz

            El retiro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de la Comisión Especial que estudia la Reforma Constitucional por encargo del Poder Ejecutivo es absolutamente injustificado, después de la atención que se puso a algunos de los reclamos formulados por su presidente el licenciado Hatuey de Camps sobre la metodología de trabajo adoptada.

            Cuando el dirigente político asistió a la plenaria de la Comisión el 20 de junio no fue para nada delicado en sus reclamos, frente a un auditorio cualificado que él mismo había ayudado a constituir, aunque tenía razón en cuanto a que lo adoptado como consenso no es la metodología que ha predominado en las negociaciones políticas y sociales dominicanas de las últimas décadas. Tampoco en escenarios internacionales.

            En efecto, la plenaria de la comisión adoptó como consenso la aprobación del 75 por ciento de los miembros de la comisión, sin discriminar entre personas individuales, organizaciones y partidos. De manera que la opinión individual de cualquiera de los 11 designados a título personal tenía igual poder de decisión en la comisión que el partido de gobierno, que a su vez controla el 80 por ciento del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

            El problema es que el PRD estuvo representado en la comisión por el doctor Francisco Canó González y éste nunca objetó la metodología y se economizó todo lo que no fueran palabras protocolares. Tampoco los demás partidos objetaron un mecanismo que la realidad revelaría como inadecuado para el logro de acuerdos fructíferos. Porque de eso se trataba en la comisión, no de protagonizar un enfrentamiento entre sociedad civil y partidos.

            Si de algo pecamos los del lado de la sociedad civil fue de un exceso de protagonismo y de no haber escuchado las advertencias que algunos formulaban sobre el silencio y poca participación de la mayoría de los partidos, especialmente el del gobierno y el Congreso.

            Hatuey de Camps también se quejó del planteamiento formulado por una subcomisión de que en una virtual asamblea constituyente las organizaciones sociales dividieran con los partidos a la mitad la postulación de los candidatos y que el 50 por ciento tuvieran que ser mujeres.

            Se comprende también que De Camps, como han hecho casi todos los demás políticos participantes, rechazara esa proporción o la considerara excesiva o pretensiosa. Pero se le explicó que tal propuesta no era más que eso, una propuesta, que no había sido aprobada y que lucía que no reunía consenso ni siquiera entre los representantes de la misma sociedad civil.

            En la sesión de la Comisión del 27 de junio se acogió moción del delegado del PLD, doctor Franklin Almeyda, que había sido acogida por el mismo de Camps, para que se creara una subcomisión de negociación que dirimiera las diferencias advertidas y las que pudieran surgir, buscando un consenso más amplio que un porcentaje cualquiera.

La subcomisión quedó integrada por el coordinador de la Comisión Especial, Monseñor Agripino Núñez, el padre Jorge Cela, y Juan Bolívar Díaz, así como por delegados de los tres partidos mayoritarios y Virtudes Alvarez, por el MIUCA, uno de los “partidos emergentes”.

            Como se ve, en esa comisión los partidos tienen 4 votos y la sociedad civil tres. Y fue aprobada virtualmente a unanimidad por la Comisión Especial, en una demostración de interés de conciliar con las observaciones del dirigente perredeista.

            En tal escenario es que no se justifica ni se entiende el retiro anunciado por de Camps. Sobre todo cuando es público que fue quien sugirió al Presidente Hipólito Mejía la constitución de esa Comisión Especial, para buscar consenso sobre la reforma constitucional, parando en seco los aprestos de reforma al vapor en que se encontraban gran parte de los senadores y diputados.

            Parece errónea la conclusión de algunos de que Hatuey de Camps o el presidente Mejía han cambiado de opinión. Confidencias obtenidas indican todo lo contrario, que ambos son conscientes de los riesgos que implica el laborantismo constitucionalista de los legisladores. Hatuey lo enfrentó públicamente. Llevó ante el presidente aquella entrevista que volvió a difundir Teleantillas donde José Francisco Peña Gómez abogaba por una asamblea constituyente con amplia participación de los diferentes sectores sociales. Y se instituyó la Comisión.

            Nada significativo ha cambiado para que se descarte ese escenario de negociación y búsqueda de consenso. Complejo, desde luego, pero no tanto como el que representan las corrientes constitucionalistas de los legisladores, que pretenden pasar por encima hasta de sus propios partidos.

            Hatuey debió buscar mayor información que la recibida durante una semana que estuvo en el exterior, antes de anunciar el retiro. Y como rectificar es de sabios, daría una gran demostración de madurez si lo hace. El país requiere mucha ponderación y generosidad de sus dirigentes, en la sociedad civil como en los partidos políticos, sobre todo en los que tienen la responsabilidad de gobierno.-