Por Juan Bolívar Díaz
Los que recibimos formación social católica en los años sesenta conocemos la frase que encabeza este artículo: ¿El fin justifica los medios? Fue utilizada por los profesores de la doctrina social de la Iglesia Católica para rechazar la recurrencia a la violencia revolucionaria contra la violencia institucional de una sociedad que se denunciaba como injusta y precisada de grandes transformaciones, desde que León XIII emitiera en 1891 su célebre encíclica Rerum Novarum (de las Cosas Nuevas).
Tenían razón los profesores al advertir que cuando se justifica cualquier medio por el valor de un objetivo se abren las compuertas de una violencia que degenera en graves injusticias que a menudo se revierten contra sus propiciadores y generalmente despiertan tanto rechazo que resulta absolutamente ineficaz.
A nombre de la salvación de la “democracia” y el orden social se instauró en los años setenta y ochenta la doctrina de la “Seguridad Nacional”, mediante la cual se pretendió justificar la horrible represión que en Chile, Uruguay, Argentina, Guatemala, El Salvador y otros países del continente cobró la vida de decenas de miles de personas.
Como había que combatir la insurgencia izquierdista y guerrillera que ponía en peligro los “valores occidentales, la fe cristiana y el orden social”, se recurrió a la tortura, a las violaciones de las muchachas, al asesinato, al secuestro de recién nacidos y muchas otras barbaridades.
En nuestro país tuvimos suficiente con las depredaciones humanas de la tiranía trujillista, y aunque después padecimos represión, nos pudimos librar de los modelos sudamericanos y centroamericanos de combate a la insurgencia que no discriminaba entre marxistas, cristianos o socialdemócratas, que tocó a monjas, sacerdotes y hasta obispos. Seguro porque aquí la insurgencia no alcanzó mayores niveles.
En esta nación siempre se ha recurrido a cualquier medio para combatir la delincuencia común y nunca han faltado quienes justifican la tortura y hasta el asesinato sobre todo cuando se trata de ladrones comunes. Porque para los grandes depredadores y estafadores, de los ámbitos públicos o privados, reservamos unos tratos exquisitos.
Y en la medida en que ha ido en aumento la delincuencia, hay cada vez más personas, incluyendo hasta jerarcas religiosos, dispuestos a justificar cualquier medio en aras de la seguridad ciudadana. Por eso cada vez somos menos los que nos alarmamos porque la Policía Nacional matara en el 2004 un delincuente o supuesto delincuente por día en los llamados intercambios de disparos.
En lo que va del año el promedio se ha elevado a 1.5 por día. Pero muy pocos se dan por enterados, aunque acribillen a una señora en la carretera a Nagua en el carro en que viajaba junto a su esposo y dos niños, a un ingeniero y dos estudiantes en otro carro en Los Minas, o a una joven llevada por su novio a la puerta de su casa en Arroyo Hondo, para no hablar del padre Tineo y cientos de barbaridades de los últimos años.
El pasado fin de semana se recurrió de nuevo a otro método violador de derechos humanos, con la redada efectuada en el barrio Capotillo, durante la cual fueron apresados por lo menos 316 jóvenes, para combatir la delincuencia que reina en ese sector capitalino.
Los informes indican que 24 horas después los detenidos se habían reducido al medio centenar, lo cual quiere decir que 266 jóvenes de ese barrio fueron víctimas de la redada masiva. No había razón para apresarlos. Lo más probable es que de los 50 restantes apenas ocho ó diez a quienes se habrían ocupado armas de fuego, puedan ser procesados.
El jueves el propio jefe de la Policía Nacional, quien había justificado la redada, indicando que se apresaba a quienes tenían “perfil de delincuente”, tuvo que ordenar una investigación ante el cúmulo de denuncias de que muchos de los apresados tuvieron que pagar diversas cantidades de dinero para recobrar su libertad.
¿El fin justifica ese medio? No solo contradice los derechos humanos, sino que resulta absolutamente ineficaz y origina más problemas que los que soluciona. Primero que nada porque es un secreto a voces que muchos de los reales delincuentes tienen conexiones policiales que les informan cuando están en peligro y porque son los que tienen más medios para escapar.
Una cosa es que se realicen allanamientos, acompañados de autoridades judiciales y quienes sean sorprendidos con armas o drogas sean procesados, y otra es que se detenga a cualquiera “con perfil de delincuente” para ser investigado.
No es que se subestime la delincuencia ni su incremento. Es que hay que combatirla con métodos eficaces, que no generen mayor animadversión y resentimiento social en la población pobre víctima de excesos.
Todavía sigo creyendo que el fin no puede justificar cualquier medio. Y prefiero errar con el delincuente al asesinato o atropello del inocente.