Por Juan Bolívar Díaz           

            La mejor prueba de que el gobierno del presidente Hipólito Mejía viene dando traspiés es la resolución 091 del 17 de octubre pasado del Instituto Dominicano de las Telecomunicacioens (INDOTEL) que facultaba a la dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a intervenir teléfonos de cualquier persona sin necesidad de una autorización judicial.

            No se me puede olvidar que hace justamente tres años, a finales de noviembre de 1999, el candidato presidencial perredeísta Hipólito Mejía denunció enérgicamente el viejo abuso de la intercepción telefónica, ofreciendo una lista de números intervenidos, entre los cuales esaban los teléfonos del director de HOY, don Mario Alvarez Dugan, y de quien suscribe, en su calidad de director de prensa de Teleantillas.

            En aquellos días un familiar preocupado interrumpió mis vacaciones en México para ofrecerme la información, que desdeñé por dos razones: porque hace tiempo lo sabía y en segundo lugar porque personalmente siempre me he burlado de la práctica, enviando “saludos telefónicos” a tres o cuatro personajes graduados como “técnicos en la intercepción telefónica”.

            Por demás, como he logrado ser una persona tan libre, de lo cual me siento agradecido de Dios y orgulloso, nunca he tenido temor de que escuchen mis conversaciones telefónicas. En lo personal no van a descubrir más que ternuras y bienaventuranzas. En lo político, todo lo que pienso lo traduzco en mi ejercicio periodístico. Nada tengo que ocultar.

            Sin bien en lo personal no me preocupa la intercepción telefónica, toda la vida la he combatido como un abuso de poder y una violación de los derechos individuales que debe ser eliminada de la práctica pública y privada. Porque todos sabemos que aquí hay espionaje político, empresarial y hasta de la vida personal, para todo género de chantaje. Tanto por organismos gubernamentales, como empresas privadas ampliamente conocidas.

            Pero el valor con que el candidato Hipólito Mejía denunció esa aberración no nos permitía creer que tres años después, y a dos de usufructuar el poder, un organismo público como INDOTEL, dirigido por profesionales reconocidos, se prestaría para una resolución como la 091, seguramente exigida por instancias muy altas del gobierno.

            Parece justo consignar que la resolución fue adoptada durante las vacaciones de la compañera Margarita Cordero, miembra del Consejo Directivo de INDOTEL, y que ella se apresuró a dejar constancia escrita de su rechazo a la misma, tan pronto fue enterada de la ocurrencia a su retorno al país.

            El asunto ha trascendido ahora por anuncio oficial del director de Telecomunicaciones, Orlando Jorge Mera, formulado en el mismísimo Palacio Nacional, tras una larga reunión con el presidente Hipólito Mejía, en la que participaron los presidentes de las cuatro empresas de telecomunicaciones que junto a la Asociación de Abogados Empresariales y a la Fundación Institucionalidad y Justicia habían elevado un recurso de inconstitucionalidad contra la indicada resolución.

            De que el poder obnubila y pierde a los políticos queda constancia una vez más. Porque esa “larga reunión con el presidente” para rectificar una disposición violatoria de la constitución y de la propia ley adjetiva del INDOTEL, compromete pública y explícitamente su responsabildiad en el caso.

En otras palabras que lo que ayer se denunciaba desde la oposición, se pretendía sostener hoy desde el gobierno, sin que nada lo justificara. Y hubo de mediar una apelación a la Suprema Corte de Justicia para hacer prevalecer los principios constitucionales.

            ¿Qué razón puede tener hoy día el gobierno para andar buscando autorización para espiar teléfonos a libre voluntad? Si se tratara de combatir el narcotráfico y la delincuencia en general, no era necesaria la resolución 091, puesto que una anterior, la 036 del 2000 autorizaba la intercepción mediante recursos judiciales.

            Se trata de una nueva prueba de lo frágil que es la memoria de nuestros políticos en torno a asuntos fundamentales. Y lo pragmática y vulgar que se ha tornado la ciencia que Juan Pablo Duarte consideró más digna de ocupar la atención humana.

            Hay que agradecer a las instituciones sociales que incoaron el recurso de inconstitucionalidad y a las empresas de telecomunicaciones que resistieron el propósito gubernamental de revestir de legalidad la abominable violación del derecho a la privacidad telefónica.

            Algún día los políticos tendrán que entender que el poder no los autoriza a pasar por encima de los principios, si siempre aparece alguna institución o grupo social capaz de hacerlos valer, desdeñando los temores que tanto han servido para incubar el abuso y sistematizar la opresión.-