Por Juan Bolívar Díaz
Están dadas todas las condiciones para que el Congreso Nacional apruebe definitivamente el proyecto de ley de seguridad social que viene discutiéndose en las cámaras legislativas desde hace dos más de dos años y medio.
Se trata de uno de los proyectos de mayor proyección social en la historia de la República, que de por sí solo implicaría un golpe considerable contra la pobreza, en sus expresiones de desamparo ante las enfermedades, de los accidentes laborales y del paso inexorable del tiempo que reduce y aniquila las energías productivas.
En círculos gubernamentales y congresionales se ha concertado en los últimos días para que el proyecto de seguridad social esté aprobado en la próxima semana, antes de que concluya el mes, como ofrenda para la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, que este año está adelantada en el país para la víspera, el lunes 30.
Después de la aprobación se organizaría un acto de proclamación de inicio del proceso, que algunos sugieren sea el 10 de mayo, en el tercer aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez, uno de los políticos que más promovió la implantación de un régimen de seguridad social que beneficie a la inmensa gama de los trabajadores, obreros y del intelecto, profesionales y técnicos, empresarios formales e informales, grandes , medianos y pequeños.
Todos los dominicanos conscientes deberían hacer un alto en el sectarismo y prepararse para el advenimiento de la seguridad social, llamada a garantizar una adecuada cobertura de salud, y contra accidentes y seguro de vejez al universo de la población.
Sin duda, así como el parto ha sido largo y difícil, lo será también el proceso de creación e institucionalización. Complejo para cualquier sociedad, aún para las desarrolladas. Y mucho más para las que como la dominicana carecen de fortaleza institucional, de transparencia y eficiencia administrativa.
Hay quienes creen que todavía somos incapaces de darnos una organización tan avanzada como la que representaría la seguridad social que está a punto de aprobarse, tras innumerables esfuerzos de concertaciones, negociaciones, transacciones y reformulaciones. Tantas que por momentos se cree que la criatura nacerá deformada o con taras imposible de superar. Los promotores más optimistas dicen que la prueba de la realidad determinará algunas reformas purificadoras, pero que mientras tanto hay que echar la mula al camino.
Los orígenes del proyecto en discusión se pueden establecer en los principios de los años ochenta, cuando la doctora Ligia Leroux estuvo al frente del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y organizó una serie de discusiones “tripartitas” sobre las reformas que demandaba el inoperante organismo.
Cuando a finales de esa década se realizó el Diálogo Tripartito que tuvo como escenario la sede capitalina de la Universidad Católica Madre y Maestra, el tema de la seguridad social volvió a resurgir. Como fruto de ello a fines de 1990 se aprobó la ampliación de los servicios del IDSS a los familiares de los asegurados, en una ley que el presidente Joaquín Balaguer ni siquiera intentó poner en vigencia.
El asuntos fue objeto de los programas de gobierno y los debates en las campañas electorales de los años ochenta y noventa, especialmente por parte del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana. Durante la campaña electoral de 1996 Peña Gómez y Leonel Fernández llegaron a proclamarlo como su principal objetivo en materia de política social. Jacinto Peynado lo hizo propio también.
Por tal razón, en su primer año de gobierno, el presidente Fernández encargó a una comisión encabezada por su secretario de Trabajo, Rafael Alburquerque, la redacción de un proyecto de ley para reformular la seguridad social. El gobierno se debatió durante algún tiempo entre el tradicional sistema de reparto, y las nuevas corrientes privatizadoras implementadas en Sudamérica en los últimos años.
La comisión Alburquerque se inclinó por los sistemas tradicionales. Pero el proyecto quedó durante meses en manos del indeciso Poder Ejecutivo, hasta que los legisladores frutos de los comicios congresionales de 1998 dieron los primeros pasos.
La doctora Milagros Ortiz Bosch sometió un proyecto limitado de estancias infantiles el 26 de agosto de 1998. El senador Rafael Abinader se lanzó el 2 de septiembre con un proyecto para crear el Instituto de Bienestar Social. Y 15 días después los senadores Ramón Alburquerque, Dagoberto Rodríguez, Iván Rondón, Darío Gómez, y José González Espinosa propusieron un proyecto integral de seguridad social.
El proyecto del presidente Leonel Fernández llegó finalmente al Senado el 1 de octubre de 1998 y con esas cuatro piezas, predominando la de los cinco senadores, se fue armando el rompecabezas que está a punto de ser descifrado, combinando las experiencias de reparto con las privatizadoras, los sistemas de países desarrollados con los del tercer mundo.
El proyecto se ha discutido hasta el infinito en decenas de vistas públicas y reuniones sectoriales, hasta ir aunando un difícil -y a veces agónico- consenso. Tomando en cuenta los intereses tan diversos de empleados y empleadores, de aseguradores privados, de profesionales y obreros, de suplidores de servicios médicos públicos y privados.
El resultado no será la obra particular de nadie. Tampoco será una obra maestra. Es una conjunción de intereses y visiones, y del juego democrático, sujeto a la prueba de la práctica y de la razón. Toma en cuenta a toda la población, aunque con el realismo de que la igualdad absoluta es una quimera que no pudo materializar ni el socialismo con todo el poder en sus manos, incluyendo el de una superpotencia militar durante 70 años.
Preparemonos para el parto de la seguridad social, con optimismo y renovada esperanza, venciendo un poco el fatalismo y el pesimismo que se registran en una sociedad en tránsito de reformulación y modernización, que avanza a pesar de sus tropiezos y de su terrible propensión a dar vueltas a la noria desgastando sus energías creadoras.-