Juan Bolívar Díaz

Todo el que esté interesado en una mejor organización de esta sociedad tiene que simpatizar con la disposición que han mostrado las autoridades de salud por supervisar y hacer cumplir las normas que rigen la venta de agua para poner fin a abusos incalificables y proteger a la población que paga un precio muy alto por el líquido vital.

Pero al mismo tiempo es preocupante que una vez más, después de tantos años de contemplación e inacción y cuando miles de personas viven del negocio, se recurra a los mecanismos más autoritarios para enderezar el rumbo, sin agotar firme y sistemáticamente un proceso que promueva inclusiones y no exclusiones.

De entrada hay que decir que el problema del agua es una de las más contundentes expresiones de la pobreza y la premodernidad en que sobrevive la población dominicana, más de la mitad sin todavía poder disfrutar del “privilegio” de recibirla en sus casas, y una proporción significativa sólo la recibe algunos días u horas.

En los barrios marginados de todas nuestras grandes urbes la población carece de un eficiente servicio de agua, por lo quetiene que pagar un precio mucho más alto por obtenerla que los privilegiados de las clases medias y altas. Por un tanque de 55 galones de agua contaminada se paga un mínimo de 30 pesos, llegando hasta 80 pesos dependiendo de las circunstancias, lo que al mes puede significar el 25 por ciento del salario mínimo promedio nacional. El camión de 2000 galones cuesta de 500 a 800 pesos.

Encima de todo la calidad del agua que se sirve aún por los acueductos es tan dudosa que hasta los más pobres destinan una parte importante de sus ingresos a comprar agua para el consumo humano, la embotellada a precios que oscilan entre 35 y 50 pesos, lo que arrebata otra importante proporción de los ingresos de los más pobres.

Esa carencia ha originado un gran negocio del agua en el país, con cerca de 500 plantas procesadoras en los registros de Salud Pública, de las cuales unas 250 venden agua “al granel” en los barrios más pobres, suministrada desde camiones por mangueras, casi a la mitad del precio de los botellones de 5 galones, pero obviamente con muy pocas posibilidades de mantener la calidad necesaria. Se ha dado el caso de que negociantes abusadores venden como procesada la misma agua del acueducto, especialmente cuando se llegó al extremo de ofrecerla en los colmados, sin el menor control.

Frente a esos abusos las autoridades de salud han estado dando respuestas y parecen decididas a poner límites aunque como ha ocurrido otras veces se teme que cualquier día se  cansen y todo vuelva a la posición anterior. El negocio lleva más de una década, con dos o trescientas pequeñas y medianas empresas e inversiones de varios miles de millones de pesos, incluyendo equipos, locales de procesamiento y vehículos distribuidores. Los interesados dicen que más de 2000 guaguitas y camiones.

Todos esos negocios y sus inversiones están condenados a irse a la basura de golpe y porrazo por la decisión de Salud Pública de simplemente  cerrarlos, porque no hay normativa para vender “agua purificada al granel”. Sus propietarios quedarían en ruinas. Para la calle irían miles de empleados de las plantas, conductores y ayudantes de los transportes. Y para más agravante, en los barrios más pobres tendrían que duplicar la inversión en el agua que toman.

Es obvio que la salud de la población debe estar por encima de cualquier negocio. Pero sin autoritarismos radicales que no toman en consideración las consecuencias socio-económicas. Lo procedente es que las autoridades establezcan normas para la venta del “agua purificada al granel”, que den un plazo corto para que todos los procesadores las cumplan y entonces sí cerrar definitivamente a los que fallen.

Ciertamente que es muy difícil controlar un negocio que se desarrolla en las calles y que el agua por manguera tiene muchas posibilidades más de contaminarse que la embotellada y sellada. Pero aún así sería justo dar oportunidad a ver si una parte se puede ajustar después de haber permitido tan alta inversión. Es obvio que eso requiere mucho más esfuerzo y personal de supervisión blindado contra el soborno.

Y finalmente que el gobierno destine siquiera una décima parte de los cientos de millones de pesos que gasta en propaganda política para realizar  una campaña educativa sobre cómo potabilizar el agua del acueducto o de los camiones, o cómo manejar la procesada y así aliviar el costo del líquido vital para la mayoría de la población.-