Por Juan Bolívar Díaz

             La Cámara de Diputados se halla involucrada en un interesante proceso de consultas a la sociedad para proceder a escoger las ternas que ha de someter al Senado de la República para elegir al Defensor o Defensora del Pueblo, sus dos suplentes y cinco adjuntos o adjuntas.

            La ley que instituye esa figura jurídica fue aprobada en diciembre pasado y hace tres meses la presidenta de la Cámara, Rafaela Alburquerque, acogió la propuesta del movimiento cívico Participación Ciudadana, para que las instituciones y personas interesadas pudieran presentar candidaturas.

            Y se han presentado más de doscientos, según lo que ha trascendido, representando una gran cantera de donde pueden salir los responsables de que adquiera categoría en el país el Defensor o Defensora del Pueblo, Ombudsman o Comisionado de los derechos Humanos, como se le llama indistintamente.

            Los antecedentes de esta figura política y jurídica se remontan a dos siglos, partiendo desde Suecia y hace tiempo está enraizada en decenas de países del mundo, especialmente en gran parte de las Américas. De manera que aquí nos llega con atraso.

            Como parte del proceso de elección, la Cámara de Diputados, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y El Proyecto de Apoyo a Iniciativas Democráticas celebraron este fin de semana un interesante seminario con la participación de varios defensores del pueblo, de América Latina y de España.

            Cientos de asistentes pudieron conocer las valiosas experiencias acumuladas por este mecanismo institucional de promoción y defensa de los derechos humanos y de asistencia a la ciudadanía frente a los abusos, deficiencias y omisiones de los poderes públicos y los cada vez más complejos intereses de grandes corporaciones globalizadas.

            La periodista Ana María Romero de Campero, Defensora del Pueblo de Bolivia, expuso su experiencia estimándola vital para edificar un nuevo tipo de relaciones entre Estado y sociedad, para fortalecer el sistema de justicia y devolver a la ciudadanía la confianza y la credibilidad en un orden transparente y democrático que vaya más allá del voto.

            Considera que la defensoría puede influenciar en la construcción de una cultura democrática caracterizada por la recuperación de la dignidad ciudadana, la vigencia de la ley y el respeto a los derechos y las garantías constitucionales.

            “El papel del Defensor en democracia no consiste únicamente en ser un contrapeso a los abusos u omisiones del Estado, sino en ser un mecanismo de diálogo permanente entre los ciudadanos y la administración , para que ésta, a través de las distintas reparticiones que la conforman, cumpla su misión de gestora de los intereses públicos, sea respetuosa de la ley y protectora de los derechos de las personas”, nos dijo la boliviana.

            En plenitud de razones, no debería hacer falta la institución del Defensor del Pueblo, porque eso es lo que deberían ser todos los diputados y senadores, todos los fiscales y procuradores de cortes, todos los militares y policías y todos los funcionarios del Estado, especialmente los contralores General, de Electricidad, de Bancos y de Seguros, etc.

            Pero es la deficiencia acumulada, los déficits de la democracia y la debilidad de nuestras instituciones lo que ha justificado la creación de ese mecanismo formal de defensa de los derechos individuales y sociales.

            Aunque la ley 19-01, que lo crea, indica en su artículo 11 que “el Defensor del Pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario”, hay dirigentes políticos que no ven otra alternativa que colar a uno de los suyos. Se llega a proclamar que esta ley es discriminatoria de los políticos.

            Si escogieran a un dirigente político para Defensor o Defensora del Pueblo, o para sus suplentes y adjuntos posiblemente se estará matando este proyecto democrático, pues sus actuaciones quedarían selladas por los sectarismos partidarios.

            Desde luego, en tal caso habría que esperar que los puestos administrativos y auxiliares y todos los profesionales que deberán trabajar allí estarían en función de los intereses de los partidos. Sería un ámbito gubernamental más hipertrofiado y sometido a las cuotas del clientelismo político.

            Por suerte, la mayoría de los legisladores parecen entender el sentido de esta institución democrática. Hemos de esperar unas excelentes elecciones. Y aún así será un gran desafío que salga adelante contra tantos atropellos que todavía se ven a los derechos individuales y sociales en una cultura nacional tan signada por el autoritarismo.-