Debemos orar porque sea firme el propósito anunciado esta semana por el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), general José Aníbal Sanz Jiminián, de emprender una campaña para enfrentar el caos del movimiento vehicular de esta ciudad de Santo Domingo, que parece estar llegando a su tope.
Hay quienes estiman que si las autoridades dilatan en establecer límites al enorme desorden que nos afecta, será muy difícil revocar los niveles de violación de la ley y de anarquía que está alcanzando la circulación en las calles capitalinas, convertidas en una verdadera jungla donde ya ni los más osados pueden salir airosos.
Es obvio que en las últimas semanas la vuelta de los apagones que sacan de servicio y rompen la sincronización de los semáforos y las múltiples construcciones viales simultáneas están contribuyendo a convertir en agonía la circulación vehicular. Es incalificable que se estén construyendo múltiples pasos a desnivel y una nueva línea del Metro al mismo tiempo afectando los dos ejes viales fundamentales que cruzan la ciudad de este a oeste y las consiguientes confluencias de norte a sur. Es obvio que la prisa está por encima de toda racionalidad y prudencia, cobrando un alto costo en combustibles, desgaste de los vehículos, accidentes, tiempo, salud y paciencia de la ciudadanía.
Mientras todo el esfuerzo de las autoridades está encaminado a la construcción de obras como vitrina de exhibición política, la ausencia de otras medidas complementarias y cautelares está permitiendo el enorme desorden que se advierte a todas horas del día y la noche, con desprecio de las más elementales normas, como los semáforos, los carriles de circulación y el régimen de estacionamiento.
Sanz Jiminián anunció esta semana por Uno Más Uno el inicio de un conjunto de acciones para las cuales pide el apoyo de la ciudadanía. Y de inmediato comenzó a detener a los motoristas que circulan sin cascos, sin placa ni identidad, lo que a su vez ha generado protestas y hasta desordenes por parte de los confrontados.
Toda la opinión pública debería darle apoyo a la campaña que inicia la AMET, la que esta semana entraría en una fase más formal, de acuerdo a lo prometido. Pero ese apoyo tiene que ser condicionado a que no se limite a la batida contra los motoristas, que son el lado más flaco de la larga soga del desorden circulatorio.
Todos sabemos que la crisis del transporte tiene múltiples facetas que deben ser enfrentadas en el orden estructural como en el normativo, en el educativo como en el coercitivo. Las grandes inversiones en construcción vial de las últimas décadas no han sido eficientes, habida cuenta de que cada vez se ha complicado más la circulación, y el transporte se ha encarecido aumentando la ineficiencia.
Múltiples diagnósticos y recomendaciones siguen quedando engavetados y la improvisación marca la pauta de las autoridades ante los ojos atónitos de una población que ya ni siquiera recibe información fundamental. Por ejemplo, desde el año pasado se construye una segunda línea del Metro, sin que se haya informado quién ganó el concurso convocado en octubre pasado, ni cómo se está financiando y cuál será su costo.
Aunque este gobierno es prolífico en el gasto publicitario, incluso en promocionar innecesariamente la ineficiente línea del Metro en servicio, todavía no se invierte un peso para incentivar la educación de los conductores de vehículos y el respeto a las normas.
Con más de 20 mil carros de concho y unos cuatro mil minibuses, en alta proporción pasados de tiempo, con calles y avenidas convertidas en estacionamiento, Santo Domingo hierve a todas horas del día en impotencia y salvajismo a la espera de la acción de autoridades diseminadas en una decena de organismos ineficientes.
Si en ese panorama aparece alguien que quiera comenzar a hacer cumplir las normas, no hay más remedio que bendecir tan buena disposición y apoyarlo, aunque sin dejar de advertir que eso no será suficiente, que se requiere una política integral, y que urge hacerlo pronto.