Virtudes y defectos del Voto electrónico

Por Juan Bolívar Díaz

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La propuesta de probar el voto electrónico como plan piloto en las elecciones congresionales y municipales de mayo próximo podría convertirse en el gran elemento de conflicto que no ha tenido la Junta Central Electoral en el actual proceso organizativo.

La tecnología del voto electrónico conlleva importantes avances y ventajas especialmente para el rápido procesamiento de los resultados electorales, aunque también implica riesgos, especialmente en naciones de alto grado de analfabetismo teórico y funcional, con propensión a los alegatos postelectorales.

Legítimos temores de conflictos, que deben ser respondidos racionalmente, han cundido en ámbitos sociales tras el virtual fracaso que tuvo la prueba del sistema en la elección interna del Partido de la Liberación Dominicana, que debe reconocerse mucho más compleja que la votación legislativa y municipal o la presidencial.

Legítima preocupación

A la luz de la observación, fue legítima la preocupación externada por Participación Ciudadana sobre la preparación de la sociedad dominicana y el sistema político para asimilar la nueva tecnología, aun a nivel de plan piloto, en 500 colegios, o entre el cinco y el diez por ciento del total, que se ha planteado la Junta Central Electoral, lo que sumaría entre 650 y 1300 de los 13 mil colegios de votación previstos para los comicios de mayo próximo.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, seguramente motivados por los resultados de la observación de Participación Ciudadana, se sumaron posteriormente a la advertencia sobre los riesgos del sistema.

La reacción del presidente de la JCE, doctor Luis Arias, en vez de reconocer que la votación interna peledeista no era el marco adecuado para una prueba del sistema, por la multiplicidad de escogencia que implicaba y la cantidad de candidatos, se dirigió a restar autoridad de opinión a las instituciones sociales, indicando que “es a los partidos políticos a quien compete”.

No hay dudas de que el sistema electoral establece que es a los partidos a quienes la JCE tiene que consultar para las decisiones básicas del sistema electoral. Pero eso no implica que las instituciones sociales y la ciudadanía no puedan manifestarse al respecto en defensa de los derechos. Más aún cuando esas instituciones han tenido un papel protagónico en los avances que ha registrado el sistema electoral en la última década y en la prevención de conflictos, aún en las elecciones del 2002.

Más que intentar desautorizar las opiniones de las organizaciones reconocidas de la sociedad civil, especialmente las que han incidido en el mejoramiento democrático, la JCE y los partidos tienen que dar respuestas racionales y convencer de la conveniencia o procedencia de cualquier innovación, sobre todo si no es imprescindible.

El voto electrónico no es esencia de la democracia y es más bien patrimonio de unas cuantas naciones del mundo desarrollado y de un puñado de países latinoamericanos. Aún en Estados Unidos sólo un tercio del electorado la ejerció en los comicios presidenciales del 2004, según testimonió esta semana un artículo de la doctora Rosario Espinal, quien dirige el centro de estudios latinoamericanos de la Universidad de Temple, Filadelfia.

Virtudes y defectos

La principal virtud del voto electrónico es que permite resultados automáticos e instantáneos, eliminando los problemas de conteo, de elaboración y manipulación de actas, que tradicionalmente retrasan el cómputo en los comicios nacionales, como se demostró fehacientemente en la votación interna del PLD.

Una vez pagado el costo de la tecnología, el voto automático reduce costos y problemas logísticos de impresión, distribución y transporte de impresos y urnas, vulnerables a manipulaciones y errores.

Pero el sistema requiere capacidad de las personas para leer las instrucciones del equipo y adaptabilidad al uso de tecnología electrónica. No deja constancia gráfica individual del voto, lo que imposibilita recuento en resultados apretados, dando margen a alegatos de manipulaciones que, aún sin fundamento, pueden generar serios conflictos postelectorales.  En sociedades como la dominicana, donde ha predominado la desconfianza y una cultura poco democrática refractaria a aceptar las derrotas, el sistema electrónico podría arrojar multiplicidad de conflictos e impugnaciones.

Si muchos electores requieren asistencia para utilizar las urnas electrónicas, invalida la confidencialidad del voto y se presta a manipulaciones de quienes tendrían que orientar al votante.

Si una proporción de la población, especialmente la menos instruida y pobre, requiere asistencia o llevar por escrito los números que debe seleccionar en la urna electrónica, se deja una puerta abierta a la compra de votos.

Se ha comprobado que aún en países desarrollados es significativa la proporción de la población, especialmente avanzada de edad, que prefiere pagar una compra con cajero o cajera manipulada por un empleado del establecimiento comercial, a utilizar equipos automáticos individuales más rápidos.

Decisión con riesgos

La JCE requeriría una aceptación total de los partidos para implementar, aún como plan piloto, el voto electrónico. Y aún así no podría descartar posteriores alegatos e impugnaciones si un número significativo de electores y electoras afronta dificultades para ejercerlo. Se podría estar agenciando las desconfianzas que todavía no se han manifestado en este proceso electoral, cuando los agentes políticos no han expresado las grandes objeciones a ella misma y al padrón electoral que caracterizaron las anteriores alecciones.

Lo ideal sería iniciar el uso del voto electrónico en unas elecciones presidenciales, donde los electores y electoras sólo tienen que hacer dos acciones, es decir marcar el número de su partido y pulsar el botón verde o tecla de entrada. En las congresionales y municipales se requieren por cuatro operaciones; digitar el número de partido, pulsar el voto para legisladores y para munícipes y luego darle entrada o confirmación. Si va a optar por el voto preferencial para diputado implica una quinta operación adicional, lo que desincentiva este derecho.

Si finalmente deciden un plan piloto en los comicios de mayo próximo, sería recomendable que no pasara de tres o cuatro colegios por cada una de las 166 circunscripciones electorales que hay en los 151 municipios, de manera que se reduzcan las posibilidades de impugnaciones si las dificultades resultan significativas.

En tal caso, la educación a los electores tendría que ser focalizada en los colegios de prueba, porque generalizarla a todos implicaría un gasto desproporcionado e innecesario.

Otro riesgo a ser ponderado es la posibilidad de que falle la energía eléctrica, ya que las urnas electrónicas a prueba sólo tienen capacidad energética integrada para 12 horas de operación, que son justamente las que dura la votación dominicana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.

Si de algo tienen que convencerse los que deben tomar las decisiones es que no hay urgencia en implantar el voto electrónico en un país donde el nivel educativo promedio es de cinco años de escolaridad y que apenas tiene una década realizando procesos electorales sin traumas.-

El fracaso en el PLD

La prueba del sistema electrónico en la elección interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue inapropiada por la multiplicidad de escogencia que conllevaba, aumentando los temores de que su utilización, aún como plan piloto, pudiera generar conflictos en los comicios generales.

Una observación realizada por el movimiento cívico Participación Ciudadana en el 10 por ciento de los colegios de votación arrojó un balance absolutamente negativo del sistema, que llevó a la conclusión de que “podría causar serios conflictos entre los partidos políticos y sus candidatos con el consecuente trastorno del proceso electoral y la democracia dominicana”.

El balance de Participación Ciudadana indica que “la casi totalidad de los votantes necesitaron algún tipo de auxilio para poder ejercer el sufragio. En el 75% de los casos este auxilio fue proporcionado por los integrantes de la mesa de votación, mientras en el restante 25% los votantes tuvieron la ayuda de un acompañante u de otra persona identificada”.

La conclusión fue que “en sentido general se trató de una votación asistida, lo cual anuló su carácter individual y secreto”. Particularmente dramática fue la fotografía publicada en los diarios del presidente Leonel Fernández, asistido de su asesor informático mientras ejercía el voto, así como el testimonio de la diputada Minou Tavárez Mirabal de que virtualmente se le agotaron los 8 minutos que daba la máquina sin que pudiera concluir su votación.

Una situación similar reproducida en una elección general originaría conflictos de todo género y ciertamente alegatos de fraude y violación del secreto del voto, además de impugnaciones bajo pretexto de que muchos no habrían podido ejercer su derecho a escoger. Sin duda el escenario de la votación peledeista fue inapropiado para la prueba, puesto que para muchas postulaciones había hasta decenas de candidatos, lo que complicaba considerablemente las dificultades de utilizar la nueva tecnología.

En cualquier caso, la introducción del sistema electrónico conllevaría dificultades, sobre todo para la mayoría de la población que no está acostumbrada a la manipulación de teclados ni pantallas electrónicas, especialmente para los analfabetos teóricos y funcionales.

Legítima preocupación

A la luz de la observación, fue legítima la preocupación externada por Participación Ciudadana sobre la preparación de la sociedad dominicana y el sistema político para asimilar la nueva tecnología, aun a nivel de plan piloto, en 500 colegios, o entre el cinco y el diez por ciento del total, que se ha planteado la Junta Central Electoral, lo que sumaría entre 650 y 1300 de los 13 mil colegios de votación previstos para los comicios de mayo próximo.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, seguramente motivados por los resultados de la observación de Participación Ciudadana, se sumaron posteriormente a la advertencia sobre los riesgos del sistema.

La reacción del presidente de la JCE, doctor Luis Arias, en vez de reconocer que la votación interna peledeista no era el marco adecuado para una prueba del sistema, por la multiplicidad de escogencia que implicaba y la cantidad de candidatos, se dirigió a restar autoridad de opinión a las instituciones sociales, indicando que “es a los partidos políticos a quien compete”.

No hay dudas de que el sistema electoral establece que es a los partidos a quienes la JCE tiene que consultar para las decisiones básicas del sistema electoral. Pero eso no implica que las instituciones sociales y la ciudadanía no puedan manifestarse al respecto en defensa de los derechos. Más aún cuando esas instituciones han tenido un papel protagónico en los avances que ha registrado el sistema electoral en la última década y en la prevención de conflictos, aún en las elecciones del 2002.

Más que intentar desautorizar las opiniones de las organizaciones reconocidas de la sociedad civil, especialmente las que han incidido en el mejoramiento democrático, la JCE y los partidos tienen que dar respuestas racionales y convencer de la conveniencia o procedencia de cualquier innovación, sobre todo si no es imprescindible.

El voto electrónico no es esencia de la democracia y es más bien patrimonio de unas cuantas naciones del mundo desarrollado y de un puñado de países latinoamericanos. Aún en Estados Unidos sólo un tercio del electorado la ejerció en los comicios presidenciales del 2004, según testimonió esta semana un artículo de la doctora Rosario Espinal, quien dirige el centro de estudios latinoamericanos de la Universidad de Temple, Filadelfia.