Por Juan Bolívar Díaz

Hay consenso sobre la necesidad de una reforma constitucional pero también temores de que la misma desplace los problemas nacionales de la atención pública                                   

En un clima de preocupación por los problemas que afronta la nación el presidente Leonel Fernández puso en marcha esta semana la consulta que orientaría una reforma a la Constitución de la República para sustituir el texto que ha regido la vida nacional en las últimas cuatro décadas.

La generalidad de las propuestas de modificaciones presentadas a consideración de la ciudadanía son las mismas que han sido consideradas en múltiples proyectos elaborados en las últimas dos décadas y que fueron recogidas por la Comisión Especial instituida por decreto del presidente Hipólito Mejía en el 2001.

La diferencia más importante es que ahora el Partido de la liberación Dominicana (PLD) reniega de sus planteamientos históricos de que fuera una asamblea constituyente electa al efecto la que realice la reforma constitucional.

Un brillante discurso

Ni siquiera la mezquindad política ha podido negar la brillantez con que el presidente Leonel Fernández propuso su reforma constitucional en el discurso del lunes 9 desde el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Durante más de hora y media el mandatario hizo galas de sus extraordinarias capacidades oratorias, provocando admiración y aprobación de las centenares de personas invitadas para la ocasión.

Aunque insistió en rechazar el método de la asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, el presidente Fernández pronunció una conferencia estimada como magistral, dejando abierta la posibilidad de que los sectores más activos se pronuncien democráticamente en una consulta popular.

Los reparos de los opositores y sectores de opinión pública se han dirigido a cuestionar la prioridad que el gobierno confiere a la reforma de la Constitución, cuando la nación atraviesa por importantes desafíos y se advierte poca eficiencia de los gobernantes para enfrentarlos.

Se cita particularmente la precariedad de los servicios de energía, agua potable, el desabastecimiento de combustibles de las últimas dos semanas, el brote de dengue que durante dos meses ha causado decenas de muertes y millares de afectados, la paralización de obras públicas, precariedades en la educación y las reformas institucionales y estructurales que conlleva el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Tanto los partidos de oposición, como una gran proporción de los dirigentes de instituciones sociales cuestionan el método para la reforma constitucional que ha propuesto el gobierno del PLD después que alcanzara la mayoría del Congreso en las elecciones de mayo pasado.

Las consultas sobre la materia del anterior gobierno de Fernández y los múltiples consensos de los últimos años ignorados determinan un clima de desconfianza en que pueda prevalecer la opinión de las mayorías sobre el interés del partido gobernante. La frustración generada por la última reforma constitucional, efectuada entre julio y agosto del 2002 por la mayoría que entonces encarnaba el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pende sobre los segmentos más críticos de la sociedad.

Asamblea revisora

            Aunque el cuestionario de la consulta publicado profusamente en los periódicos pregunta sobre el método preferido para la reforma de la Constitución, el presidente Fernández insistió en su discurso en descalificar la convocatoria de la asamblea constituyente que muchos expertos consideran debe regir para una revisión total de la carta magna.

            La posición del mandatario contrasta con los planteado en los programas de gobierno del PLD, con su propio discurso de la última campaña electoral y con la Constitución de 1963, ejecutada por el PRD durante el gobierno del profesor Juan Bosch, proclamado líder histórico del partido gobernante.

            El abandono de ese compromiso determina la desconfianza de los opositores y en el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil que ha sido partícipe de los consensos al respecto de los últimos años, especialmente del logrado en la Comisión Especial del 2001, del que el PLD fue partícipe activo cuando eran los perredeistas los que tenían una gran mayoría en las cámaras legislativas.

            Se da también la contradicción de que los líderes del PRD y del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), autores de la reforma del 2002, ahora rechazan el método que ellos escogieron hace apenas 4 años cuando desconocieron el consenso, renegaron de la asamblea constituyente e impusieron una mezquina reforma sólo para abrir camino a la repostulación del presidente Mejía. Eso abona la desconfianza de sectores sociales que se manifiestan cansados de ser burlados por un sistema político oportunista.

            El proyecto elaborado en el 2001 con participación de los partidos reconocidos, de una amplia representación de la sociedad civil y una docena de personalidades casi todas juristas, acordó la convocatoria de una reforma revisora para instituir la asamblea constituyente como mecanismo para la redacción de una nueva constitución.

            El documento, que en algún momento se dijo serviría de base a la consulta de ahora, establece que la asamblea constituyente estaría integrada por 155 miembros postulados por los partidos políticos, cinco de ellos en representación de los que no alcanzaren suficientes votos, y 31 por bloques de organizaciones sociales.

            Un “Pacto para la Reforma Constitucional” suscrito en el Palacio Nacional en septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios ratificó el mecanismo de la constituyente por elección popular que sería burlado por perredeistas y reformistas   menos de un año después.

Propuestas coincidentes

            La principal novedad de las propuestas de reformas constitucionales que ha enarbolado el presidente Fernández ha sido la de un preámbulo o declaración de principios de un Estado democrático.

            Tanto en su discurso de esta semana como en conversaciones con diversos sectores y declaraciones de prensa, ha coincidido con el consenso del 2001 en una mayor especificación de los derechos ciudadanos y sanciones a sus violadores y en una reducción de las facultades presidenciales contenidas en el artículo 55 de la Constitución vigente, algunas de las cuales subsisten en el texto, aunque fueron explícitamente anuladas por la reforma de 1994.

            La institucionalización de la defensoría del pueblo, la representación congresional de la diáspora y la redefinición de la nacionalidad también han dominado los consensos de las últimas décadas. No así la concepción de Fernández de que la Suprema Corte no debe tener facultad para juzgar la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo, ni su propuesta de que la Junta Central Electoral sea electa por el Consejo Nacional de la Magistratura.

El proyecto consensuado en el 2001 dedica un capítulo a los derechos humanos, precisando sobre derechos civiles, sociales, culturales y ecológicos. Establece la protección de los valores culturales y el medio ambiente, la libertad de conciencia y de culto, sin que ninguna confesión pueda tener carácter estatal.

También instituye tres senadores nacionales para representación de las minorías políticas, congela en 150 el número de diputados y 7 adicionales en representación de los residentes en el exterior. Incluye la independencia del ministerio público, la inamovilidad de los jueces de carrera, la descentralización político administrativa, la participación ciudadana en la gestión municipal autónoma, y el referendo para ratificar la reforma constitucional, aún sea mediante Asamblea Constituyente.

En temas donde no hubo consenso, como la definición de la nacionalidad o si se denomina poderes o funciones del Estado, la Comisión presentó dos opciones, y tres para definir el carácter del gobierno de la nación, una de las cuales lo concibe como laico.

La Consulta Popular

La nueva Comisión para la Reforma Constitucional establecida por el decreto 323-06, emitido por el presidente Fernández el 3 de Agosto pasado, elaboró el temario sometido esta semana a consideración de la ciudadanía y que será objeto de reuniones municipales que se habían planificado para iniciarse ayer viernes, pero luego aplazadas para esperar que la población conociera del temario propuesto.

La consulta será en base a 77 preguntas que abarcan todos los aspectos fundamentales de la Constitución. Casi todas son preguntas cerradas que para respuestas de sí o no, excepto en el caso de las facultades del Poder Ejecutivo, donde se pregunta cuáles deben ser modificadas y cuáles eliminadas. En varias se presentan diversas opciones, como sobre la reelección presidencial, que se pregunta si debe permitirse una sola, como rige ahora, o con un período alternado o en número indefinido.

En la presentación del cuestionario se dice que no es restrictivo y que “los ciudadanos y ciudadanas pueden formular cualquier otra propuesta sobre cualquier otro tema siempre que lo consideren pertinente”.

Aunque el presidente Fernández ha insistido en reclamar que la reforma la hagan los legisladores electos en mayo pasado, el cuestionario pregunta si debe hacerse a través de una asamblea constituyente. En la misma comisión no hay consenso sobre el método, ya que varios se han manifestado a favor de la constituyente, mientras otros aceptan que la haga una asamblea revisora.

No se especifica si las respuestas serán tabuladas para ver qué predomina, pero se promete que “servirán de referencia para la formulación del Anteproyecto de Reforma”.-