Por Juan Bolívar Díaz

 “No tenía entonces la tierra más que un solo lenguaje y unos mismos vocablos. Mas partiendo de Oriente estos pueblos, hallaron una vega en tierra de Sennar, donde hicieron asiento. Y se dijeron unos a otros: venid, hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y se sirvieron de ladrillos en lugar de piedras, y de betún en vez de argamasa, y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre, cuya cumbre llegue hasta el cielo: y hagamos célebre nuestro nombre antes de esparcirnos por toda la faz de la tierra.

Y descendió el Señor a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Adán, y dijo: he aquí que el pueblo es uno solo, y todos tienen un mismo lenguaje; y han empezado esta fábrica, ni desistirán de sus ideas hasta llevarlas al cabo. Ea, pues, descendamos y confundamos allí mismo su lengua de manera que el uno no entienda el habla del otro. Y de esta suerte los esparció el Señor desde aquel lugar por todas las tierras y cesaron de edificar la ciudad. De donde se le dio a ésta el nombre de Babel o confusión, porque allí fue confundido el lenguaje de toda la tierra: y desde allí los esparció el Señor por todas las regiones.” (Génesis 11, 1-9).

La cita bíblica viene a colación ante la tremenda confusión que caracteriza el lenguaje nacional en relación a la ley No. 87-01 que instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el 9 de mayo del 2001, cuya aplicación está aún pendiente de ser ejecutada 6 años después.

 Pareciera que esa ley es huérfana de padre y madre, que no tiene dolientes, a pesar de que fue el fruto de un amplio consenso logrado tras más de una década de consideraciones, seminarios y negociaciones.

Inicio remoto en 1969
El experto en seguridad social Arismendi Díaz Santana, hasta hace poco primer gerente general del Sistema Dominicano de Seguridad Social, recogió en un libro publicado en el 2004 “Cómo se Diseñó y Concertó la Ley de Seguridad Social”, una documentada fuente para quien quiera conocer del largo proceso.

Se remonta a los más remotos antecedentes, específicamente al 1969, cuando el consultor de la   Organización de Estados Americanos Melvin Knigth diagnosticó la inseguridad social de los dominicanos y dominicanas y propuso reformas estructurales al sistema creado por la ley 1896 de 1947 que instituía la Caja Dominicana de la Seguridad   Social convertida tras la desaparición de la tiranía de Trujillo en el autónomo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

A lo largo de la década del setenta en el país se siguió reclamando una real estructura de seguridad social que superara el legado trujillista ya para entonces maltrecho por los efectos de la politización y la corrupción desatada por las nuevas generaciones políticas.

Asociaciones empresariales y sindicales coincidían en que había que ampliar la cobertura del viejo sistema, incentivados por los contactos e influencias de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, cuyos gerentes vinieron repetidas veces al país.

La reforma de 1978
Un conato de reforma del viejo sistema quedaría expresado en la ley 907, auspiciada y promulgada a la carrera por el presidente Joaquín Balaguer, el 8 de agosto de 1978, es decir la semana anterior de abandonar el poder.

Esa legislación inscrita en los esfuerzos políticos de última hora del veterano gobernante, ampliaba la cobertura de los servicios a la esposa e hijos de los asegurados pero dejaba intacta la añeja estructura del IDSS, cuya autonomía siempre fue subordinada al gobierno de turno, y mantenía a los empleados estatales excluidos del sistema.

También desconocía la realidad de que ya entonces una proporción significativa de los asalariados del sector privado y muchos de las instituciones estatales autónomas y descentralizadas estaban afiliados a empresas aseguradoras.

Con un IDSS progresivamente debilitado, sin capacidad financiera, debido al incumplimiento de los aportes tanto del Estado como de muchas empresas, y con las entidades empresariales y sindicales reclamando una más amplia y mejor cobertura aquella legislación fue letra muerta.

Ya para entonces se extendía el reclamo empresarial por una legislación que superara las limitaciones del sistema para poder suprimir la doble cotización. Las deficiencias del IDSS condujeron a los trabajadores a reclamar seguros privados, pero por ley tenían que seguir pagando al ente oficial, en un círculo vicioso que prevalecería hasta estos días.

Libros Azul y Amarillo
Con el comienzo de los ochenta y al compás de seminarios e influencias   internacionales se incrementaron los esfuerzos por actualizar la seguridad social. Arismendi Díaz estima que una inflexión tuvo efecto en ocasión de un seminario celebrado en Jarabacoa, con participación de todos los sectores involucrados.

Los planteamientos de aquel evento y estudios previos al mismo fueron recogidos por el sindicalista Luis Henry Molina en lo que reconoce como El Libro Azul de la Seguridad Social, que incluye un nuevo proyecto de ley para reformular el sistema. Para entonces, el IDSS, bajo la regencia de la doctora Ligia Leroux, se había involucrado activamente en la promoción de las reformas. Ella convirtió el aporte de Molina en el Libro Azul, cuyo proyecto de ley fue sometido al Senado tres veces por el Presidente Salvador Jorge Blanco, en el período 1982-86, sin que fuera aprobado. Díaz Santana dice en su libro: “Más que una reforma profunda, lo que se planteaba era una simple expansión del viejo sistema para continuar haciendo más de lo mismo, pero en mayor escala”. Se mantenía al IDSS como único asegurador con la población cautiva, ignorando otra vez la creciente privatización de la seguridad social. Para entonces las igualas médicas privadas tenían el doble de los afiliados del IDSS, con mayor aceptación general. No descentralizaba la designación del director general.

El Diálogo Tripartita
Una etapa importante del proceso de reforma de la seguridad social dominicana quedó marcada por el “Diálogo Tripartita”, iniciado con la mediación del rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, tras el retorno al poder de Balaguer en 1986.

En la agenda de ese diálogo, y a partir de 1987, la ampliación del seguro social a todos los trabajadores y sus dependientes quedó marcada como punto número 1. No obstante lo que se conseguiría primero, tras comenzar el siguiente cuatrienio sería la reforma del Código de Trabajo. El consenso logrado para reformular el código laboral, tras arduas negociaciones dejaría claramente establecido el camino para hacer lo mismo con la seguridad social, por lo que se multiplicaron los esfuerzos. Seguían desfilando consultores y especialistas internacionales, como los aportados en 1993 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mientras la Fundación Siglo 21 orquestaba un equipo de especialistas para abordar modificaciones al sistema de seguridad social. Los sacudimientos políticos de la década de los 90 no dejaron el mejor espacio para que fructificara la reforma de la seguridad social pero la abonaron, como un elemento reivindicativo para unos y contencioso para otros.

Los pasos definitivos
Correspondió al presidente Leonel Fernández,  en 1996, crear una comisión tripartita con la encomienda de elaborar un proyecto de ley de seguridad social, presidida por el doctor Rafael Alburquerque, entonces secretario de Trabajo. El resultado no llegaría al Congreso, pues fue considerado una pieza llena de generalidades, que dejaba a la reglamentación del Poder Ejecutivo cuestiones claves. El proyecto generó oposición en diversos sectores, especialmente empresariales, lo que llevó a altos funcionarios del gobierno, como Danilo Medina, Temístocles Montás y Rafael Camilo, a la convicción de que habría que buscar un consenso para reformularlo, tarea que encomendaron a Arismendi Díaz, quien regresaba al país tras unos 7 años de consultoría y asesoramiento en la materia en América Central y Bolivia.

Sería el Senado del período 1998-02, el que aprobaría la ley 87-01. Al proyecto tripartido fueron adicionados otros tres, uno general presentado por un grupo de senadores, encabezados por Dagoberto Rodríguez Adames, y otros dos parciales, de las senadoras Milagros Ortiz Bosch y Ginette Bournigal, y del senador Rafael Abinader. Con las cuatro piezas se inició una ronda de 40 vistas públicas que se extendieron por casi todas las provincias y hasta Nueva York. Para aprobar la ley, los senadores buscaron consenso hasta en los mínimos detalles, con los diversos sectores empresariales, sindicales y profesionales. Al final el texto fue una sumatoria de concesiones, pero instituía un régimen universal, integrador de toda la población, tomando en cuenta al sector público y al privado y totalmente descentralizado

Muy pronto se vió que los intereses sectoriales y la poca voluntad gubernamental para financiar el sistema dificultaban su ejecución. El seguro familiar de salud se inició lentamente en el 2002 en su régimen subsidiado, pero el contributivo que incorpora a todos los empleados formales, públicos y privados, y que debió entrar primero, en noviembre del 2002, ha sufrido 9 aplazamientos.

El 2006 pasó bajo promesa de una “reunión cumbre” para viabilizarlo, lo que vino a ocurrir en diciembre. Entonces se suscribieron nuevos acuerdos de consenso, sobre aspectos polémicos, como el alcance de los servicios, el acceso a los mismos, las tarifas profesionales, y la supresión de la doble cotización.

Los desacuerdos expresados , que mantienen en vilo el inicio del seguro familiar de salud, son expresión de lo que  llaman “La Babel dominicana”, donde los consensos se suceden y se diluyen con asombrosa facilidad.-