Por Juan Bolívar Díaz

Con la juramentación esta semana de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, el gobierno dio un paso positivo que podría compensar la falta de disposiciones concretas para responder a sentidas demandas de instituciones sociales y de organismos internacionales.

La comisión que integra a representantes de la sociedad civil quedó instalada el martes, a tres días de la mayor manifestación realizada en el país contra la corrupción y la impunidad y cuando se criticaba al presidente Leonel Fernández que no se hubiese referido a la corrupción en su presentación ante el Congreso Nacional 2 días antes.

Los comisionados están desafiados a producir acciones específicas en el corto plazo, para lo cual han sido facultados por decreto presidencial, para evitar que el organismo sea uno más entre los muchos creados en los últimos años con participación social, pero que han resultado inoperantes, por falta de real decisión política.

RESPUESTA GUBERNAMENTAL

El gobierno del presidente Leonel Fernández se apresuró esta semana a responder las críticas provenientes de las organizaciones sociales porque en el discurso presidencial ante el Congreso Nacional en la festividad de la Independencia Nacional no hubo la menor referencia al grave problema de la corrupción.

Dirigentes de instituciones como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia habían echado de menos en el discurso presidencial la problemática de la corrupción, privilegiada por las organizaciones sociales dominicanas y por organismos internacionales.

Tal vacío fue más significativo por cuanto el discurso presidencial se produjo al día siguiente de que una Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Foro Ciudadano, que agrupan a más de un centenar de las instituciones más activas de la sociedad civil, hubiesen auspiciado la mayor manifestación contra la corrupción en la historia del país.

Unas cinco mil personas llenaron las graderías y el área central del Club San Carlos para escuchar vigorosos discursos en demanda de que sen traducidos a la justicia y sancionados los responsables de todos los actos de corrupción denunciados y que se dictamine sobre aquellos que han quedado en manos de una justicia lentísima en esa materia.

La concurrencia, que incluyó numerosas delegaciones de Santiago, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Azua y muchas otras ciudades, fue representativa de lo más activo de la sociedad civil dominicana, desde las grandes organizaciones empresariales, hasta juntas de vecinos, pasando por fundaciones, centros académicos, organismos no gubernamentales y religiosos.

Fue una clamorosa demanda de sanción no sólo de la corrupción pública, sino también de la privada, particularmente la referente a las quiebras bancarias que hundieron la economía nacional en el 2003, cuyos procesos están empantanados en los tribunales judiciales.

En lo que pudo haber sido una respuesta a la manifestación, el gobierno convocó a los designados en el decreto 101-05, del presidente Leonel Fernández, fechado el 16 de febrero pasado y que crea la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, como organismo mixto y participativo, integrado por representantes del gobierno, la sociedad civil, y el sector empresarial. El martes 1 de marzo quedaron posesionados.

AMPLIAS FACULTADES

De acuerdo al decreto presidencial, la comisión está integrada por un Consejo Rector y una Unidad Técnica. El primero está presidido por el secretario de estado y asesor presidencial José Joaquín Bidó Medina, e integrado también por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.

Otros cuatro funcionarios gubernamentales e igual número de dirigentes sociales integran la Unidad Técnica. Gustavo Montalvo, en representación del gobierno, es su coordinador. Están también Octavio Líster, director del Depreco, Daniel Omar Caamaño, por la Contraloría General y Julio Aníbal Fernández, de la secretaría de Finanzas.

Por la sociedad civil, el padre Víctor Masalles, representa a la Iglesia Católica, Celso Marranzini, al Consejo de la Empresa Privada, Ramón Tejada Holguín, a la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Foro Ciudadano, y Cristóbal Cardoza, por las iglesias Evangélicas.

Las facultades otorgadas a la Comisión de Etica por su decreto constitutivo son bien amplias: asesorar al Poder Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción y el fomento de la ética y la transparencia; elaborar un plan de acción a partir de propuestas de los distintos sectores sociales; promover la revisión de la normativa relacionada a los temas de su competencia y someter al Poder Ejecutivo propuestas de adecuación; y ejecutar cualquier otra actividad relacionada a su ámbito de acción que sea necesaria para el logro de sus objetivos.

“La Comisión trabajará sobre dos grandes ejes de acción: (i) el fomento de la ética pública; y (ii) prevención y la persecución de la corrupción. Para tales fines se articularán los esfuerzos existentes organizados desde el Estado, la Sociedad Civil y el Sector Empresarial”, indica el Párrafo II del artículo 2 del decreto presidencial.

INICIATIVAS CONCRETAS

Amparada en tan amplias facultades, la Comisión de Etica podría tomar iniciativas concretas atrevidas, que suplan la lentitud gubernamental en poner en marcha lo que se ha denominado como código anticorrupción que en algunos aspectos  amerita legislación, pero en otros puede ser por medio de decretos.

Tales son los casos de una nueva normativa sobre compras y contratación de obras del Estado, fuente tradicional de enriquecimiento ilícito, que ha figurado en el discurso del presidente Leonel Fernández, y está entre los compromisos del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. El Poder Ejecutivo puede ponerla en vigencia por decreto, mientras el Congreso Nacional la convierte en ley.

Otra iniciativa concreta podría ser la fijación de sueldos al personal consular para suprimir el viejo sistema de comisiones que origina nuevos millonarios en los principales consulados. Esta fue prometida por el presidente Fernández en su discurso de juramentación del 16 de agosto pasado. También se puede implementar por decreto, mientras se somete al Congreso un proyecto de ley.

Más simple todavía podría ser que la Comisión de Etica y Combate a la Corrupción diera vigencia al decreto 39-03 del presidente Hipólito Mejía que instituyó las Comisiones de Auditoría Social “como mecanismo propio de la comunidad para la defensa del gasto social que realiza el gobierno a través de la construcción de obras públicas”.

El artículo 2 de ese decreto obliga a las oficinas de construcciones estatales y a las empresas e ingenieros contratados a dar acceso a las Comisiones de Auditoría a los planos, presupuestos, programas de ejecución de obras y cualquier otra información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

El decreto autoriza la creación de una Comisión de Auditoría Social en cada localidad donde se construya una obra pública, con participación de 5 personas de la comunidad.

Mediante la Resolución 01/03, la Procuraduría General de la República, a través de su Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, adoptó un instructivo para la aplicación del decreto 39-03, cuyo primer artículo indica que las Comisiones de Auditoría Social ” son un mecanismo propio de la comunidad, de control y vigilancia de la construcción de obras públicas, cuyo objeto es la defensa del gasto público, fortaleciendo la participación de la sociedad civil, de los ciudadanos y ciudadanas para prevenir, detectar y reducir la corrupción”.

APROBACIÓN CON RESERVAS

En los ámbitos más activos de la sociedad civil se recibió con satisfacción pero también con reservas la institución y juramentación de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción.

Los activistas sociales anticorrupción señalan las frustraciones del  pasado reciente cuando numerosos organismos estatales de participación quedaron en el papel, incluyendo algunos destinados a prevenir y combatir la corrupción. También los desanima el hecho de que el actual gobierno no ha concretado las promesas de campaña y del discurso presidencial para combatir el tráfico consular y practicar la austeridad.

El decreto 149 del 29 de abril de 1998, emitido por el presidente Leonel Fernández constituye en cada dependencia del gobierno las Comisiones de Etica Pública, destinadas a promover la ética y la transparencia y a servir de enlace con el departamento de Prevención de la Corrupción. Siete años después esa normativa duerme el sueño eterno.

En el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía es que más organismos participativos fueron creados, con representación de las instituciones sociales,  incluyendo consejos regionales, provinciales y municipales de desarrollo.

Se creó una comisión para asesorar el gasto social, la que tuvo alguna vigencia temporal. También, mediante decreto 783, del 24 de julio del 2001, se instituyó el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República. Su misión: formular propuestas y elaborar proyectos de leyes, decretos o reglamentos a ser enviados al Presidente de la República “para enfrentar la corrupción”.

Esta comisión, con objetivos similares a la recién creada, y por igual motivada en los compromisos derivados de la suscripción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, estaba presidida por el secretario de la Presidencia Sergio Grullón. Resultó tan inoperante que el movimiento Participación Ciudadana retiró su representante en la misma.-