Por Juan Bolívar Díaz

El discurso inaugural del presidente Leonel Fernández ha sido bien acogido pero se espera que sea completado con una serie de normativas específicas                                            

            El presidente Leonel Fernández pasó con éxito su primera prueba con un discurso de juramentación que despertó esperanzas, al invocar las mejores energías de los diversos sectores sociales, aunque varias de las medidas anunciadas para hacer integral la reforma fiscal están pendientes de concretización.

            El nuevo gobierno agota su primera semana integrando su equipo ejecutivo, extraído de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los grupos políticos que le respaldaron en los comicios presidenciales el cual puede ser considerado una repetición del que rigió la nación en el período 1996-2000.

            Mientras tanto las primeras ejecutorias están encaminadas a dar un respiro a la ciudadanía con un mejoramiento de la oferta energética y la superación de la escasez de gas propano, las dos mayores expresiones del deterioro con que concluyó el gobierno del presidente Hipólito Mejía.

Buena acogida al discurso

            El discurso inaugural del presidente Fernández fue acogido como positivo y esperanzador por la generalidad de la ciudadanía y el liderazgo político y social, incluyendo a dirigentes de los partidos de oposición.

            La ausencia de agrias recriminaciones al gobierno saliente, sin que faltara un crudo balance de la crisis financiera heredada, y el tono grandilocuente del nuevo mandatario magnificaron la pieza oratoria de una hora ante la Asamblea Nacional y una decena de gobernantes de diversas naciones del continente.

            Aunque algunos analistas y dirigentes políticos estimaron que varias de las políticas formuladas por Fernández tendrán que ser concretadas mediante decretos y otras disposiciones administrativas, la generalidad coincidió en dar un voto de confianza al gobierno que se inicia.

            El balance fue positivo, estimándose que el discurso tiende a generar confianza en los diversos actores nacionales y en la representación de la comunidad internacional, lo que se expresó en la ratificación de la tendencia a la baja en la tasa cambiaria sostenida durante las últimas semanas. El jueves el dólar llegó a cotizarse a 40 pesos, dos y medio menos que al cierre del pasado período gubernamental.

            Es relevante que el descenso se mantuvo a pesar de que el precio del petróleo siguió su alocada carrera alcista, aproximándose a los 50 dólares el barril, y aún cuando se acudía al mercado cambiario para la compra del combustible llamado a reactivar la producción energética, que llegó a sus niveles más críticos en el período de transición del gobierno.

            El tono del discurso presidencial y la apelación al conjunto de los dominicanos y dominicanas para echar el país hacia delante y la propuesta de un “Gobierno de Unidad Nacional”, se correspondió con el informe presentado por el presidente Hipólito Mejía el jueves 12, en el cual se manifestó conciliador prometiendo colaboración con las nuevas autoridades en aras del interés nacional.

            Independientemente de las acciones judiciales que pudieran derivarse de las ejecutorias de las autoridades salientes, el presidente Fernández dejó abiertas las puertas a la concertación con los partidos de oposición, al advertir que no alberga ánimo alguno de venganza o de retaliación y que nadie será perseguido por razones de revancha política.

            Lo esencial del discurso se centró en la necesidad de concertar esfuerzos para superar la crisis económica que afecta al país para lo cual esbozó una serie de políticas.

Medidas complementarias

            En la opinión pública nacional se sintió el empeño de alentar al nuevo gobierno y de resaltar las políticas anunciadas, pero con la expectativa de que puedan ser concretizadas en breve plazo, mediante disposiciones administrativas.

            Eso rige en primer lugar para la constitución del “Gobierno de Unidad Nacional que integre en un Consejo Económico y Social a los representantes del sector empresarial, del sector laboral, de la sociedad civil y de las iglesias”.

            Lo mismo cuenta para la planteada reestructuración del gabinete social y la implementación de las políticas sociales. Pareció tímido el inicio con 25 mil familias del programa “Comer es Primero”, destinado a la población que vive en la extrema pobreza.

            Pero donde más se requiere una rápida definición que genere credibilidad es en el programa de austeridad enunciado por el presidente Fernández, llamado a complementar la reforma fiscal propuesta al Congreso Nacional.

            Llamó la atención que no hubo nada concreto frente al reclamo de reducción de la nómina pública, más allá de limitar los subsecretarios de estado a los contemplados en las leyes orgánicas de los ministerios.

            Los propósitos de limitar las compras estatales a lo imprescindible, y de limitar el gasto en pipetas, teléfono, viáticos y dietas y de eliminar los gastos superfluos, tienen que ser concretados en normas específicas si se les quiere convertir en realidad. Igual para evitar el endeudamiento de las instituciones estatales y para suprimir los desproporcionados ingresos de los cónsules.

            Diversos gobiernos, incluyendo a los dos pasados, han planteado políticas de austeridad como la enunciada en el discurso de Fernández, y en los mejores casos han tenido una aplicación muy efímera. Han sido más bien planteamientos destinados a calmar los reclamos de la opinión pública.

            La decisión más importante en orden a la austeridad y la reducción de la corrupción no fue ni siquiera prometida en el discurso presidencial del lunes 16: el establecimiento de una política firme de licitaciones y concursos públicos para las compras y contrataciones de obras del Estado.

            Con esa sola política, que puede adoptarse hasta por decreto, el gobierno se ahorraría mucho más dinero que con todas las medidas de austeridad anunciadas. Además de que operaría como mecanismo de contención de una de las más graves formas de corrupción de la administración nacional.

            Hasta altos funcionarios del nuevo gobierno entienden que en los próximos días el presidente Fernández tendría que concretar en decretos y resoluciones administrativas la política de austeridad, o no pasará de un recurso oratorio para despertar falsas expectativas.

Un equipo repetido  

            El presidente Fernández vuelve al poder con el mismo equipo que lo acompañó en su gestión anterior. En el gabinete la única novedad es la presencia del ingeniero Carlos Morales Troncoso en la secretaría de Relaciones Exteriores. Los demás repiten, muchos de ellos en los mismos cargos. Igual ocurre en las direcciones generales y otros organismos estatales.

            Para no dejar fuera a ninguno de los anteriores, el exsecretario de Obras Públicas Diandino Peña quedó designado en un cargo inorgánico, como Gerente General de un proyectado Metro de Santo Domingo, con rango de secretario de Estado.

            No quedaron fuera ni siquiera los procesados por el Programa de Empleo Mínimo (PEME), con un grueso y pesado expediente de mil 400 millones de pesos, que en casi cuatro años apenas ha pasado de la fase de instrucción, encabezados por Luis Incháusti, designado recetario sin cartera honorífico. Otro, Simón Lizardo, vuelve al cargo de Contralor General.

            Ha llamado la atención la ausencia del exvicepresidente Jaime David Fernández y de sus seguidores. Apenas uno, Haivanjoe Ng Cortiñas, fue designado en un cargo secundario, el de Superintendente de Valores.

            En cambio los reformistas tienen dos representantes en el gabinete, Morales Troncoso y Amílcar Romero, este como secretario de Agricultura, además de Arístide Fernández Zucco, presidente de la Refinería de Petróleo.

            De los partidos aliados resalta la designación de Max Puig, como secretario de Medio Ambiente y de Onofre Rojas para administrar los Fondos Europeos de Desarrollo, ambos de la Alianza por la Democracia. José Francisco Peña Guaba, cabeza del Bloque Institucional Socialdemócrata, fue encargado del Instituto Nacional de Estabilización de Precios. De la Fuerza Nacional Progresista no se había designado a nadie hasta la noche del jueves.

            Entre los nombramientos más ponderados figura el del licenciado Francisco Domínguez Brito como Procurador General, el vicealmirante Sigfrido Pared Pérez como secretario de las Fuerzas Armadas, y el general Manuel de Jesús Pérez Sánchez en la jefatura de la Policía Nacional.

Parches de emergencia

            Desde el primer día de gestión, el gobierno ha tenido que concentrar esfuerzo para poner parches de emergencia en dos de los problemas más acuciantes dejados por la administración precedente: la crisis energética y el suministro de gas propano.

            Con un préstamo de 65 millones de dólares para combustible alentaron a los generadores de electricidad a encender sus plantas, lo que de inmediato se tradujo en una reducción considerable de los apagones. También se incentivó a importadores privados de gas propano a aumentar el suministro, esperándose que en pocos días pueda ser superado el desabastecimiento.

            Lo del préstamo para energía eléctrica es un verdadero parche sobre uno de los problemas más complejos de la nación, que el propio presidente Fernández dijo que pierde entre 20 y 25 millones de dólares cada mes. Eso significa que el paliativo podría tener efecto para apenas unos tres meses, cuando habrá que buscar más recursos, porque se descarta que el enorme enredo energético pueda ser resuelto en corto plazo.

            Pero la mitigación de esos dos problemas ha sido una sabia decisión gubernamental llamada a alentar confianza y mejorar el estado de ánimo de la población que tendrá que ser mejor preparada para que asimile el paquete impositivo en manos del Congreso Nacional, el cual despierta polémicas por carecer de los menores elementos compensatorios de la inflación y recesión de que es contentivo.

            El balance de la primera semana podría sintetizarse en discreta esperanza en la nueva gestión gubernamental.-