Por Juan Bolívar Díaz

            Con el retorno al país del presidente Hipólito Mejía, tras su último viaje a Europa, quedará a prueba, una vez más, la capacidad del liderazgo político nacional para transitar el difícil camino de la concertación en aras del interés nacional.

            Tras la acogida de los partidos de oposición al planteamiento de concertación formulado por el primer mandatario, la bola queda en la cancha del gobierno, que es a quien le corresponde encabezar los esfuerzos y desbrozar los caminos para el entendimiento.

            Es obvio que la elección de la Junta Central Electoral y las presidencias de las cámaras legislativas previstas para agosto tendrán que estar en los acuerdos, lo mismo que el secretario general de la Liga Municipal Dominicana y el proyecto de reforma de la Constitución de la República.

Notable escepticismo

            Aunque el presidente Mejía acompañó su planteamiento de concertación de acciones concretas como la visita a los opositores electos en el Distrito Nacional y Santiago, y a los líderes de los partidos de oposición, es notable el escepticismo con que ha sido acogido.

            El mandatario era el primero convencido de que no bastaba un llamado, sino que tenía que dar pasos concretos. De ahí el acercamiento al líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, de quien se había expresado con extrema dureza en las últimas semanas.

            La visita implicaba una rectificación de Mejía y un reconocimiento al opositor con más posibilidades de encabezar una alternativa presidencial. Por eso hizo muy bien el doctor Fernández en recibirlo complacido y se mostraron “perdidos en el espacio” los dirigentes peledeístas que rechazaron el gesto presidencial.

            Hubo quienes llegaron al extremo de expresarse públicamente contrarios al encuentro, sin que faltara alguno que se negara a estar presente en la reunión Mejía-Fernández.

            Pero es que las relaciones PRD-PLD han sido excesivamente traumáticas. Todo comenzó desde la fundación del segundo partido del profesor Juan Bosch como negación del primero. Pero en las gestiones de gobierno, han sido recíprocamente los más encarnizados opositores. Tanto en el período 1978-86 cuando gobernó el perrededeísmo, como en el 1996-200, cuando lo hizo el partido morado.

            En la actual gestión gubernativa se repite el adagio popular de que “no hay peor astilla que la del mismo palo”, aludiendo a los rencores que suelen dejar las separaciones de quienes antes fueron una misma entidad, aunque sea familiar.

            No faltan razones a quienes creen que el llamado a concertación del presidente Mejía puede ser una pose más, tal vez destinada a ganar tiempo. Pero aún así correspondía a la oposición responder positivamente y dejar que sea el propio mandatario quien desande sus propios pasos.

            Particular razón tienen los peledeístas para desconfiar del llamado presidencial, puesto que el actual gobierno los había mantenido marginados de cualquier género de reconocimiento y búsqueda de acuerdos. No así con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), cuyo líder ha sido erigido como el intelocutor por excelencia.

La agenda pendiente

            La primera dificultad con la que tropezará el propósitlo de diálogo gobierno-oposición es el establecimiento de la agenda. Ella definirá la real actitud de los gobiernistas, quienes tendrán que definir si están dispuestos a aceptar, por ejemplo, la elección de nuevos jueces electorales por consenso.

            Y no es que se pongan al mismo nivel los 29 senadores perredeístas, de los dos reformistas y el único peledeísta. Pero sí que el partido de gobierno muestre disposición a transar con sus opositores, escogiendo jueces electorales que por lo menos no sean abiertamente inaceptables, aunque lo ideal es que sean aceptados por todos.

            Independientemente de los méritos acumulados por los actuales jueces electorales, que fríamente analizados pueden ser considerados como muy altos, el partido de gobierno no puede hablar de concertación sin dejar márgen a la negociación.

            El 80 por ciento del Senado bajo control perredeísta pudo haber tenido razón en 1998 en imponer la Junta Central Electoral de su agrado, dado que el PLD entonces en el gobierno, le compró un grupo de sus diputados para privarlos de la presidencia de la cámara.

            También tuvo razón en responder al gobierno del PLD que designó una nueva Cámara de Cuentas sin consultar a la principal fuerza de oposición.

            Pero en la actual coyuntura, casi todo el poder del Estado se encuentra en manos perredeístas. Son éstos quienes tienen que moverse para convencer a sus opositores de que van por el camino correcto, sin trampas ni encerronas.

            Sobre ellos recaerá la mayor cuota de responsabilidad en una nueva frustración del sentimiento nacional que reclama acuerdos entre sus líderes políticos para el salto cualitativo a la solución de problemas tan viejos y agobiantes como el de la energía eléctrica, o para legislaciones por tanto tiempo debatidas como la del código monetario y financiero, para abordar las reformas arancelarias pendientes y para la reforma de la Constitución.

Seguramente el presidente Mejía colocará en la agenda para la concertación la elección de los bufetes directivos de las cámaras legislativas, dado que de antemano ha expresado su disposición a dejar la Cámara de Diputados en manos reformistas, al igual que la Liga Municipal Dominicana.

La pregunta del millón es qué ofrecerán al PLD como expresión contundente de su reconocimiento y respeto. Ahí es donde tendría que entrar la JCE, dado que los peledeístas no aspirarán a la presidencia de ninguna de las cámaras ni mucho menos a algún puesto en el gabinete.

Tendrá el PRD y su gobierno que contempar la posibilidad de consensuar en torno a la reforma constitucional. Al respecto es difícil que puedan encontrar una fórmula más equitativa y viable que la pactada por los tres partidos mayoritarios en septiembre pasado, con la firma de sus líderes y con el presidente Mejía como testigo.

Tan solo con que los legisladores del PPH insistan en su pretensión de reformar la constitución a la carrera y sin consultar siquiera con su propio partido ni con el presidente, estarán decretando una inflación del excepticismo.

Un buen precedente

Más allá de los desacuerdos en el liderzgo político, hay un año que dejó un balance positivo en la búsqueda de consenso. Se trata del 1997, cuando los partidos mayoritarios lograron ponerse de acuerdo aprobar la lay de reforma de la empresa pública, para elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia y para realizar una reforma a la ley electoral.

Esta última incluyó la institución de las circunscripciones electorales y el voto preferencial para elegir diputados y regidores, el voto de los dominicanos en el exterior, la cuota femenina en los cargos legislativos y el financiamiento a los partidos políticos.

En junio fue promulgada la ley de reforma de la empresa pública, previa concertación de los partidos mayoritarios para su aprobación. En agosto fue la elección de los jueces supremos y en diciembre la promulgación de la reforma a la ley electoral, con el número 275/97.

Aunque el 1997 había comenzado negativamente cuando los partidos mayoritarios no pudieron lograr acuerdos para las reformas fiscales y el presupuesto de ingresos y gastos públicos, en septiembre las perspectivas eran tan buenas que se llegó a hablar, por primera vez desde 1990, de la posibilidad de una alianza PLD-PRD.

Se dieron pasos tan concretos como una reunión entre Vicente Sánchez Baret y Temístocles Montás. Pero el líder perredeísta José Francisco Peña Gómez planteó que era improcedente una alianza de dos contra uno y que había que concertar también con el Partido Reformista Social Cristiano.

El año concluyó de mala manera cuando el 18 de noviembre el PRD dio por rotas las conversaciones que sostenían los tres partidos mayoritarios con la mediación de Monseñor Agripino Núlñez Collado, acusando al gobierno de haberse desinteresado por la concertación.

El mismo dío el presidente Leonel Fernández convocó el Díalogo Nacional, dirigido especialmente a la sociedad civil, y como respuesta a la retirada perredeísta. Ello sellaría la distancia entre los dos partidos que se ha mantenido y ampliado en los años subsiguientes.

Entre los factores que hicieron posible la concertación de 1997 estuvo destcadamente la presencia de Peña Gómez, quien toda su vida fue un persistente partidario de la concertación y los amarres, aún entre fuerzas políticas muy disímiles, mucho más con el PLD, a quien consideraba cercano por su orígen.

Peña Gómez se disputó con el presidente Fernández el liderazgo en los planteamientos de diálogo y concertación. Entre sus propuestas de 1997 estuvieron la de una “negociación patriótica para convertir las elecciones de 1998 en una plataforma de lanzamiento de nuestro país hacia las cunmbres de la modernidad”.

Propuso entonces que conjuntamente con los síndicos, senadores y diputados se eligieran los integrantes de una asamblea nacional constituyente, con el previo compromiso de los partidos “para una agenda limitada de reformas constitucionales y otras de carácter legal que aseguren el perfeccionamiento de nuestras instituciones y el progreso social y económico de la sociedad”.

Peña Gómez no está ahora, pero la iniciativa está en manos del presidente Hipólito Mejía, quien cada vez más aparece en control de los mecanismos del PRD. De él y de su coherencia depende fundamentalmente la iniciativa de concertación. Su éxito o su fracaso.-