Por Juan Bolívar Díaz

En ámbitos internacionales y de derechos humanos estiman urgente un esfuerzo para contener el deterioro de las relaciones domínico-haitianas, mientras se espera una condena al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

             Los asesinatos en los últimos meses de por lo menos una docena de haitianos, en su mayoría con saña y alevosía, deportaciones masivas y un ambiente de persecución que invade hasta los medios de comunicación indican un preocupante deterioro de la convivencia entre las dos naciones que comparten la isla.

            Tanto en Haití como en ámbitos internacionales se expresan preocupación y denuncias que hieren la hipersensibilidad dominicana, lo que ha provocado esta semana una llamada para consultas al embajador en Puerto Príncipe, mientras se espera una condena al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

            Más que alarmarse por una realidad reflejada en los periódicos dominicanos, las autoridades nacionales deben reactivar las negociaciones bilaterales y abocarse a buscar soluciones de fondo a partir de la puesta en vigencia del Consejo Nacional de Migración que según la ley establecería un Plan Nacional de Regularización Migratoria.

Creciente deterioro 

            A partir del 9 de mayo, cuando la comerciante dominicana Maritza Núñez fue muerta y su esposo Domingo Luzón quedó herido durante un asalto atribuido a dos haitianos en Hatillo Palma, Montecristi, se registra lo que algunos consideran como el peor momento en las relaciones entre las dos naciones de la isla después de la matanza de 1937 dispuesta por el tirano Rafael Trujillo.

            Las tensiones en las relaciones bilaterales han sido constantes en la historia, pero generalmente se expresaba en las altas esferas políticas y en deportaciones masivas de inmigrantes haitianos indocumentados. Tales fueron los casos de la década del noventa, cuando el régimen de Joaquín Balaguer explotaba el antihaitianismo como forma de enfrentar las aspiraciones presidenciales de José Francisco Peña Gómez, mientras Jean Bertrand Aristide hacía demagogia con el trato dominicano a los trabajadores de su país.

            Pero los discursos oficiales y los prejuicios reflejados en los medios de comunicación no bajaban a los pueblos y en la región fronteriza se mantenían vigentes el intercambio comercial y hasta cierto género de solidaridad.

            Tras la agresión a la joven pareja de Hatillo Palma, en esa y otras comunidades fronterizas, desde Montecristi, por el noroeste, hasta Elías Piña en el centro y Pedernales en el suroeste se han producido actos de agresión contra inmigrantes haitianos que se han extendido a otras zonas como Santiago, Moca y hasta el extremo oriental Higuey.

            Paralelamente se registra en los medios de comunicación de las dos naciones, una creciente hostilidad y rechazos mutuos. En el caso dominicano hay expresiones típicas de xenofobia, aunque la generalidad las considera legítimas preocupaciones ante el incremento sostenido del flujo migratorio haitiano. Las denuncias reflejadas en los medios de comunicación de Puerto Príncipe son percibidos aquí como expresión de antidominicanismo o intento por desacreditar al país.

            Las tensiones han llegado tan lejos que activistas defensores de los derechos humanos, incluyendo a sacerdotes encargados de la pastoral católica para los inmigrantes, como Pedro Riquoy y Christopher Hartley, han sido amenazados y considerados enemigos de la nación, llegándose a pedir su deportación.

            Recientemente, hasta dirigentes sociales haitianos que han trabajado por el entendimiento entre las dos naciones, han expresado públicas y privadas preocupaciones por las tensiones, sin que en los altos niveles se advierta un interés por contenerlas.

Barbaridades a la vista

            En los periódicos dominicanos hay registros de los asesinatos de por lo menos 16 haitianos tras la muerte de la dominicana Núñez en Hatillo Palma. Los de Olaní Pie y Vitelio Charles, por una turba de esa misma comunidad, y la de Solano Pie y Pitel Chele en una finca de Villa Vásquez, pueden tener explicación en una irracional venganza. Aunque de ninguna forma pueden justificarse los asesinatos, y menos el del pastor adventista Charles, quien tenía más de 20 años ejerciendo su ministerio y era conocido y estimado en la comunidad.

              Diario libre informó que el 12 de mayo fueron hallados baleados los cadáveres de dos haitianos en la carretera Santiago-Tamboril. El Nacional del 23 de mayo cuenta la muerte a palos y cuchilladas de los hermanos Lilian y Ana Luz Pierre, en la avenida Manolo Tavárez de Puerto Plata; el mismo diario informa el 30 de Junio la muerte de Daniel Pie en Comendador, Elías Piña. Otros dos cadáveres, sin documentación pero de facciones haitianas, fueron encontrados debajo de un puente en Jamao al Norte, provincia Espaillat el 27 de septiembre.

            Los casos más bárbaros fueron la quema de tres jóvenes haitianos en plena capital, sector Mirador Oeste, en la madrugada del 16 de agosto; el de Jean Claude Dot, a quien le cercenaron la cabeza mientras dejaban herida a su esposa Vilna, con 5 meses de embarazo, en la finca de Luciano Matos en Los Arroyos, Pedernales; y el una niña haitiana de 7 años, violada y descuartizada en la finca arrocera de Juan María Genao, en Jicomé, Esperanza. Daniel Pie

            El más relevante e impactante fue el triple asesinato de los jóvenes Pablo Marcos, Willie Pie y Gilbert Dominique, de 19, 20 y 22 años de edad, rociados con amoníaco y quemados. Murieron entre 4 y 7 días después tras terrible agonía en un hospital capitalino. Un cuarto, que logró escapar a la atrocidad, Bernius Pierre, testimonió que entre sus agresores había uno vestido de policía y con arma de fuego.

            Lo peor es que las autoridades dominicanas no se inmutaron hasta que el gobierno haitiano protestó el hecho. Fue el 25 de agosto cuando el Jefe de la Policía designó una comisión para investigar esa barbarie, y hasta la fecha nada se ha informado al respecto. El caso tuvo mucha difusión internacional, dañando la imagen del país.

Una inminente condena  

            Con esa cadena de asesinatos, más deportaciones masivas e indiscriminadas que alcanzaron a unos 53 dominicanos en mayo, y la admisión por el propio Presidente Leonel Fernández el 23 de junio, de que las repatriaciones de haitianos se hacían “en forma abusiva e inhumana”, no hay por qué sorprenderse de las denuncias internacionales.

            Una colección de titulares de periódicos dominicano sustentan las denuncias de abusos: Arrasan casuchas haitianos en Hatillo (El Nacional 11 de mayo); Repatriación lleva caos a familias (HOY, 18 de mayo); Arrestan y desvalijan haitianos (HOY, 26 de mayo); queman viviendas haitianos, hieren varios (HOY, 5 de agosto); Dominicanos hieren haitiano en Jaibón (Diario Libre, 8 de agosto); Xenofobia en barrios de la Ciudad Corazón (El Caribe, 17 de junio); Fadul: Gobierno trata de deshaitianizar el país (Listín Diario, 11 de Junio); Dominicanas se sienten expulsadas ”ilegales” El Caribe, 18 de mayo) Sobreviviente narra cómo quemaron haitianos (El Nacional, 25 de agosto).

            Nadie ha dado una cifra de los deportados en los últimos meses, pero se cuentan por millares. En un documento del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas y del Comité Dominicano de Derechos Humanos, se citan declaraciones del director de Migración, Carlos Almarante Baret, recogidas por HOY y Listín Diario, del 20 y 22 de abril, donde afirma que en su gestión habían expulsado más de 15 mil haitianos. En 8 meses que llevaba en el cargo, eso implicaba casi 2 mil mensuales y 62 por día.

            En cualquier parte que se publiquen informaciones como esas, se produce escándalo con repercusiones internacionales. Sólo hay que recordar la difusión que tuvo la muerte de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez en España a finales del siglo pasado. Hace cuatro meses cuando un inmigrante dominicano mató a un ciudadano español, en Madrid, y jóvenes madrileños comenzaron a perseguir dominicanos, las autoridades intervinieron enérgicamente para contener las venganzas.

            El escenario internacional podría tornarse más adverso en los próximos días cuando se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita sentencia en relación al caso de dos niñas nacidas en el país de ascendencia haitiana a las cuales se les ha negado la inscripción de nacimiento.

            Se da por hecho que la Corte ratificará el dictamen de primer grado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado dominicano por violación de los derechos de las niñas. La sentencia sería ya inapelable y obligatoria por cuanto el país es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana el 25 de marzo de 1999, justamente en el anterior gobierno del presidente Fernández.

Urge rectificar el rumbo

            Ante los informes de crecientes denuncias de malos tratos a haitianos, el gobierno llamó para consultas al embajador en Puerto príncipe, el economista José Serrulle. Fuentes bien informadas aseguran que no hay alarma en la cancillería dominicana y que las relaciones con las autoridades haitianas se mantienen en buenos niveles, pese a las tensiones, incluyendo las directas del canciller Carlos Morales Troncoso con el primer ministro haitiano Gerard Latourtue.

            El departamento de Relaciones con Haití lo dirige el embajador Inocencio García, quien fue ministro consejero de la embajada en Haití entre 1996 y 2000 y tiene buenas relaciones con autoridades de la vecina nación y es un funcionario que no se deja dominar por pasiones.

            Dirigentes sociales dominicanos que siguen la situación estiman que el gobierno tiene que cambiar el rumbo y buscarse soluciones de fondo a partir de la reactivación de las negociaciones en la Comisión Bilateral instituida en la anterior gestión del presidente Fernández y puesta en vigencia del Consejo Nacional de Migración, llamado a establecer una política nacional y un Plan Nacional de Regularización Migratoria, según la ley 285-04 del 15 de agosto del 2004.      

            El Consejo fue convocado por primera vez en julio pasado, sin que haya trascendido si está activo. Debería presentar el Plan de Regularización en un plazo de 90 días. Su Reglamento debió dictarse en un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la ley, mismo que venció en febrero.

            Lo indiscutible es que urge pasar a las negociaciones y regulaciones migratorias, para ordenar las deportaciones y evitar tensiones que de seguir en incremento pueden originar situaciones indeseables para la imagen del país. En otras palabras, cambiar el discurso agresivo por las políticas racionales.-