Por Juan Bolívar Díaz
Para transparentar el financiamiento estatal a las ONG, sean de legisladores o no, sólo hay que aplicar la ley 122-05 fruto de muchos años de diálogos y consensos
Todo lo que hay que hacer en relación con el financiamiento estatal a las organizaciones sin fines de lucro, también llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), es aplicar la ley 122-05, promulgada el año pasado y que aún espera por su correspondiente reglamento.
El debate sobre las ONG de los legisladores se viene repitiendo cada año al discutirse el proyecto de presupuesto sin que se haya avanzado en su transparencia mientras se utiliza el caso como mecanismo de negociación para que los legisladores acepten intereses presupuestarios del gobierno.
Son 3 mil 649 las ONG financiadas en el presupuesto del 2006, de las cuales 576 pertenecen a legisladores, el 16 por ciento del total, con una asignación de 355 millones 200 mil pesos equivalentes al 27 por ciento de los 1,301 millones 56 mil pesos destinados a las mismas.
Un debate repetido
Como en muchos otros aspectos el relacionado con las subvenciones de las ONG de los legisladores es un debate repetido, que se viene produciendo hace por lo menos tres años cada vez que se discute el presupuesto nacional.
Esta vez el escarceo comenzó temprano, cuando el titular de la oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), doctor Guarocuya Féliz, advirtió que el presidente Leonel Fernández instruyó para que se elimine el financiamiento a esas entidades en el proyecto de presupuesto para el 2007 que la institución a su cargo elabora.
Las reacciones de los interesados no se ha hecho esperar y algunos reclaman que en la disposición se incluyan también las ONG correspondientes a funcionarios gubernamentales y otros dirigentes políticos. Tal vez con la esperanza de que, al igual que en los años anteriores, todo se quede en un tira y hala o aprieta y afloja, al tenor de negociaciones políticas subterráneas.
En diciembre del año pasado se llegó a anunciar que el gobierno había excluido del presupuesto del 2006 nada menos que a más de 960 ONG apadrinadas por legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, que para esos días bregaban por concretar una alianza para los comicios de este año.
En la cifra había exageración y el tono político dividió hasta a la propia bancada del partido de gobierno, donde los diputados Lidio Cadet e Isabel Bonilla rechazaron la exclusión “a menos que demuestren al país que ha habido alguien que ha usado esos recursos de manera indebida y contraria al bien social”, como indicó el primero.
Diputados perredeistas y reformistas reaccionaron denunciando que hasta funcionarios con cuentas pendientes en la justicia tenían ONG financiadas por el Estado, refiriéndose concretamente a la Fundación Félix Bautista y en otro aspecto a la Fundación Juan Bosch. El reformista Máximo Castro Silverio denunció persecución contra la oposición.
El proyecto de presupuesto fue sometido a estudio de una comisión bicameral y no tardó mucho tiempo en que lograran “consenso” con los funcionarios gubernamentales. Se dijo que a cambio de alguna flexibilidad para aprobar el proyecto del gobierno que incluía una partida de 1,835 millones de pesos para el discutido metro de Santo Domingo que se había iniciado meses antes sin previa aprobación congresual.
Como este año el partido de gobierno controla las dos cámaras, no precisaría ese tipo de negociación, por lo cual tendría más posibilidades de aprobar su presupuesto, aunque tenga que sacrificar a legisladores oficialistas y funcionarios que también apadrinan o poseen entidades financiadas por el Estado.
Ni tanto ni tan poco
La suma que quedó consignada en el presupuesto de este año para las instituciones sin fines de lucro asciende a 1,301 millones 56 mil pesos, que en relación al total del gasto público previsto, de unos 250 mil millones de pesos, es apenas el medio por ciento.
Con esa suma se financian 3,649 ONG de todas las categorías y orígenes, incluyendo muchas que tienen merecido reconocimiento por los servicios que prestan, especialmente a los más pobres. Entre ellos se cuentan los de rehabilitación de discapacitados y de drogadictos, oncología, cardiología, planificación familiar, educación, deportes, iglesias y muchos otros.
De ellas 332 corresponden a diputados y 244 a senadores que suman 576, para un 16 por ciento. Recibirían este año 355 millones 200 mil pesos, que es el 27 por ciento del financiamiento estatal a las ONG.
Las subvenciones a entidades de los legisladores se canalizan por la secretaría Administrativa de la Presidencia a la cual se le asignaron este año 558 millones 664 mil pesos a ser distribuidos entre 1,545 ONG, el 42 por ciento del total. En julio passado las 576 de legisladores recibieron 29 millones 600 mil pesos, el 70 por ciento de lo canalizado por esa cartera. El 23 por ciento fue entregado a “instituciones independientes” y el 7 por ciento restante a “instituciones supervisadas por CONANI”.
De estas cifras se infiere que casi las tres cuartas partes (73 por ciento) del subsidio estatal a entidades sin fines de lucro no corresponden a legisladores, lo cual implica que el problema es más que político y amerita soluciones racionales, ponderadas, sin mezquindades partidarias.
Las demás secretarías de Estado canalizan este año las subvenciones de 2 mil 103 entidades sociales, el 58 por ciento. Educación, Deportes y Salud encabezan con 692, 387 y 310. Entre ellas hay colegios, consultorios y servicios de salud, clubes deportivos, etc. La Secretaría de la Juventud canaliza subvención a 270, la de la Mujer a 122 y Cultura a 104.
Revisar las subvenciones
Es criterio generalizado que la mayoría de las ONG de los legisladores son para canalizar recursos que se distribuyen en base a prácticas clientelistas. Muchas prestan reales servicios de salud y hasta alimentación, pero como forma de hacer proselitismo, por lo que no tienen que ser financiadas del presupuesto nacional. En todo caso esas son labores correspondientes a múltiples organismos especializados del Estado.
Una proporción de las ONG auspiciadas por legisladores podría pasar criterios de racionalidad y equidad que se aplican a muchas de las otras entidades sociales del país. Bajo un esquema rígido tendrían que se excluidas del presupuesto, pero habría que hacer lo mismo con una mayoría de las 3 mil 649 subvencionadas este año para que la acción no se quede en el ámbito de la mezquindad partidista.
También hay casos en que las entidades son simples pantallas para recaudar dinero que se utiliza a discreción para retribuir partidarios y en las campañas electorales cada vez más costosas. Identificar estas no es una tarea fácil en un país de tan poca transparencia, pero puede y debe hacerse.
El camino más expedito para revisar las subvenciones está trazado en la Ley 122-05 promulgada el año pasado “Para la Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro”, pero cuyo reglamento aún no ha sido promulgado.
La legislación que sustituyó una ordenanza de la ocupación norteamericana de principios del siglo pasado, fue fruto de diálogos y concertaciones que se extendieron por 15 años, en las que participaron relevantemente tanto los organismos públicos como múltiples instituciones sociales interesadas en el ordenamiento del sector.
Si esa ley fue aprobada se debe en gran medida al esfuerzo de concertación que impulsaron redes de las organizaciones sociales más reconocidas, como las centenares que se agrupan en el Foro Ciudadano, en su gran mayoría sin financiamiento estatal y sin aspirar a conseguirlo, y en la Alianza ONG e Insalud, que agrupa a muchas entidades que tienen subvención del Estado por los servicios que prestan.
Desde la promulgación de la ley en abril del 2005 se inició un esfuerzo para consensuar el reglamento, encabezado por ONAPLAN que consultó y aceptó modificaciones propuestas por las entidades sociales. El documento está en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Mandatos de la ley
Independientemente de lo que diga el reglamento pendiente, la ley 122-05 contiene normativas que pautan el financiamiento estatal a las instituciones sin fines de lucro, definidas en su artículo 2 como “el acuerdo entre cinco o más personas físicas o morales, con el objeto de desarrollar o realizar actividades de bien social e interés público, con fines lícitos y que no tengan como propósito u objeto el obtener beneficios pecuniarios o apreciables en dinero para repartir entre sus asociados”.
La legislación establece una amplia clasificación de entidades sociales, pero en su artículo 15 indica que “Sólo las asociaciones de beneficio público o de servicio a terceras personas y los programas de beneficio público o de servicio a terceras personas que desarrollen las asociaciones mixtas u órganos interasociativos, podrán ser consideradas para recibir fondos públicos del presupuesto nacional a través de contratos de servicios, convenios de gestión, apoyo a programas y proyectos, después de haber cumplido un año de incorporación”.
El capítulo VI de la ley crea un Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, bajo la presidencia del Secretario Técnico. La Oficina Nacional de Presupuesto tiene la primera vicepresidencia y la secretaría descansa en la ONAPLAN. La Procuraduría General, la Contraloría y la oficina de Administración y Personal completan 6 responsables oficiales, a los que se deben sumar 5 en representación de la sociedad civil.
Entre sus funciones está recomendar al Poder Ejecutivo las que deben ser financiadas “mediante contratos de servicios, convenios de gestión, apoyo a programas y proyectos”. Para recibir subvenciones se establecen una serie de requisitos, que incluyen la presentación de informes de sus actividades, proyectos y presupuestos con estados financieros auditados, entre muchas otras previsiones llamadas a la transparencia y la eficiente inversión de los recursos públicos.-