Por Juan Bolívar Díaz

Han sido bien ponderadas las actuaciones del presidente y la vicepresidenta de la República y del nuevo presidente del Senado en relación a las pendientes reformas de la Constitución y convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Esas expresiones de madurez política están llamadas a garantizar la institucionalidad democrática y a evitar nuevas incertidumbres que en nada benefician a la nación, así como a promover el clima de confianza en las autoridades que se precisa para sortear las dificultades impuestas por la recesión económica internacional.

Independientemente de esos alientos, las instituciones sociales y la opinión pública en general tienen que mantenerse alertas para combatir todo intento regresivo, particularmente la repartición partidista replanteada por el ex-presidente Joaquín Balaguer

Desempeño alentador          

Después de las incertidumbres y desconfianzas incubadas desde diciembre con los intentos de reformas constitucionales al vapor, con auto-prolongación de período incluida, ha resultado alentadora la forma en que el Poder Ejecutivo ha contenido a los legisladores.

En marzo, cuando los afanes constitucionalistas estaban a todo vapor, el presidente Hipólito Mejía los frenó designando una amplia comisión especial, integrada por los partidos reconocidos, los ex-presidentes de la República, por dirigentes de 18 instituciones sociales y una docena de personalidades independientes, además de los presidentes de la Suprema Corte, la Junta Central Electoral y el Consejo Nacional de Reforma del Estado.

Una vez que la comisión entregó sus propuestas, el primer mandatario dispuso que fueran enviadas a los partidos para la búsqueda de consenso, lo que pareció redundante, ya que estos habían participado en su elaboración. Pero la nueva disposición presidencial tuvo la virtud de acabar de liquidar los afanes constitucionalistas de legisladores que pretendían pasar por encima de sus propios partidos y del conjunto de la sociedad.

Entre los asuntos relevantes de la semana que concluye está el que el senador por Santiago Rodríguez, Darío Gómez, volvió a fracasar en el intento de introducir un proyecto para sancochar la reforma constitucional. Desde finales de febrero se ha venido dando por hecha la reintroducción del proyecto y hasta su aprobación.

Sin embargo fue tan contundente y generalizado el rechazo a la forma en que el Senado aprobó en diciembre un proyecto de ley para reformar la Constitución, que ha resultado imposible obtener nuevamente la tercera parte de alguna de las cámaras legislativas, necesaria para introducir el proyecto, según el artículo 116 de la carta magna.

Intento liquidado

Tanto en marzo pasado como esta semana, el senador Gómez ha tenido que conformarse con entregar copias de su anteproyecto elaborado por él, con el concurso de una hija estudiante aventajada de derecho, según propia confesión.

Debe dársele crédito a las declaraciones sobre el particular no sólo del presidente Mejía, sino también de la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, del nuevo presidente del Senado, Andrés Bautista, y del presidente del Partido de gobierno, Hatuey de Camps. Este último ha enfrentado en diversos ámbitos los intentos de reformas al vapor, denunciando como intento de golpe institucional la pretendida prolongación del período legislativo.

Se ha advertido desde el principio que la ilusión de la prolongación es la cinta adhesiva que une a legisladores de todos los partidos, y que sin ella es imposible conseguir los dos tercios de la asamblea necesarios para aprobar cualquier reforma constitucional.

Aún con la compensación de los dos años adicionales, tal reforma está condenada al fracaso enfrentando, como hasta ahora, no sólo a la opinión pública y la sociedad civil, sino también a los organismos de dirección de los partidos mayoritarios.

Con un frente de oposición tan amplio, que incluye a casi todos los medios de comunicación, es más que imposible realizar una reforma constitucional. Y de lograrse, crearía una crisis institucional y un estado de incertidumbre tan graves que afectaría la gobernabilidad.

El propio presidente Mejía, la vicepresidenta Ortiz Bosch y de Camps han admitido que una reforma con prolongación atentaría contra la institucionalidad democrática y sembraría el desconcierto en la sociedad dominicana, acostumbrada hace tiempo a la búsqueda de consenso hasta para las más elementales reformas.

Ha pesado también contra el intento el hecho de que la última auto-prolongación de período electivo que se recuerda ocurrió en 1928, con el presidente Horacio Vásquez, y creó las condiciones para el golpe de Estado que originó la tiranía de Trujillo.

Como están las cosas, no se ven posibilidades de que prospere una reforma constitucional sin que el presidente Mejía decida sobre las propuestas formuladas por su Comisión Especial.

 Por de pronto, el senador Bautista contribuyó a liquidar el intento, al considerar improcedente que se conozca un proyecto de ley, antes de que el presidente dé curso a la propuesta de los comisionados. Y confirmó que Darío Gómez no había podido conseguir las diez firmas de senadores requeridas para reintroducir su proyecto.

 Por su parte Hatuey de Camps volvió a advertir la disposición de la Comisión Política perredeista de expulsar a todo legislador que promueva el absurdo de la prolongación del período, sin la cual el intento está muerto.

El gancho de Balaguer

 El presidente Mejía se anotó otro punto cuando evadió el gancho que le lanzó el ex-presidente Balaguer urgiendo la convocatoria del Consejo de la Magistratura, pero induciendo a una repartición partidaria de los tres miembros faltantes en la Suprema Corte de Justicia, en lugar del dimitente Bernardo Fernández Pichardo (desde su elección en agosto de 1997), y de los recién fallecidos Julio Campillo Pérez y Juan Guilliani Vólquez.

 Llamó la atención que Balaguer aprovechase la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, quien fuera a entregarle el anteproyecto de reforma constitucional, para urgir a la convocatoria del Consejo de la Magistratura.            Sorprendiendo a su interlocutor el caudillo reformista le dijo: “yo estoy de acuerdo con que sea un perredeista que vaya ahí, que sea muy bien ponderado, ecuánime y conocedor de su materia”. Y como si hubiera querido ocultar intenciones, el zorro político dijo que “no tengo candidato propio ni nada de eso”.

Al día siguiente, antes de partir de Buenos Aires, de regreso al país, el Presidente de la República convino en la urgencia de convocar el Consejo de la Magistratura, para escoger los tres nuevos jueces supremos, pero advirtiendo que no deben ser militantes políticos, y que él favorece una activa participación de la sociedad civil en la elección.

Mientras la vicepresidenta Ortiz Bosch favorecía una concertación política para elegir los jueces con participación de mayorías y minorías, de acuerdo al espíritu de la ley.

 De esa manera los dos primeros ejecutivos evadían la propuesta de Balaguer, quien sí tiene candidato. Desde 1997 propuso al doctor Pedro Romero Confesor, su último consultor jurídico y entonces miembro del directorio central del PRSC.

 Como entonces prevaleció el criterio de que los dirigentes políticos no deben ser escogidos como jueces, el doctor Romero Confesor se marginó de las actividades partidarias, renunciando a formar parte de cargos políticos. El notable abogado de Bonao fue participante activo de la Comisión Especial para la reforma constitucional.

La posición del Presidente Mejía tenderá a inducir confianza en diversos sectores sociales preocupados por los intentos de revocar los avances logrados en la independencia judicial a partir de la elección de la actual Suprema Corte de Justicia.

Justamente a comienzos de la semana el Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, integrado por reconocidos empresarios y abogados, reclamó una pronta elección con “respeto a la carrera judicial”, con la adopción de una metodología de trabajo adecuada, y “garantía de transparencia absoluta del proceso”.

La FINJUS recordó el “precedente correcto”de 1997, que “puede ahora mejorarse, con aún mayor transparencia y participación de los ciudadanos”. Hace 4 años se permitió a las instituciones sociales nominar candidatos y candidatas y 12 de los 16 escogidos figuraron entre los más nominados por la sociedad civil.

Ese precedente ha trascendido las fronteras nacionales y ha sido citado como ejemplo en numerosos eventos internacionales. Recientemente jueces peruanos apelaron al movimiento Participación Ciudadana en busca de información sobre el proceso de 1997, ya que tienen pendiente una reorganización de la Corte Suprema y estiman que pueden seguir el mismo procedimiento.

Aquí no han faltado quienes consideren que la doctora Margarita Tavares y el doctor Hugo Alvarez Valencia, ambos sobre el límite de edad de 75 años, deberían renunciar ahora a la Suprema Corte, acogiéndose a la ley de carrera judicial y quitando así un pretexto a quienes han reclamado una reforma constitucional para eliminar lo que consideran como “jueces vitalicios”. En ese caso habría que elegir cinco nuevos jueces.

Los recién fallecidos Campillo y Guilliani pasaban también del límite para el retiro, que la misma Suprema Corte dictaminó que no se le podía aplicar a ellos, por la no retroactividad de las leyes, dado que su elección precedió la aprobación de la ley de carrera judicial.

Ello no impide, sin embargo, que aquellos que pasan de los 75 años sienten un precedente y se acojan al espíritu de la ley, con lo que además taparían la boca a quienes aducen que el dictamen de no retroactividad está viciado por el principio de que no se puede ser juez y parte a la vez.

Para la elección de los nuevos jueces lo primero es constituir el Consejo de la Magistratura, para lo cual las dos cámaras legislativas como la misma Suprema Corte tienen que elegir su segundo representante, junto a sus respectivos presidentes. Y ahí el PRD y el gobierno tienen que dar el primer ejemplo, desechando la tentación de escoger un aliado como delegado por el Senado.

Esa representación corresponde al Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la segunda mayoría, y por estar en la oposición. En la cámara alta, donde la presidenta es reformista, el otro delegado debe corresponder al PRD o a uno de sus aliados. Así los perredeistas tendrían tres delegados, (el presidente Mejía, el presidente del Senado y un diputado), el PLD y el PRSC uno cada uno, y la Suprema Corte los dos restantes.

Y como la elección debe ser pública y transparente, como en 1997, todos sabrían a que atenerse.-