Por Juan Bolívar Díaz

Ni la mediación del presidente Mejía y el presidente del Senado han fructificado, mientras el calendario de trabajo para los comicios del 2004 está siendo afectado                                    

            La Junta Central Electoral (JCE) quedó esta semana virtualmente paralizada a consecuencia de la rebelión de su presidente, el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, contra la ley que la dividió en dos cámaras y el enfrentamiento que protagoniza con los otros 8 jueces electorales.

            La posición del doctor Morel Cerda es tan rígida e irracional que no ha cedido ni ante las propuestas del presidente Hipólito Mejía ni ante la mediación del presidente del Senado, Andrés Bautista, ambos conscientes de la conveniencia de resolver el conflicto tanto por razones de la organización electoral, como para disipar uno de los elementos que contaminan el ambiente nacional.

            Todavía hay tiempo suficiente para organizar los comicios presidenciales señalados para mayo del año próximo, ya a menos de 11 meses, pero la parálisis de la JCE comienza a retrasar el calendario de trabajo elaborado por la Dirección Nacional de Elecciones.                 

La soledad de Morel Cerda

            La situación que envuelve al doctor Morel Cerda es casi inédita, sobre todo para un hombre que ha tenido una trayectoria de apego a los principios democráticos, desde que saltó a la vida pública cuando fue Procurador General del efímero gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, en 1963.

            Durante la cuasi dictadura de Joaquín Balaguer en el período 1966-78, Morel fue presidente de la entonces pujante Asociación Dominicana de Abogados, durante tres períodos alternativos. Nunca se reeligió y jugó un papel brillante en la defensa de los derechos políticos.

            En esos años sacrificó su carrera de abogado por dedicarse a la defensa de la institucionalidad democrática y de los perseguidos políticos, a menudo haciendo presencia personal en los tribunales.

            Las circunstancias de enfrentamiento político en que fue electo para presidir la JCE, en 1998 no le favorecieron, puesto que lo hicieron blanco de las maledicencias partidarias, hasta llegar a dudar de su honorabilidad. Pasó por altas y bajas pero culminó con éxito objetivo el proceso electoral del 2000, que incluyó la constitución de un excelente padrón electoral, sometido a prueba en esa ocasión y en los comicios del 2002.

            Pero Morel no pasó la prueba de su reelección, no por culpa propia, sino de la forma atropellante en que el senado perredeísta reconstituyó el tribunal de elecciones en septiembre del 2002. Las circunstancias obligaron a transacciones que tuvieron por objeto satisfacer parcialmente las demandas de la oposición y de instituciones de la sociedad civil que deseaban mayor equilibrio.

            Desde que se planteó la división de las funciones de la JCE en cámaras administrativa y contenciosa, fue claro que se buscaba diluir el poder que Morel Cerda había acumulado al frente del organismo.

            La fórmula fue elaborada en el marco del diálogo nacional coordinado por Monseñor Agripino Núñez Collado, pero por los delegados de los partidos, incluso al márgen de las instituciones sociales participantes, que sólo dieron su aprobación.

            Morel Cerda se opuso desde el principio. Pero la fórmula no sólo fue aprobada por los partidos y las entidades sociales, sino también por el Presidente de la República y luego por las dos cámaras legislativas. Convertida en ley fue impugnada por el presidente de la JCE y hasta llevada a la Suprema Corte de Justicia en recurso de inconstitucionalidad. Rechazada la instancia Morel Cerda siguió considerándola inconstitucional.

            Intentó un reglamento que vulneraba el espíritu de la reforma y se quedó él solo impugnando la ley y a los demás jueces electorales que se acogieron a la misma. Su batalla, aferrado al presidencialismo, ha sido la de un verdadero llanero solitario.

Gestión de Andrés Bautista

               La soledad del doctor Morel Cerda lo llevó al extremo de abandonar la JCE proclamando que ni volvía ni renunciaba ni aceptaba el cargo de embajador que le había ofrecido el presidente Mejía. Y luego, el viernes 13 de junio la emprendió hasta con acusaciones de orden criminal contra los ocho restantes jueces electorales, sin hacer una solo excepción, sellando así su aislamiento total.

            Cuando los otros 8 jueces anunciaron que el lunes 16 responderían las acusaciones, el presidente del Senado se movió y organizó una reunión el domingo 15 en Moca, junto a otros senadores. Allí se reconoció que la posición de Morel era insostenible y Bautista García pidió el aplazamiento de la respuesta, iniciando una mediación.

            Los jueces respondieron, publicando solamente un informe sobre el manejo administrativo de la JCE y fijando para el miércoles 18 una sesión plenaria de donde saldría la respuesta, la que luego fue aplazada atendiendo a otra petición del licenciado Andrés Bautista García. Hasta caer la semana éste no había conseguido reducir la rebeldía y obtener la renuncia de Morel Cerda.

            Se dice que el presidente del Senado ha apelado a personas que podrían hacer entrar en razones al abogado santiagués, pero todos los esfuerzos han resultado fallidos ante la tozudez de quien se aferra a la posición con muy particular concepto del honor.

            Una alternativa que llegó a dilucidarse públicamente, es la destitución mediante el complicado proceso del juicio político, que debe iniciar la Cámara de Diputados y aprobar el Senado con una mayoría cualitativa del 75 por ciento de sus votos, al amparo de los artículos 23 y 26 de la Constitución. Lo conseguirían, pues ya nadie defiende al doctor Morel, pero buscan evadirlo por consideraciones a éste y para evitar un mayor escándalo.

            Fuentes bien informadas aseguran que las gestiones de Bautista García cuentan con el respaldo del presidente Mejía, también interesado en resolver el conflicto, de cara al mejoramiento del clima política y de la confianza en las instituciones básicas, en momentos en que se busca asistencia internacional para paliar la crisis financiera. Ello implica que siguen abiertas las ofertas de un cargo diplomático, como embajador en Francia o Italia, sin descartar otra sede que incluya consulado, como la del Japón.

Trabajos paralizados

            La crisis de la JCE obligó esta semana a la suspensión de una sesión en la que la JCE presentaría a los delegados políticos y dirigentes de la sociedad civil el Plan de Trabajo para las Elecciones del 2004, elaborado por la Dirección Nacional de Elecciones, montado ya en el sistema informático Power Point.

            Las consideraciones generales del proyecto parten de la eliminación del colegio electoral cerrado, pasando por mayores medidas de seguridad, un sistema de cómputo más seguro y transparente, a los esfuerzos para intensificar los niveles de calidad del padrón electoral, temprano reclutamiento del personal para los colegios electorales y ejecución del voto de los residentes en el exterior que sean empadronados.

            La planificación considera que el padrón electoral pasaría de los 4 millones 647 mil 838 que registró en el 2002 hasta 5 millones 100 mil electores, aproximadamente, es decir uns 452 mil más. Los colegios de votación serían 851 más, al pasar de 11 mil 649 a unos 12 mil 500.

            El programa de trabajo parte de la reestructuración de 61 de las 125 juntas electorales que operaron en los pasados comicios y las correspondientes a 9 minicipios recién creados. Pasa por identificación de centros de votación en el exterior y adecuación de la planta física de numerosas juntas electorales de los municipios.

            Para este mes estaba previsto el inicio del recluamiento del personal para los colegios electorales y la segunda etapa del programa de publicidad sobre el voto en el exterior.

            La JCE tiene como tarea inmediata el inicio de la sustitución de 900 mil cédulas, originadas en un proceso de cedulación fuera de línea, por cambios de colegios y de jóvenes que llegaron a la edad de votación.

            Pero tan importante como emprender los trabajos logísticos para los comicios de mayo próximo, para lo cual todavía habría suficiente tiempo, los jueces electorales son conscientes de que tendrán que hacer un gran esfuerzo de transparencia para disipar las sombras que la crisis ha dejado sobre la idoneidad de la JCE.

            Y en ámbitos políticos gubernamentales hay interés en superar la crisis del organismo electoral, por conciencia de que afecta la imagen de los responsables de la elección de los jueces electorales.-