Por Juan Bolívar Díaz
Aunque el gobierno tiene poder congresional para aprobar nuevos impuestos sería aventurero que lo hiciera ignorando el rechazo general y el reclamo de austeridad
El poder congresional otorgado en mayo pasado al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) será puesto a prueba con la propuesta de reforma tributaria que tropieza con un rechazo sin precedente y un firme reclamo de austeridad y calidad en el gasto público.
Después de cuatro reformas impositivas en los anteriores 5 años y en medio de las incertidumbres que despierta el tratado de libre comercio con Estados Unidos que entraría en vigor en enero, los diversos sectores sociales lucen demasiado firmes en rechazar una quinta, que sería la tercera en los dos años y 4 meses de este gobierno.
Para reducir los riesgos de crear un ambiente propicio a las protestas sociales, el gobierno tendría que mediatizar sus aspiraciones fiscales y acompañarlas de importantes medidas concretas de austeridad y disminución del gasto público que revoquen su imagen de fastuosidad.
¿Rectificación tributaria?
Un tremendo avispero se armó en el país desde que el martes 24 de octubre el presidente Leonel Fernández anunció, durante su visita a Washington, que enviaría al Congreso Nacional un proyecto de nuevas reformas tributarias, atendiendo a requerimientos del Fondo Monetario Internacional de que estabilice las finanzas nacionales.
El Planteamiento no sorprendió a los sectores que desde mediados del año venían expresando preocupaciones por el déficit fiscal en que cayó el gobierno al compás del excesivo gasto de la campaña electoral. Aunque algunos funcionarios tan importantes como el Secretario Técnico, Temístocles Montás, habían rechazado que el contemplaran nuevos impuestos.
El mandatario quiso revestir el proyecto como una simple “rectificación tributaria” para compensar las reducciones que introdujo el anterior congreso, bajo dominio del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a la reforma aprobada a fines del año pasado, que implicaron unos 6 mil millones de pesos, aunque el gobierno “se la buscó”, extendiendo seis meses la aplicación del recargo cambiario a las importaciones.
Más allá de eso, se comenzó a hablar de la necesidad de recaudar, 9 mil, 12 y hasta 18 mil millones de pesos adicionales, lo que en boca del secretario de Finanzas, del Secretario Técnico y otros altos funcionarios, dejó mal parada la teoría de la simple rectificación.
El jueves el gobierno puso a Andy Wolfe, directivo del Fondo Monetario Internacional, a encabezar una reunión con diversos sectores, y éste comenzó por plantear que no es adecuado estar aumentando impuestos cada año, para sugerir una reforma drástica, que aporte no menos del 3 por ciento del producto bruto. Llegó a proponer la ampliación de la base del ITBIS a casi todos los productos y servicios además de la supresión de los subsidios a la electricidad y el gas propano, focalizándolos a los más pobres.
Al finalizar esa reunión, en el Palacio Nacional, el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, dijo que la reforma ya estaba hecha y que la presentarían el viernes (ayer) al presidente Leonel Fernández, quien tendría la última palabra. El mandatario había pedido el mismo día que se espere el proyecto antes de formularle oposición. Mientras dirigentes del PLD y voceros legislativos expresaban su disposición de aprobar la propuesta.
Un elemento que desconcertó fue el anuncio de Bengoa de que el presupuesto del próximo año sería de alrededor de 200 mil millones de pesos, lo que implicaría una reducción de 38 mil millones de pesos, en relación al del 2006. Sería la primera vez que el presupuesto se reduce de un año a otro, más contradictorio por el reciente anuncio del Banco Central de que el producto bruto ha crecido 11.7 por ciento este año, y sobre dos dígitos en los últimos 5 trimestres, hasta septiembre.
Hace pocos días que el director de la Oficina Nacional de Presupuesto, Luis Hernández, había dicho que se presupuestaban unos 240 mil millones de pesos para el 2007. Sólo con un incremento del 6 por ciento en los ingresos corrientes de este año se pasaría de 200 mil millones de pesos. Y sin considerar los ingresos externos que para este año fueron proyectados en 48 mil millones de pesos.
Se arma un avispero
Desde que el presidente Fernández anunciara su “rectificación tributaria” se armó un avispero en el país. Dirigentes de todos los sectores empresariales y sociales, políticos y hasta religiosos han coincidido en rechazar nuevas cargas impositivas y en que cualquier ajuste tiene que ejecutarse por vía del gasto.
En las reformas tributarias ejecutadas en el 2000, 2003, 2004 y 2005 nunca el gobierno encontró un frente tan amplio de oposición a mayores tributos. Hasta los obispos, incluyendo al presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Ramón de la Rosa, han salido al frente, rechazando todo gravamen que pueda afectar a las mayorías.
Las presidentas del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación de Industrias, Elena Viyella y Yandra Portela, han encabezado el rechazo, acompañadas de dirigentes de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y otros.
Durante un encuentro realizado el jueves por las tres primeras instituciones empresariales, tras analizar la situación fiscal, se rechazó que sea necesaria una nueva carga tributaria. Desmontaron el argumento de que el Congreso mutiló la reforma del 2005, indicando que fue consensuada y el gobierno presentó un presupuesto equilibrado, sosteniendo que “el desbalance en la ejecución es un problema de gestión”.
El faltante de ingresos fiscales fue estimado por los técnicos empresariales en 4.3 mil millones de pesos al finalizar el año, por ingresos corrientes de 185.6 mil sobre 189.9 presupuestados. Lo atribuyen a que el gobierno no aplicó un aumento del impuesto selectivo a los combustibles.
Ya antes en declaraciones públicas Yandra Portela había rechazado que el Congreso mutilara la reforma del 2005, recordando que se excluyó la aplicación del ITBIS al café, el azúcar y el cacao, compensándolo con un incremento del impuesto sobre la renta del 28 al 30 por ciento.
El encuentro empresarial concluyó que “la situación fiscal para el 2007 es manejable con la estructura tributaria actual, con algunas mejoras razonables en el sector eléctrico y mercadeo de combustibles y con una reducción manejable por el lado de los gastos fiscales”.
La agudización de la crisis energética y la inminencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos son elementos que incrementan las incertidumbres y la sensibilidad en los sectores productivos. “Con respecto a competitividad: el aumento de la presión tributaria en un escenario de apertura internacional resulta estratégicamente paradójico”, concluyó el encuentro empresarial del jueves.
Reducción del gasto
En los últimos meses ha sido generalizado el reclamo al gobierno para que reduzca sus gastos y ponga en vigencia la política de austeridad que el presidente Fernández anunció al juramentarse en agosto del 2004, que incluía una reducción del gasto del Estado no menor al 20 por ciento.
Ayer mismo la sección económica de HOY recogía del reputado economista Carlos Despradel que en lo que va de año el gasto del gobierno se ha incrementado en 25 por ciento en sueldos, 95 por ciento en gastos no personales, 71 por ciento en materiales y suministros y 27 por ciento en aporte corriente.
El también economista Andy Dauhajre estima en artículo del periódico Clave que en los dos años del gobierno, el gasto corriente ha crecido en 59 por ciento, con incremento del 139 por ciento en propaganda, de 83 por ciento en viáticos, 79 por ciento en servicios técnicos profesionales y 120 por ciento en la compra de combustibles.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que desde mediados de año viene denunciando el incremento del gasto corriente, planteó esta semana que no apoyará ninguna reforma tributaria si el gobierno no controla su gasto y lo dirige eficientemente hacia verdaderas prioridades sociales, afirmando que la falta de racionalidad en el gasto gubernamental “nos hace asumir una actitud pasiva”.
Las críticas al gasto, inversiones ni prioritarias, algunas con alta concentración, como la del metro capitalino y contrataciones poco transparentes y leoninas, como las de 138 millones para suministros a la Policía, o la de la administración de los bienes inmuebles estatales, han erosionado en los últimos meses la imagen del gobierno, restándole fuerza moral para pedir nuevos sacrificios.
¿Se irá solo el PLD?
Mientras el presidente Fernández considera las propuestas tributarias de su equipo económico, con la meta de que sean aprobadas junto al presupuesto del 2007 antes del 15 de diciembre, la pregunta que flota en el ambiente político es si el PLD y su gobierno pondrán a prueba su mayoría legislativa.
Ninguna propuesta de reforma importante se ha aprobado en el país en las últimas dos décadas sin algún nivel de consenso, sino con las fuerzas políticas al menos con las sociales, o con alguna parte de estas.
Irse solo implicaría muchos riesgos de desgaste político y de incentivo al retorno de las protestas sociales de la década pasada. Ya grupos populares y políticos están anunciando protestas masivas contra la política económica. Y por supuesto que los partidos de oposición, ansiosos de reducir el poder electoral del PLD y mejorar sus propias perspectivas, estarían a la pesca de oportunidades.
El gobierno tendrá, como el año pasado, que buscarse al menos el apoyo de una parte del empresariado. Pero para lograrlo esta vez tendría que limitarse a la “rectificación” reduciendo los alcances de las cargas impositivas, y comprometiéndose a un ajuste del gasto, aunque luego lo burle como es tradicional.
En este caso se debe invertir el refrán popular, pues parece mejor mal acompañado que solo.-