Promese reivindica el valor de los concursos

Por Juan Bolívar Díaz

La eliminación de las compras grado a grado ha reducido los precios de compra de los medicamentos en un 50 por ciento en una factura de $900 millones anuales

           El Programa de Medicamentos Esenciales (Promese) ha demostrado en este gobierno el valor de las licitaciones y concursos públicos en las millonarias compras y contrataciones del Estado, ahorrándose alrededor del 50 por ciento de una inversión que este año alcanzará los 900 millones de pesos.

            A pesar de ese logro, gran parte de los medicamentos que adquiere el Estado, a través de la Secretaría de Salud Pública, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y otras instituciones, siguen siendo comprados mediante el sistema de grado a grado que implica el tráfico de comisiones y el favoritismo.

            Los precios de venta de Promese muestran los enormes márgenes de beneficio que tienen en el país los intermediarios de los medicamentos, lo que explica el criterio generalizado de que este es uno de los países donde esos productos fundamentales resultan más caros.

Un ejemplo a seguir

            La doctora Elena Fernández Núñez, directora general del Promese y ejecutiva de la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica, proclama su satisfacción por el ahorro que ha logrado al implementar concursos públicos y transparentes para la compra de medicamentos.

            La funcionaria estima que a consecuencia de esa política de licitaciones públicas los precios de los medicamentos que adquiere ese organismo se han reducido en promedio a un 50 por ciento, con una facturación mensual de 75 millones de pesos, equivalentes a 900 millones al año.

            Al mismo tiempo, con los concursos públicos se ha logrado el suministro de productos garantizados y sometidos a un riguroso control de calidad, desalentando el contrabando y la falsificación de medicamentos, males sistemáticamente denunciados en los últimos años.

            La doctora Fernández Núñez afirma que Promese llegó a comprar polvo talco como medicinas y aceite de bacalao que era agua. En el mercado nacional se venden numerosos productos médicos falsificados, sin las propiedades que dicen contener y pasados de fecha, que son adquiridos por traficantes inescrupulosos en grandes partidas cuando están próximos a caducar. Esas medicinas se ofertan en mercados como Panamá, China e India e ingresan al país sin ser sometidos a controles de calidad.

            Los productos que compra promese son sometidos a una cuarentena de 48 a 72 horas, mientras el Laboratorio Nacional realiza las pruebas correspondientes. El doctor Miguel Ureña dirige el departamento de Control de Calidad.

            Los productos farmacéuticos facturan unos 7 mil millones de pesos anualmente, según sostuvo el exsecretario de Salud Pública Sabino Báez durante el acto de lanzamiento de la Política Farmacéutica Nacional el 27 de junio pasado. Pero hay quienes creen que a ese monto debe agregársele un 27-30 por ciento del comercio ilícito de medicinas, provenientes del contrabando, la falsificación y adulteración.

            Las consecuencias de la política de concursos para las compras de Promese llegan al grado de que algunos medicamentos de marcas reconocidas han sido ofertados a precios por debajo de los productos genéricos, sostiene la doctora Fernández.

Otros siguen campantes

            A pesar de los logros de Promese, publicitados y reflejados en los precios a que vende, otros compradores del Estado siguen con el sistema de grado a grado, donde predomina el favoritismo y el tráfico de comisiones.

            Apoyado en el decreto 2 de 1984, y en el 991 del 2000, Promese distribuye el 25 por ciento de sus compras a través de las boticas populares, y el 75 por ciento es suministrado a los hospitales y las clínicas rurales. Incluye medicinas, materiales y reactivos de laboratorios.

            Pero el organismo sólo recibe el 40 por ciento del presupuesto para productos médicos de los hospitales públicos. La secretaría de Salud, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, los mismos hospitales públicos y los de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan por su propia cuenta y de grado a grado la mayor parte de las compras.

            Si le compraran a Promese, terminarían economizándose por lo menos un 40 por ciento. Aunque esta semana el recién designado secretario de Salud Pública, doctor Bautista Rojas, dijo a Teleantillas que se propone adoptar también el sistema de concurso.

            Es relevante que pese a haber proclamado en junio pasado una “Política Farmacéutica Nacional”, no se adoptaran criterios de economía en las compras del Estado. Se le establecieron tres objetivos fundamentales: asegurar el acceso a los medicamentos esenciales, garantizar su calidad, seguridad y eficacia, y promover y desarrollar estrategias que propicien la cultura del uso racional de los medicamentos.

            La unificación de las compras de medicinas por una sola fuente estatal, y a través de concursos, podría ser dispuesta y hasta asumida por la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional, creada este año mediante el decreto 274-05.

            A esta comisión se le encarga “una estrategia que permita que todos los actores que inciden en el sector farmacéutico interpongan sus mayores esfuerzos para que la población dominicana reciba medicamentos esenciales y/o genéricos de buena calidad, eficaces, eficientes y a precios accesibles para todos”.

            En manos del Consejo Nacional de Salud hay un proyecto de “Reglamento Farmacéutico”, que se viene elaborando desde 1998. Se espera su aprobación por ese organismo, el cual deberá tramitarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Medicamentos muy caros

            Hace muchos años que se sostiene que este es uno de los países donde más caros se venden los productos farmacéuticos y con menores controles de calidad, persistiendo las denuncias de falsificaciones y alteraciones de medicinas. Hay quienes sostienen que los precios nacionales llegan a duplicar los de otras naciones latinoamericanas.

            Una lista publicada por la Central de apoyo Logístico de Promese muestra enormes diferencias entre los precios de ventas de sus boticas populares y las farmacias. En casi todos los renglones de productos básicos, las diferencias oscilan entre un 150 y 400 por ciento, con casos de 500, 600 y hasta 1,100 por ciento. El promedio de diferencia en 31 productos esenciales es de 331.67 por ciento.

            Por ejemplo, los comprimidos del analgésico Acetaminofén y del Acido Fólico, que la boticas de Promese venden a 50 centavos, cuestan 2 pesos en las farmacias, para una diferencia del 300 por ciento. Los de Enalapril y el frasco de Mebendazol que las boticas venden a 1 y 10 pesos, se cotizan a 5 y 50 pesos en las farmacias, con diferencia del 400 por ciento. En los casos de las penicilinas las diferencias oscilan entre 280 y 550 por ciento. En las insulinas 148 por ciento. Y se señala el caso del comprimido de Captoprilo que Promese vende a peso y las farmacias a 12 pesos, con una diferencia de 1,100 por ciento.

            Aunque la secretaría de Salud Pública está encargada de vigilar la calidad de los productos, esto de ordinario sólo ocurre al momento de otorgar el permiso de ingreso al mercado nacional, pero luego no se le da seguimiento.

            Según consta en el documento de Política Farmacéutica Nacional hay más de 23 mil productos medicinales con autorización para ser vendidos en el país. Suman 70 los laboratorios de producción nacional. Los productos extranjeros están representados por 1,305 distribuidoras.

            Según la Dirección General de Drogas y Farmacias hay en el país más de 3 mil farmacias, alrededor de la mitad en Santo Domingo. Pero también se comercializan medicamentos en establecimientos informales, siendo relevante el caso de la calle Sánchez de Moca, donde hasta en los garajes se anuncian ventas de medicinas.

El decreto más anunciado

            El pasado miércoles el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana anunció como inminente la promulgación del llamado “decreto-puente” con el que el presidente Leonel Fernández instituiría la obligación de concursos y licitaciones para las contrataciones de obras y servicios y para las compras de todo género de bienes, así como para las concesiones del Estado.

            Según el licenciado Reinaldo Pared el decreto está listo para su promulgación, lo que se viene anunciando desde mayo pasado, cuando fue entregado al Ejecutivo por la Comisión Nacional de Etica que lo elaboró, tras más de dos meses de consultas.

            Ya antes el Procurador General, y miembro de la comisión, Francisco Domínguez Brito, había dicho que desde el período de transición (entre mayo y agosto del 2004) se trabajaba en el decreto.

            En ambas cámaras legislativas reposan al menos tres diferentes proyectos de leyes encaminados al establecimiento de nuevas normas para concursos y licitaciones. Recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que un proyecto consensuado está listo para ser aprobado en la legislación iniciada el 16 de agosto pasado. El presidente del PRD, con el control del Senado y la primera mayoría en la Cámara baja, Ramón Alburquerque, dijo el miércoles que aprobarán el proyecto de consenso.

            En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional suscrito por el actual gobierno se incluye el compromiso de una nueva ley de concursos para las contrataciones y compras del Estado.

            Tanto el proyecto de ley como el de decreto tropiezan con la resistencia del sistema político acostumbrado al tráfico derivado de las concesiones de obras y las compras de grado a grado, con las que se pagan favores económicos y se obtienen jugosas comisiones.

            Las mayores resistencias se originan tradicionalmente en la secretaría de Obras Públicas y las oficinas coordinadoras de obras del Estado, dependientes de la Presidencia de la República, responsables del manejo del grueso de la inversión pública. El argumento es que los concursos hacen lentos las construcciones del Estado.-