Nuevas reformas al sistema electoral

Por Juan Bolívar Díaz

El movimiento cívico Participación Ciudadana ha puesto en manos de la Junta Central Electoral (JCE) un pliego de sugerencias encaminadas a introducir nuevas reformas para democratizar el sistema electoral dominicano que ha registrado considerables avances en la última década.

El fundamento de las nuevas reformas y disposiciones reglamentarias es la necesidad de proteger el derecho de la ciudadanía a elegir libremente y ayudar a los partidos políticos a mejorar su desempeño para detener la erosión que se registra en su crédito público.

El organismo rector de los comicios podría asumir una mayor iniciativa en las normativas electorales, proponiéndose para la próxima cita electoral el perfeccionamiento del voto preferencial que debería incluir la posibilidad de elegir al senador y al síndico independientemente de los diputados y regidores.

Una década de avances

En el ámbito electoral es donde mayores avances concretos ha registrado la democracia dominicana en la última década, superando los traumas y fraudes que vulneraron la voluntad popular en la mayor parte del trayecto de la República.

A partir de la reforma constitucional fruto de la crisis electoral de 1994, se separaron las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales, se estableció el financiamiento estatal de los partidos, se instituyó el voto preferencial para diputados y se elaboró un nuevo padrón electoral fotográfico puesto a disposición de todos a través de la red de internet.

También fueron separadas las funciones administrativas de las contenciosas en la JCE, se establecieron mecanismos más transparentes en todo el proceso electoral, instituyendo la consulta a los partidos políticos para las decisiones claves y se adoptaron nuevas normativas para evitar la adulteración de actas electorales.

Entre las prioridades que afrontan los actuales jueces electorales sobresale la automatización de las oficialías del Estado Civil, fundamento de todo el sistema electoral y los primeros pasos encaminados a instituir el voto electrónico.

A pesar de que ha habido dificultades para un consenso político a la hora de elegir los jueces electorales, lo que ha generado incertidumbres y confrontaciones, las seis votaciones efectuadas en la última década, incluyendo las dos de 1996, han consolidado el sistema democrático, tras concluir sin mayores impugnaciones, especialmente las presidenciales.

Para los próximos comicios congresionales y municipales existe el desafío de superar las dificultades tradicionales en los procesos de cómputo, levantamiento y verificación de actas de votación que han sido excesivamente lentos, originando incertidumbres y conflictos, especialmente en las grandes concentraciones del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago.

En el 2002 el proceso de empantanó en estas tres jurisdicciones arrojando sombras sobre los resultados, especialmente en Santiago, donde además se comprobó adulteraciones de actas. Eso determinó que para las elecciones del 2004 se adoptara el sistema de plastificación de las actas luego de ser redactadas y firmadas.

Queda pendiente un mejor entrenamiento para los operadores de los colegios electorales a fin de disminuir la alta proporción de actas que llegaron con errores de sumatorias tras la introducción del voto preferencial por los diputados. También se ha diagnosticado la necesidad de simplificar el proceso de verificación de las actas en las juntas electorales municipales que determinan extrema lentitud en el cómputo.

Nueva iniciativa de PC

El movimiento cívico Participación ciudadana (PC), que tanto ha contribuido al mejoramiento del sistema electoral dominicano, tomó la iniciativa esta semana presentando a la JCE un pliego de sugerencias para que las próximas elecciones conlleven nuevos escalones de perfeccionamiento.

Las propuestas, contenidas en un documento, fueron entregadas al pleno de los jueces electorales que el jueves recibieron a dirigentes de la organización social y dieron amplias muestras de receptividad y disposición a considerarlas.

Al anunciar su decisión de observar rigurosamente todo el proceso electoral próximo, y de proponer nuevamente a los partidos un código de ética electoral, PC formuló varias iniciativas para seguir perfeccionando el sistema comicial dominicano.

Las propuestas se resumen en un acuerdo para limitar la extensión de la campaña electoral, la ampliación del voto preferencial abarcando la elección de los regidores, además de los diputados, un rediseño de las circunscripciones electorales en los lugares que lo demandan, separación de las elecciones de senadores y síndicos de las de los diputados y regidores y una revisión del método de asignación de escaños.

La iniciativa de Participación Ciudadana incluye el establecimiento de una circunscripción electoral nacional para garantizar una mayor representación de las minorías, con mayores dificultades de acceso al Congreso y las salas municipales tras la institución del voto preferencial.

Se reclama solucionar las dificultades que se registraron en algunas provincias con un diseño poco equitativo de las circunscripciones, siendo el caso más relevante el de Santiago, donde todas concluyen en el parque central, con el resultado de que todos los diputados salieron del núcleo urbano santiagués en perjuicio de la representación de los demás municipios.

Para superar esta inequidad la JCE tendrá que hacerse fuerte, ya que los tres partidos mayoritarios coinciden en defenderla, probablemente porque las cúpulas provinciales residen en el municipio central.

Reformas normativas y de ley

Entre las sugerencias presentadas por PC a la JCE las hay que pueden ser adoptadas por resolución normativa y otras que requieren una modificación de la ley electoral.

El establecimiento del voto preferencial para los regidores se previó en la reforma de 1997 a la ley electoral y ya depende de una resolución de la JCE.

Lo mismo puede decirse de la revisión de las circunscripciones y la adopción de un método más democrático para la distribución proporcional de los diputados y regidores.

Participación sostiene que “La experiencia de los países de Centroamérica ha demostrado que el método del cociente electoral permite una distribución de escaños más justa que el método D’Hondt, que es el que hasta ahora se ha utilizado en el país”.

Para establecer una circunscripción nacional, que reservaría determinado número de escaños para la representación de los partidos que registren una cierta cantidad de votos en la totalidad de los colegios, pero que no alcancen a ganar en ninguna circunscripción, se requiere sin duda una reforma legal. Hay quienes creen que también habría que reformar el artículo 24 de la Constitución que establece la forma de elegir los diputados.

De hecho es urgente reformar ese artículo para limitar el crecimiento del número de diputados que el año próximo crecería en una veintena. Pasarían a ser unos 170. Hace cuatro años fueron aumentados de 120 a 150. Otro tanto ocurre con la proporción de los regidores, dependiente del crecimiento poblacional.

La posibilidad de que los electores puedan seleccionar un senador y unsíndico de partidos diferentes a los diputados y regidores, garantizaría el derecho al voto y fortalecería la representación, eliminando el arrastre.

Tal avance, empero, requiere la modificación del artículo 86 de la Ley Electoral, que establece la elección conjunta de senadores y diputados, y de síndicos y regidores, mediante “candidaturas indivisibles o no fraccionables en sí mismas”.

Límite a las campañas

El movimiento cívico expresó su preocupación porque ya se haya comenzado la promoción de candidatos, 9 meses antes de los comicios congresionales y municipales, por lo que pidió a los jueces electorales que convoquen a los partidos reconocidos y propongan un compromiso para aplazar la campaña hasta enero próximo “a fin de reducir los costos de este ejercicio democrático en una nación que aún no se recupera de la grave crisis financiera y económica que estalló en el 2003″.

La petición se basa en que las campañas electorales dominicanas son muy largas y costosas, lo que incentiva el abuso de los recursos del Estado y compromete excesivamente a los elegidos con los poseedores de las mayores riquezas, incluyendo las provenientes de actividades ilícitas.

También porque “van en perjuicios de los candidatos y candidatas que tienen menores financiamientos, que no se apropian de los recursos propios ni alienan su independencia con los grandes poderes económicos”. Considera, así mismo que “las extensas campañas debilitan la institucionalidad de los partidos, pues tienden a crear grupos con finanzas propias y en detrimento de la unidad”.

La limitación de la campaña reduciría la crítica mayor que se formula al voto preferencial, porque estimula la competencia entre los candidatos de un mismo partido. En algunos países se ha limitado también la cantidad de dinero que puede gastar cada candidato para reducir las luchas internas y las ventajas de los adinerados.

En el liderazgo político nacional se justifican las extensas campañas en las votaciones primarias que realizan con excesiva anticipación para que el tiempo “cure las heridas” que dejan las luchas internas, pero éstas son más profundas en la medida en que se extiende el período. Sesenta días de campaña interna y 90 externa deberían ser suficientes para elegir candidatos y presentarlos a la ciudadanía, sobre todo si son para el Congreso y los municipios. Comenzando en enero sería suficiente.

Aunque el tiempo conspira contra las reformas legales propuestas, todavía serían posibles con una firme voluntad de la JCE y la apelación a los partidos, que deben ser los más interesados en mejorar el sistema electoral y su crédito ante los electores. El sistema partidista requiere ayuda para evitar que prosiga por la pendiente enjabonada en que lo sitúan las encuestas y análisis políticos.