Por Juan Bolívar Díaz
Los recientes brotes delincuenciales que han alarmado a la sociedad dominicana reclaman una profilaxis y reestructuración de la Policía y mejoría de la justicia
Los recientes brotes de violencia de Navarrete y Azua, que han conmovido la sociedad dominicana, junto a muchos otros cotidianos, revelan un incremento substancial de la delincuencia que demanda atención racional, más allá de la primitiva reacción que exige simplemente “mano dura” como sinónimo de fusilamientos.
Parece evidente que la política de exterminio de delincuentes puesta en práctica por la Policía Nacional (PN) especialmente en la última década, no ha dado resultados y en vez de reducirse la delincuencia, se registra un incremento que causa alarma en los más diversos estamentos sociales.
El derrotero obliga a un replanteamiento de políticas que deberían comenzar por una profilaxis y reestructuración a fondo de la institución policial en aras de la eficiencia y para que logre la confianza y colaboración de la población, lo que implica inversión en nuevos equipamientos y mejoramiento de sus recursos humanos, de sus salarios y seguridad.
Niveles alarmantes
Las últimas semanas han mostrado niveles alarmantes en el crecimiento de la delincuencia en todas sus manifestaciones, especialmente en la proliferación de bandas dedicadas al tráfico de drogas, asaltos y asesinatos.
El múltiple asesinato de siete jóvenes en Navarrete, en una acción típica de las mafias del narcotráfico, y la muerte violenta de otros siete esta semana en la ciudad de Azua, incluyendo a un destacado periodista, han exacerbado los ánimos de la población.
Así mismo, las violaciones de una adolescente de clase media alta y de dos niñas en presencia de su madre, tras ser secuestradas a la salida de un centro comercial, han producido espanto y acentuado la inseguridad.
La proliferación de asaltos en otras comunidades como Santiago, Jarabacoa y Bonao, conforman un panorama tan preocupante que no han faltado quienes sugieran que se trata de una ofensiva encaminada a boicotear la gestión de un Jefe de la PN cuya designación fue acogida con satisfacción por sus condiciones profesionales y morales.
Esa presunción se ha visto alentada por el hecho de que la oleada ha coincidido con la acción del propio general Manuel de Jesús Pérez Sánchez para poner fin a la práctica de altos oficiales de la propia policía que retenían más de un centenar de vehículos robados. Pero no se ha podido advertir un hilo vinculante entre los numerosos actos delictivos.
La circunstancia de que los peores brotes se hayan producido en comunidades relativamente pequeñas como Navarrete, Azua y Jarabacoa, aumentan la sensación de que la delincuencia ya no es propia de las grandes urbes, sino que arropa toda la sociedad.
La revisión de los periódicos de los últimos meses muestra un incremento sostenido del crimen en sus diversas manifestaciones, cuya magnitud es difícil de establecer por la escasez de estadísticas comparadas que no se ofrecen seguramente para que no quede en evidencia la crítica situación.
Las gradas piden sangre
Brotes de gran magnitud como los de las últimas dos semanas estimulan la petición de sangre desde las graderías, en un país tradicionalmente inclinado a avalar el fusilamiento de los delincuentes comunes a nombre de la seguridad colectiva, mientras se consagra la impunidad ante la corrupción generalizada en los estamentos políticos, empresariales, policiales y militares.
Los mandos policiales no interpretan otra cosa que aplicar ejecuciones sumarias, cuando desde los ámbitos periodísticos y del liderazgo social y hasta religioso, se plantea la necesidad de “mano dura” frente a los delincuentes. Sobre todo cuando un nuevo jefe policial se plantea mecanismos más eficientes e institucionales frente al crimen.
El general Pérez Sánchez, como su antecesor Jaime Marte Martínez, inició su gestión planteándose una observación de los derechos humanos. Parece que esta vez ha durado menos de los tres meses que aguantó al inicio del pasado gobierno, cuando los presuntos delincuentes muertos en “intercambios de disparos” con la Policía se redujeron de veinte a dos por mes.
La política de exterminio de acusados y sospechosos de actos delictivos arroja más de un millar largo de muertos en la última década. En 1998 y 99 y en el 2003 sobrepasaron los 200 y similar proporción se estaría registrando en este año, lo que ha mantenido a la nación en los informes internacionales sobre violación de los derechos humanos. Pese a ello la actividad delictiva ha proseguido en incremento sistemático.
En Azua el pasado domingo se produjo una reunión de organizaciones sociales con representantes de las autoridades policiales y judiciales, preocupados por el auge de la delincuencia y por las ejecuciones policiales en “intercambios de disparos”, que la semana anterior habían cobrado cuatro vidas.
En la reunión se acordaron unos 5 pasos para procurar devolver la paz a la comunidad. Al igual que en Navarrete, allí se denuncia cierta connivencia entre agentes policiales y delincuentes. El lunes 13 fue trasladada la mayor parte de la dotación policial y al amanecer del martes mataron a 4 jóvenes a quienes se vinculaba a actividades ilícitas.
El hermano de una de esas víctimas es sindicado como el que salió a buscar a los periodistas azuanos para cobrar venganza. Juan Andujar, víctima mortal de los delincuentes, como Jorge Luis Sención, gravemente herido, fueron de los promotores del encuentro dominical, en su condición no solo de comunicadores, sino también de activistas de la organización Habitat y de un comité por los Derechos Humanos, ambos eran contrarios a las ejecuciones policiales y procuraban crear un Comité de Seguridad Ciudadana que sería juramentado este fin de semana.
Ese mismo día y al siguiente, la policía dio muerte a otros dos sindicados delincuentes. El Listín Diario del jueves informaba en su página 4 que “Tropas policiales acribillaron en la tarde de ayer a José Luis Tejeda Filpo (El Gringo), de quien se dice que conducía la motocicleta desde la cual se disparó al periodista Juan Andujar.”
Complicidad de policías
Desde el lecho en que se recupera tras amputársele medio brazo, el periodista Sención expresó su creencia de que “la policía también tuvo la culpa”. Relató al Diario Libre del jueves que todo comenzó en julio cuando mataron a un vendedor de drogas llamado David (Deiby Pujols)porque supuestamente se negaba a pagarle peaje a un policía: “Un teniente al que llamaban Holguín le cobraba $3000, y le estaba planteando que eran $5000. Después le subieron a $8000. Entonces, por esta contradicción mataron a David”, quien a su juicio controlaba la banda y evitaba ciertos abusos. Murió de 14 balazos.
El mismo jueves la PN informaba que Holguín, (Vitelio Ramírez Pérez en realidad) fue detenido y sería traducido a la justicia acusado del asesinato del empleado de Versión en Azua Otto Encarnación Fernández. Se le vincula, junto a un sargento, en varios de los recientes “intercambios de disparos” en que murieron presuntos delincuentes, incluyendo a Carlos Mancebo, baleado con su niño de un año en los brazos y rematado frente a su esposa.
Hace tiempo que sacerdotes que ejercen en los barrios y dirigentes sociales, como el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos Virgilio Almánzar, vienen denunciando la existencia de complicidades entre agentes del orden y delincuentes que les pagan a cambio de protección y tolerancia.
Hasta nivel de sargento los policías ganan menos del sueldo mínimo; un sargento mayor recibe $5,338 mensuales, un primer teniente $7,257 y un coronel recibe apenas $13,196, lo que los ubica en la franja de la pobreza, por debajo del costo de la canasta familiar, estimado en 14 mil pesos. La tentación de recurrir a actividades ilícitas para mejorar su condición de vida es permanente.
Urgente reestructuración
Antes que apelar a la muerte de delincuentes en vano intento por combatir la criminalidad, lo primero que tiene que imponerse la sociedad dominicana es una reestructuración a fondo de la Policía.
Esa tarea tiene que comenzar por irradiar de su seno a todos los agentes y oficiales vinculados a actividades delictivas. Y ahora mismo existe la oportunidad de iniciar esa profilaxis con los oficiales que se habían apropiado los 120 vehículos robados recién devueltos tras el requerimiento del general Pérez Sánchez.
Si altos oficiales de la Policía andaban en automóviles robados, qué puede esperarse de las clases y oficiales bajos en contacto directo con la población y los delincuentes. Cuál es la ética de la función policial y cómo puede enfrentar con éxito la delincuencia.
La profilaxis es urgente si se quiere devolver la confianza pública en la Policía y que esta pueda vincularse efectivamente con las comunidades y obtener su colaboración para el combate a la creciente y poderosa delincuencia, que maneja muchos recursos del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Es igualmente necesario dotarla de los automóviles y helicópteros aptos para el patrullaje, en la cantidad necesaria y con los equipos de comunicación e informática correspondientes a la labor preventiva.
La sociedad tiene también que pagar el costo del servicio policial, mejorando notablemente sus salarios, con vacaciones anuales, seguridad social y protección familiar para los que pueda caer en el combate a la delincuencia.
Ahora mismo la PN procura reclutar otros 5 mil miembros. Pero con sus niveles salariales de ingreso a la carrera es cada vez más difícil que pueda atraer a jóvenes de capacidad intelectual y aspiraciones sociales inmunes a la corrupción.
No hace falta ir a Nueva York para determinar lo que hay que hacer para mejorar la Policía Nacional. Está diagnosticado en numerosos cursos y seminarios internacionales en los que han participado oficiales dominicanos. Lo que falta es voluntad política y convencimiento de que no es matando como se va a contener la creciente criminalidad.
Desde luego que la otra tarea es lograr una justicia funcional y operativa que procese y penalice todo género de actos delictivos, no sólo de los más pobres. Y por supuesto, las transformaciones sociales necesarias para combatir esas incubadoras de la delincuencia que son el desempleo y la pobreza.-