Aunque las circunstancias políticas derivadas de un proyecto reeleccionista aconsejan las mayores previsiones para evitar tramperías electorales en los comicios de mayo próximo, los sectores de oposición no deben sobreestimar las posibilidades de un fraude de magnitud que desconozca la voluntad popular.
La nación está en obligación de realizar un nuevo proceso electoral transparente para no caer en una profunda crisis política que agrave la ya precaria situación económica y enfrentar el aislamiento que plantea la Carta Democrática Interamericana para cualquier régimen que desconozca los procedimientos democráticos.
A diferencia de lo que ocurrió en los procesos reeleccionistas de Joaquín Balaguer, en esta ocasión no hay un solo sector de poder que esté dispuesto a correr la incierta suerte de un fraude electoral y por el contrario existe una sociedad y una opinión pública dispuesta a rechazar cualquier intento de vulnerar la institucionalidad democrática.
[b]AMBIENTE PESIMISTA[/b]
En la opinión pública nacional y en los círculos políticos de oposición se generalizan los temores de que el país se encamine a una imposición continuista en los comicios de mayo próximo, sobreestimándose las posibilidades de una ocurrencia similar en circunstancias absolutamente desfavorables para ello.
Los temores se derivan básicamente del proyecto reeleccionista en que se encuentra inmerso de forma casi irracional el presidente Hipólito Mejía, cuando las encuestas, los análisis y la simple observación no le otorgan posibilidad de ganar los comicios en medio de un deterioro económico como el que sufre el país y de una división de su propio partido.
La incertidumbre la expresan dirigentes de los partidos de oposición, voceros de los medios de comunicación, en círculos diplomáticos y en sectores de la sociedad civil que tras constatar los niveles de rechazo que enfrenta la candidatura continuista, llegan a la conclusión de que algún gato entre macuto tienen los estrategas gubernamentales.
Se alimenta de la poca credibilidad en una Junta Central Electoral conformada en su mayor parte por allegados al Partido Revolucionario Dominicano y de algunas expresiones de los sectores gubernamentales como la de que el poder es para usarlo o que están dispuestos a utilizar todos los medios para permanecer en el poder.
No faltan quienes atribuyen el proyecto de ley de lemas a una disposición de crear un caos electoral en el que pueda imponerse el continuismo. Los más pesimistas llegan a afirmar que no habrá elecciones en mayo, como si el país pudiera retrotraerse a 1928 cuando Horacio Vásquez impuso la prolongación, de su período de gobierno hasta 1930, culminando en el golpe de estado que dio inicio a la Era de Trujillo.
[b]SE EXTINGUE EL REELECCIONISMO[/b]
Los avances en la institucionalidad democrática de las últimas tres décadas y la globalización han dejado atrás la tradición reeleccionista y los golpes de estado en América Latina. En la mayoría de las naciones fue prohibida la reelección y en las que prevalece, la enorme deuda social con poblaciones mayoritariamente pobres determinan una creciente alternabilidad hasta de los partidos en el poder.
En el último cuarto de siglo sólo se registran seis reelecciones en más de un centenar de comicios presidenciales registrados en la región, dos de ellas protagonizadas por Balaguer en condiciones extremadamente críticas, una de Alberto Fujimori en el Perú, la de Carlos Menem en Argentina y la de Fernando Henríquez Cardoso en Brasil, en la década de los noventa, y la de Hugo Chávez en Venezuela en el 2000.
En toda América Central no se recuerda una reelección en las últimas dos décadas y lo que ha predominado es la alternabilidad de los partidos. Sólo Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera en Venezuela, y Sánchez Lozada en Bolivia lograron volver al poder mediante elecciones en períodos no consecutivos. La mayoría de los gobernantes ni siquiera se han vuelto a postular.
La forma en que terminaron Balaguer y Fujimori, y la crisis de Venezuela con Hugo Chávez, son también indicativas de la precariedad institucional derivada del continuismo. Y el grave deterioro de la economía argentina tuvo su origen en el desbordamiento del gasto público en que incurrió Menem para lograr quedarse en el poder.
Los analistas de la política latinoamericana suelen concordar en que una reelección no es mala en sí misma, pero desaconsejable en países de carencias institucionales como los latinoamericanos. A diferencia de las democracias más desarrolladas, como las de Estados Unidos y Europa, donde los gobernantes no pueden forzar las instituciones ni abusar de los recursos públicos para mantenerse en el poder.
[b]EL FANTASMA BALAGUERISTA[/b]
En sectores nacionales predomina el criterio de que como Balaguer logró reelegirse cuatro veces, cualquier otro podría repetirlo. Es una de las razones de la tendencia prevaleciente en los políticos dominicanos de tratar de reproducir el balaguerismo. Mejía ha dicho que lo copia en un 80 por ciento.
Se tiende a ignorar que Joaquín Balaguer fue fruto de una etapa ampliamente superada; que creció y se desarrolló como el bueno a la sombra de una tiranía, y que se benefició ampliamente de la guerra fría que en el Caribe se sintió con mayor fuerza por la presencia de Fidel Castro en el gobierno de Cuba y la cercanía de Estados Unidos, cuya ocupación del país en 1965 determinó su retorno al poder.
Esa tendencia fatalista pasa por alto también que ya ni a nivel nacional ni en el internacional es posible efectuar elecciones sin oposición como las de 1970 y 1974, ni fraudes impunes como los de 1990 y 1994, cuando -además- no se necesitaba la mitad de los votos para ganar la presidencia.
Vale recordar que con todo y fraude, Balaguer sólo alcanzó el 35 por ciento en 1990 y el 43 por ciento en l994. De haberse requerido la mitad de los votos no hubiese logrado la continuidad en el poder en esos comicios.
Se olvida también que en 1978 el balaguerismo no pudo reproducirse, cuando se enfrentó a un rechazo generalizado de la sociedad dominicana y a una política norteamericana que ya comenzaba a optar por las elecciones libres en América Latina.
Esa política se ha fortalecido en los últimos años, y como algunos creían lo contrario Estados Unidos envió tres altos funcionarios, entre noviembre y enero, para recordarlo en términos hasta poco diplomáticos, como los que viene empleando el embajador de la Unión Europea Miguel Amado.
Es significativo que en la reciente cumbre de los presidentes americanos se firmara una ratificación de la Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima en septiembre del 2001, donde las naciones del continente se comprometen al aislamiento de cualquier gobierno que sea fruto de una vulneración de los procedimientos democráticos.
Por todas esas razones fue que el licenciado Carlos Despradel, secretario Técnico de la Presidencia y una de las cabezas visibles del equipo económico del gobierno, proclamó el martes en Teleantillas que el país no tenía más remedio que realizar elecciones limpias en mayo próximo, o enfrentarse al aislamiento internacional con todas sus consecuencias, impensables cuando se negocia un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
[b]PERSPECTIVAS DE ALTERNABILIDAD[/b]
Por más sombras que proyecte el intento de continuidad, las perspectivas apuntan a una elección libre y con alternabilidad en el Poder Ejecutivo en mayo, determinada por el nivel de impopularidad del gobierno actual, fruto de la profunda crisis financiera y económica que ha degradado en términos alarmantes el nivel de vida de la población.
El disgusto es tan profundo y generalizado que se percibe en cualquier sector social, hasta el grado de hacer recaer sobre el presidente Mejía toda la responsabilidad de la crisis, incluyendo la derivada de la quiebra de tres bancos, cuya génesis antecede al actual período gubernamental.
El hecho de que el mandatario decidiera perseguir la reelección en medio de tan grave crisis, contradiciendo sus propias palabras y contribuyendo a la división de su partido, ha sido un factor de multiplicación del rechazo medido en las encuestas a partir de septiembre del 2002, justo cuando comenzó la crisis financiera nacional y cuando repercutían factores internacionales adversos, como recesión y altos precios del petróleo.
Ningún análisis económico o político contempla la posibilidad de que el nivel de deterioro económico sea revertido en proporción significativa en los tres meses que distan para los comicios presidenciales.
Tampoco se advierten perspectivas que auspicien un fraude de proporciones tan grandes como para que el presidente Mejía pueda sobrepasar de la mitad de los sufragios, en el caso improbable de que se lo propusiera. Sobre todo cuando el padrón de electores, que incluye fotografía, es un documento de dominio público en manos de los partidos, lo que permitió al de la Liberación Dominicana salir a verificarlo en las dos últimas semanas.
Con el empresariado, las iglesias, los Estados Unidos y la Unión Europea, gran parte de los partidos y de la sociedad civil militando a favor de elecciones libres, con un frente tan amplio de oposición como el que se manifestó en el paro de la penúltima semana, con la decisiva clase media en rebeldía, las posibilidades de maniobras antidemocráticas se reducen considerablemente.
Lejos están también los tiempos en que las Fuerzas Armadas y la Policía reunían el consenso para respaldar cualquier aventura electoral. Y aún entre los actuales jueces electorales predominará el respeto a la institucionalidad democrática. Una cosa es que puedan favorecer al poder en determinadas decisiones y otra que se presten a viciar el proceso electoral o a auspiciar un fraude que vulnere la voluntad popular.
Los primeros que tienen que convencerse de que aquí habrá elecciones libres en mayo son los dirigentes de oposición y preparar sus cuadros para defender sus votos, abandonando las denuncias y especulaciones que sólo sirven para crear pesimismo e inhibir voluntades.