Por Juan Bolívar Díaz
Sin el respaldo de los partidos y enfrentado a los otros ocho jueces electorales, el abogado santiagués no ayudará al éxito organizativo de los próximos comicios
Todo parece indicar que el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, presidente de la Junta Central Electoral (JCE) no ha comprendido los alcances de la última reforma pactada por los partidos a finales del año pasado, lo que lo conduce a una confrontación con todos los actores del sistema político y pone en juego la organización del próximo proceso electoral.
Los acontecimientos de las últimas semanas muestran que el doctor Morel se ha convertido en un llanero solitario, hasta el punto de enfrentar los ocho restantes jueces electorales, como ha quedado en evidencia en las últimas dos semanas.
Para un hombre de honor, como lo es sin duda el abogado santiagués, lo que corresponde es la dimisión al cargo, o se expone a humillaciones que desdicen de su carrera pública y profesional de las últimas cuatro décadas.
Morel Cerda sacrificado
En las últimas dos semanas el doctor Manuel R. Morel Cerda ha protagonizado un inconcebible enfrentamiento con los restantes 8 jueces integrantes de la JCE, que ha disminuído su estatura de hombre público honorable y con una hoja de servicio a la democracia como pocos de los abogados de su generación.
El reputado abogado santiagués no ha podido comprender los alcances de la reforma electoral pactada por los partidos en el marco del diálogo nacional a fines del año pasado, que en esencia está encaminada a reducir sus poderes tras haberse constituido en blanco de la confrontación de los opositores políticos y las instituciones sociales.
Independientemente de que tengan o no razón, Morel Cerda fue dejado en el aire por sus patrocinadores del partido de gobierno, frente a los cuestionamientos de que era objeto por los partidos de oposición.
Aunque él no pueda comprenderlo, ha sido una víctima de la aplanadora que en septiembre del 2002 eligió una JCE al márgen de los partidos de oposición y de las instituciones sociales.
Desde que la mayoría oficialista del senado eligió los jueces electorales hace seis meses, quedó claro que más temprano que tarde iban a tener que transar para mantener la credibilidad en el próximo torneo para elegir presidente y vicepresidente de la República.
Como era de esperarse la oposición centró su atención en el presidente del organismo que arbitra los procesos electorales, como forma de equilibrarlo, independientemente de los méritos o desméritos de su titular.
A la cabeza de los cuestionamientos se situaría el Partido de la Liberación dominicana (PLD) por razones políticas legítimas y para tratar de fundamentar sus alegatos de irregularidades en las elecciones congresionales y municipales del 2002. El otro partido mayoritario de oposición, el Reformista Social Cristiano (PRSC) también tenía su hacha afilada contra el doctor Morel Cerda, que como abogado enfrentó los desafueros del caudillo colorado en sus 23 años de gobierno, cuando se constituyó en defensor de los presos políticos y objetor de todos sus excesos.
Oposición radical
Los opositores apuntaron a la cabeza de la JCE, magnificando sus errores y subestimando sus éxitos.
El extraordinario éxito de organización electoral del 2000, con nueva cédula y nuevo padrón era reducido a la precipitación con que Morel Cerda estuvo al proclamar ganador de la presidencia al agrónomo Hipólito Mejía, cuando acumulaba un 49.85 por ciento de los sufragios, y por lo tanto no había alcanzado la mitad más uno.
Injustamente se quiso cargar a Morel Cerda y a la JCE las marrullerías computacionales registradas y demostradas en Santiago. De nuevo Morel cometió el error de la precipitación, cuando se fue a aquel municipio para presidir una sesión donde conocieron las denuncias de fraude que formulaba el PLD.
Lo correcto era que esperara a que el asunto llegara al plenario de la JCE por vía de la apelación que formularía el PLD al dictamen de la Junta Electoral de Santiago. Morel actuó ahí como llanero solitario. Aunque al final el resultado fue positivo, al dejar el precedente de que por primera vez en el país un jurado electoral anula votos de origen espúreo que beneficiaban al partido en el poder.
Los partidos de oposición trataron al doctor Morel Cerda con extrema dureza, desde su designación como presidente de la JCE en agosto de 1998, ignorando sus méritos acumulados en la militancia por la vigencia de la democracia y los derechos humanos, y hasta su honestidad, demostrada en más de cuatro décadas de vida pública y profesional. A tal punto que el PLD, entonces gobernante, y el Partido Reformista Social Cristiano sumaron esfuerzos para objetar la integración del tribunal., lo que hicieron inútilmente durante meses.
Los vínculos de esos jueces con el PRD fueron magnificados, reduciéndolos a simples militantes o dirigentes partidistas, pese a que no caían en ninguna de las dos categorías. Sin embargo, gran parte de la opinión pública dió razón a los opositores en cuanto a que el arbitraje electoral debería ser objeto de concertación en los ámbitos democráticos.
Si tal criterio no prevaleció entonces fue porque el gobierno del PLD y los reformsitas habían promovido artimañas para elegir al presidente de la Cámara de Diputados y para escoger a los integrantes de la Cámara de Cuentas, ignorando al PRD.
Al repetirse de la misma forma la elección de la JCE en el 2002 y ya con el perredeísmo en control de casi todos los poderes del Estado, la sociedad civil se sumó al cuestionamiento frontal.
Ningún golpe de Estado
La confrontación de los últimos días protagonizada solitariamente por Morel Cerda resulta incencebible y dañina para la imagen del tribunal electoral. Además, reveladora de que el abogado no ha logrado comprender que el partido de gobierno y sus senadores fueron forzados a una transacción para superar la crisis originada en la elección de los jueces. Se olvidó de que la oposición quería su cabeza.
El presidente de la JCE podría tener razón en cuanto a que la forma en que fueron divididas las funciones del organismo no era la más apropiada, y que era preferible una previa reforma constitucional para hacer una cirugía más elegante y funcional. Pero los partidos evadieron volver a tocar la Constitución, modificada en agosto pasado.
Aunque llegó a amenazar con impugnar la reforma electoral como inconstitucional, aparentemente Morel Cerda creyó que a la hora de la reglamentación podría compensar la pérdida de poder de que había sido víctima. Los vientos políticos le favorecieron hasta el momento en que se repartieron los jueces en las dos cámaras, el 19 de febrero.
Ya en sesión plenaria del 6 de marzo sometió a consideración un proyecto de reglamento distribuido tres días antes. La mayoría pidió más tiempo para estudiarlo, mientras asomaban objeciones, porque dejaba en manos del presidente funciones que habían quedado redistribuidas por la nueva ley.
Convocado para el 12 de marzo, el plenario, conoció el proyecto y aparentemente 8 de los nueve jueces, excluyendo al autor del mismo, ya habían concertado modificaciones dentro del espíritu de la reforma promulgada en enero.
No conforme con haber hecho contar sus objeciones al criterio mayoritario, el doctor Morel Cerda protagonizó una rebeldía solitaria y se desplazó hasta un periódico para denunciar “un golpe de Estado” en su contra, que se habría dado mientras se encontraba fuera del país. En todo caso se lo habría dado el Congreso Nacional.
Hubo quienes entendieron que el reglamento se había aprobado en ausencia del presidente de la JCE, lo que no ocurrió. El presidió las dos sesiones plenarias en que se discutió el documento, aprobado por una mayoría de 8 contra uno. Tal vez quiso decir que los 8 hicieron consenso durante su ausencia, que es otra cosa y parece absolutamente normal que se consultaran.
Exceso de tensiones
Lo normal sería esperar que bajarn las aguas, que Morel Cerda aceptara la decisión mayoritaria y se acomodara la carga durante la marcha. Pero él persiste en ignorar la ley 2-03, que dividió las funciones de la JCE. Así se desprende de sus declaraciones a El Nacional el 14 de marzo, cuando adujo que los artículos del reglamento que objeta “están impregnados del mismo espíritu de la ley”. Era lo que precisamente correspondía al reglamento.
Morel podría tener razón en cuanto a que la ley despojó al presidente de muchas de sus funciones, dejándolo como figura decorativa, excepto en las labores normativas, correspondientes al plenario de la JCE. Los tres aspectos que él objetó pautan labores estrictamente administrativas.
Lo más grave de todo es que fue el presidente del tribunal electoral quien sacó las diferencias a luz pública, y de mala manera, puesto que acusó a sus colegas de conspirar para darle un golpe de estado.
La situación llegó esta semana al extremo de que los otros 8 jueces ofrecieron una rueda de prensa para responder al presidente. Posteriormente se dijo en algún periódico que había un principio de arreglo, pero el jueves Morel Cerda no asistió a la sesión convocada con los delegados de los partidos para iniciar el proceso organizativo de los próximos comicios. Actuó su suplente.
Ese nivel de fractura afecta la imagen del tribunal y especialmente de su presidente, quien aparece en rebeldía frente a la ley. No le corresponde ni ayuda para nada al desempeño organizativo. El doctor Morel Cerda tiene pleno derecho a sustentar sus criterios, pero en tales circunstancias lo que parece acosnsejable es que abandone el cargo, con la dignidad que lo ha caracterizado toda la vida.-
Los párrafos objetados por Morel
Acápite 12 del artículo 3: “Se identifican como atribuciones de la Cámara Administrativa, todas las actividades principales y conexas no atribuidas al Pleno que se ejerzan en el área de la Secretaría, Trámite y Archivo, Recursos Humanos, recomendación de nombramientos y cancelaciones, Seguridad, Relaciones Públicas, Publicaciones e Impresos, Transportación, Mayordomía, Aprovisionamiento, Dirección Financiera, Dirección General de Elecciones, Auditoría, Dirección Administrativa, Inspectoría, Dirección de Registro Electoral, Cedulación, Dirección General de Informática, Dirección del Estado Civil y cualquier departamento o dirección sustantiva a los efectos de la organización, logística y celebración de las elecciones”.
Acápite 14 del artículo 3: “Todos los expedientes atinentes al Registro del Estado Civil que ameriten decisión de la Junta Central Electoral serán de la competencia del Pleno de conformidad con el art. 9 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil. Sin embargo, todo cuanto tenga que ver con la parte administrativa de las Oficialías del Estado Civil será de la competencia de la Cámara Administrativa…”
Acápite 3 del artículo 9: “Para el ejercicio de sus atribuciones, la Junta Central Electoral dispondrá de tres cuentas especializadas:” (y en párrafos sucesivos las identifica y detalla, la primera para el Pleno, otra para la Cámara Administrativa y la última para la Contenciosa.)-