Por Juan Bolívar Díaz

El coyuntura que vive el país, afectado por la recesión internacional y las secuelas de los atentados terroristas contra Estados Unidos, no parece ser propicia para embarcarse en un debate de reforma constitucional, con todas las pasiones que caracterizan a este pueblo.

Las incertidumbres que se han venido incubando por los intentos de prolongación protagonizados por grupos de legisladores, están llamadas a multiplicarse, sobre todo ahora cuando reaparece el tema de la reelección presidencial, presente en gran parte de las 35 reformas constitucionales de la historia nacional.

Hay quienes creen que la reforma constitucional podría estarse tratando como forma de desviar la atención pública, pero otros advierten que el tema es tan sensitivo que promueve la división hasta en el partido de gobierno y paraliza proyectos e inversiones que el país requiere con urgencia.

Grave preocupación

Diez días después de la trágica como dramática jornada del 11 de septiembre, el mundo está contaminado por los sonidos de los tambores de una de las guerras más difíciles que se pueda librar, frente a un enemigo que no tiene ejército ni frontera, aunque parece anidarse en un territorio, bronco y hostil, como el de Afganistán.

Con el agravante de que los cuadros de ese atrevido enemigo están infiltrados en decenas de países, y profesan una militancia político-religiosa capaz de producir una veintena de suicidas para una sola operación ofensiva del calibre de la de Nueva York y Washington.

La movilización de tropas, barcos y aviones de guerra por parte de Estados Unidos, en medio de reiteradas advertencias de que va a cobrar la afrenta de los atentados terroristas, tiene un efecto recesivo en lo inmediato, especialmente para los viajes y el turismo, acentuando las tasas de desempleo y elevando el costo del petróleo, de nuevo rondando los 30 dólares el barril.

La incertidumbre internacional podría prolongarse y sus efectos acentuarse en la medida en que no resulte fácil a los norteamericanos cobrar a los responsables de la muerte de unas 5 mil personas y de la gran destrucción registradas en las dos principales ciudades estadounidenses.

El mayor impacto inmediato en el país derivado de los ataques del 11 de septiembre radica en la drástica reducción del turismo, de la que todavía no hay suficiente información, tal vez porque los operadores del sector prefieren no sembrar el escándalo y el pesimismo.

Pero las suspensiones de vuelos charters han estado a la orden del día, provenientes de todas las fuentes, y los vuelos regulares están sufriendo reducciones, cuando no llegan con el mínimo de pasajeros. Esta semana hubo hoteles en la capital con ocupación del 10 y 20 por ciento. Y es que a nadie le gusta que la guerra le sorprenda lejos de su hábitat y mucho menos cuando el retorno tenga que producirse por aviones sometidos como nunca a la inseguridad.

Una segunda de las tres piedras fundamentales de la economía dominicana ha sido también duramente afectada. Según informes, en los días siguientes a los atentados los envíos de dinero se redujeron al mínimo. Aunque se espera que estos se recuperen más rápido que el flujo turístico.

Como consecuencia, la tasa cambiaria ha entrado en una onda alcista, pasando de 16.85 pesos por dólar que promediaba el intercambio al comenzar el mes, a 17.20 el 20 de septiembre, para un alza de unos 35 puntos.

Aunque la tercera piedra, las zonas francas, no ha sido desestabilizada por el clima de guerra, sus operadores convienen en que lo será si la situación no cambia en el breve plazo. Y este sector ya estaba siendo golpeado duramente por la “desaceleración” de la economía norteamericana. Aquí los empleos perdidos en el año se cuantificaban alrededor de los 15 mil. En México sobre los 200 mil.

Tiempo de tregua

Antes de la nueva situación de pre-guerra ya la economía nacional se situaba al borde de la recesión, con un crecimiento que se revalúa en reversa casi cada mes, -ya para menos del 3 por ciento este año- con déficit presupuestario que se proyecta entre 2 y 3 mil millones de pesos, que ha reducido las inversiones públicas.

Con el turismo y las zonas francas en contracción, con persistentes resistencias de sectores de interés frente a las reformas fiscales ejecutadas este año, y demandas sociales acumuladas a punto de explosión, el gobierno debería ser el más interesado en buscarse un clima de mayor entendimiento y confianza.

Sorprendentemente ha sido lo contrario y los legisladores del partido de gobierno han encabezado un persistente esfuerzo por mantener un clima de incertidumbre, blandiendo la amenaza de la reforma constitucional para acomodar la carta magna a sus intereses circunstanciales.

Contribuyeron a viciar el ambiente las amenazas de arrebatos y las exclusiones que precedieron la elección de 3 nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y la citación en masa del ex-presidente Leonel Fernández y 15 de sus seguidores para investigarlos sobre irregularidades arrojadas por una auditoría.

Independientemente de la validez o procedencia de las citaciones, el Partido de la Liberación Dominicana las ha denunciado como persecución política y como parte de una ofensiva que tendría el propósito de desarticular la oposición y crear condiciones para un “bateo y corrido” que incluiría la reforma constitucional, con prolongación y hasta reelección incluidas.

Es obvio que el PLD ha magnificado sus denuncias tratando de restar escenario a las investigaciones de las irregularidades administrativas, pero ha logrado enrarecer aún más el clima político.

A ello habría que sumar el manejo del gobierno en la elección de los jueces, en la que demostró que puede pasar por encima hasta de la palabra presidencial para lograr objetivos inmediatos, como el de mantener satisfecho al inconmensurable caudillo reformista Joaquín Balaguer.

A muchos no se les ha olvidado que el presidente Mejía había dicho que no favorecía la política en la justicia. Pero terminó agrediendo verbalmente y calumniando a los grupos sociales que reclamaban justamente mantener a los políticos comprometidos fuera de la Suprema Corte.

Vuelve la reelección

Cuando se esperaba que el presidente Mejía anunciaría planes de contingencia para enfrentar las secuelas de los atentados terroristas, lo que se recibe es el anuncio de que la próxima semana enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional que encargó a una comisión especial.

El mandatario le agregaría una reforma adicional que de inmediato despertó recelos y recibió un rechazo casi total: la prohibición de por vida de la reelección presidencial.

La iniciativa sorprendió a la opinión pública, puesto que una posición tan radical no se discutía desde la Constitución de 1963. Y más bien lo que ha predominado es la recurrencia a levantar la prohibición por dos períodos consecutivos, como se estableció en la reforma constitucional de 1994.

La generalidad de los rechazos han considerado que la propuesta tiene por objeto impedir el retorno al poder del ex-presidente Leonel Fernández, pero hay quienes la ubican en una habilidosa jugada para llevar el tema, disimuladamente, a la eventual asamblea revisora de la Constitución.

Esto así porque la iniciativa se produjo apenas días después que el debate de la reelección presidencial reapareciera en el perredeísmo. El nuevo presidente del Senado, Andrés Bautista, el secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, y el secretario de Interior y Policía, Rafael Suberví Bonilla, se declararon, casi al mismo tiempo, como partidarios de una reelección.

El senador García y Jáquez son dos de los “hombres del presidente” y el segundo fue clave en el proceso de lucha interna por la candidatura presidencial. Más sorprendente fue que Fello Suberví, quien además ostenta la secretaría general del PRD y aspira a la candidatura presidencial, se manifestara favorable a la reelección.

A decir verdad, hace tiempo que en diversos círculos se contaban los días para que apareciera la constante de la reelección, que tantas energías consumió al equipo de gobierno del presidente Leonel Fernández y que llevó a éste a “filosofar” sobre el tema, como forma de evadir fijar una posición al respecto. Esto pese a que el Congreso estaba en manos de sus opositores.

El tema de la reelección viciaría el proceso de reforma constitucional y dividiría al país en torno al mismo, incluso a los perredeístas. Desde luego no tanto ahora como cuando estaban bajo el liderazgo de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, que sustentaron la no reelección como fundamento de la democracia y principio básico del partido desde su fundación en 1939.

Fueron los intentos de repostular al presidente Antonio Guzmán los que sembraron la división entre éste, por un lado, y Peña Gómez y Salvador Jorge Blanco por el otro, y desataron una serie de luchas internas concatenadas, que culminarían con el suicidio del Presidente Guzmán en 1982 y luego con la división del partido y su derrota electoral de 1986.-