Por Juan Bolívar Díaz

Sin embargo la mayoría perredeísta tendrá que cumplir lo pactado para revestir de alguna credibilidad a la JCE 

            La reacción del presidente y otros miembros del Senado de la República tras la aprobación de la reforma de consenso a la ley electoral parece mostrar que muchos dirigentes perredeístas siguen sin comprender la delicada situación económico-política que vive el país, demandante de coherencia y responsabilidad en la gestión gubernamental.

            Con el petróleo a 32 dólares el barril, el dólar sobre 23 por uno, pese a las “buenas intenciones” de los cambistas, y con los persistentes toques de los tambores de guerra en Estados Unidos, la situación sigue requiriendo acciones que generen confianza, no que promuevan incertidumbres.

            Pero la cerrazón de la mayoría de los senadores determinó que comenzara el año sin aprobar el nuevo presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos, y en medio de amenazas con desconocer el consenso del diálogo político para volver a imponer la mayoría mecánica en la nueva composición de la Junta Central Electoral (JCE).

Aprobación por cansancio

            Fue en la última jornada del 2002 cuando la mayoría senatorial perredeísta se dignó aprobar el proyecto de ley que divide las funciones de la JCE y agrega dos jueces al organismo, justo dos meses después que fuera pactado por consenso entre los partidos mayoritarios y el Presidente de la República.

            Se logró ese paso casi por cansancio, luego que los reformistas endurecieran su posición en la Cámara de Diputados rechazaran aprobar el proyecto de bonos soberanos. Hasta la presidenta del organismo, Rafaela Alburquerque, quien ha sido una gran colaboradora del gobierno del presidente Mejía, tuvo que erguirse para que los gobiernistas comprendieran que no estaban jugando.

            Tal como dijeron algunos perredeístas. Se trató de un “dando y dando”: ustedes honran el pacto y nosotros le apoyamos los bonos soberanos. Ni más ni menos. Pero hasta último momento, algunos prepotentes creían que la mayoría podía burlarse nuevamente de lo pactado, en base a una supuesta soberanía legislativa.

            Políticos, legisladores y hasta articulistas han pretendido dar categoría de chantaje primero al rechazo generalizado que recibió la elección de los jueces electorales en función de los intereses de un partido, despreciando la búsqueda de consenso que en esa materia había pautado las escogencias anteriores. Y segundo a los reclamos por el cumplimiento de lo pactado en el diálogo político convocado por el propio presidente Mejía.

            El derecho del Senado a elegir los jueces electorales no implica el atropello a los principios democráticos que toman en cuenta a las minorías y reconocen la consulta con la sociedad.

            Está por medio también el derecho de la ciudadanía y sus instituciones a rechazar cualquier decisión de los poderes públicos que consideren contraria al supremo interés de la sociedad, sin que ello implique conspiración alguna. Más aún porque el rechazo no estuvo acompañado de ningún hecho contrario a la institucionalidad democrática ni se ha pretendido imponer por la fuerza.

Acusaciones de chantajistas

            Aún después de aprobada la reforma electoral, el presidente del Senado, Andrés

Bautista y los senadores Papo Luna y César Augusto Matías han persistido en rechazar el consenso político como medio legítimo para la gobernabilidad democrática.

            Fueron lejísimo diciendo que aprobarron la reforma bajo chantaje de la Sociedad Civil, pretendiendo responsabilizar de ello a las instituciones más activas de la misma, como la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana.

            Esos legisladores parecen olvidar que los firmantes compromisarios del pacto fueron los dirigentes de los tres partidos mayoritarios, incluyendo al que los postuló a senadores, y el presidente Mejía, principal líder del partido en el poder.

            En realidad pretendían repetir con este acuerdo lo que hicieron con el Pacto para la Reforma Constitucional también suscrito en septiembre del 2001 por el presidente Mejía y el presidente del PRD, Hatuey de Camps, junto a los líderes de los otros dos partidos mayoritarios.

            Eso quedó implícito cuando la última semana de diciembre, durante una entrevista de televisión, el principal vocero del PPH, Eligio Jáquez, pretendió justificar tal comportamiento en el desconocimiento del consenso para la reforma constitucional de 1994 por la alianza PLD-PRSC. O sea, que apeló a la política del ojo por ojo y diente por diente, pero ahora como práctica normal y sistemática.

            Todo el comportamiento de los perredeístas conllevaba una alta dosis de prepotencia y arrogancia frrente a sus propios colaboradores de la oposición. Se pretendía que era pecaminoso condicionar la aprobación de los nuevos bonos a la reforma de la JCE, pero sí legítimo desconocer un pacto suscrito por los partidos mayoritarios y el presidente de la nación. Subestimaban abiertamente a sus opositores, considerándolos fácil presa de los manejos del poder, capaces de sucumbir ante un comportamiento tan mezquino.

            Los opositores no dieron su brazo a torcer y tuvieron que capitular los voceros oficialistas del Senado, urgidos por la necesidad de los 600 millones de dólares en bonos soberanos.

De transacción se trata

            El vocero de los diputados peledeistas, ese brillante joven político que es Julio César Valentín, llegó a decir esta semana que el comportamiento de la mayoría senatorial demuestra que para negociar con el PRD hay que sentarse no sólo con el presidente del partido y el Presidente de la República, sino también con el secretario general, los jefes de los grupos y tendencias y hasta los voceros congresionales.

            Pareciera que de golpe y porrazo los perredeístas han olvidado que la transacción es recurso fundamental de la política, y que ella implica siempre un toma y daca. Y que el incumplimiento de los pactos genera dificultades de todo género y hasta ingobernabildiad.

            Tanto parecen haberlo olvidado, que sus voceros senatoriales ahora pretenden que “nadie les impondrá” los dos jueces electorales adicionales en virtud de la reforma aprobada.

            De nuevo pretenden ignorar lo pactado. El acuerdo logrado con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado, y negociado directamente con el presidente Mejía, implica que los dos nuevos jueces tienen que tener el beneplácito de los partidos de oposición y de la socidedad civil. Se acordó que no podrían ser militantes partidarios.

            Más aún: el acuerdo en realidad es para elegir tres nuevos jueces. Porque el presidente empeñó su palabra en que lograría la renuncia de uno de los designados en septiembre pasado, para lograr un mayor consenso en la composición de la JCE.

Y se acordó que esto último no se consignaría públicamente para evitar situaciones incómodas.

            Vale consignar que las negociaciones de estos detalles fueron efectuadas por los dirigentes de los partidos y el presidente Mejía con la única mediación de Monseñor Núñez Collado. No participaron los dirigentes de la Finjus y Participación Ciudadana ni de otras entidades sociales. Simplemente avalaron lo consensuado por los políticos cuando se presentó como hecho consumado en la plenaria del diálogo, al finalizar octubre.

No hay alternativa: equilibrar la JCE

               Por más pataleos que hagan, los senadores perredeístas carecen de alternativa. Tendrán que concluir ejecutando lo pactado para dar algún grado de credibilidad a la JCE.

            Es que se ha generalizado la convicción de que la gestión política gubernamental es fundamental en las actuales circunstancias para mantener la estabilidad macroeonómica.

            Con el mundo amenazado de una guerra que podría resultar devastadora, para el turismo entre otros sectores, con el petróleo a 32 dólares el barril y amenazado de seguir subiendo, y con la crisis venezolana afectando el suministro de combustibles, el gobierno no puede reabrirse el conflicto político, sin graves repercusiones.

            De hecho el dólar sigue muy escaso en el mercado cambiario dominicano, y su cotización real está por encima de 23 pesos, con temores de que una nueva corrida lo pudiera llevar sobre los 25, con su secuela de inflación y descrédito político.

            Muchos analistas siguen creyendo que los factores políticos están influyendo más que los económicos en el proceso devaluatorio, estimulado por las incertidumbres. Hay quienes sostienen que la gestión económica del gobierno es mejor que la gestión política y que actitudes como la de los voceros senatoriales en nada ayuda a configurar el clima de sosiego que requiere la delicada situación económica.

            Desde el punto de vista puramente partidario, tampoco tienen alternativa que no sea cumplir lo pactado, porque seguirían alejando hasta a los aliados dentro del PRSC y aproximándolos al PLD, lo que de cara a la doble vuelta electoral configurada para el próximo año es una malísima inversión.

            Esos puntos de vistas son compartidos por el equipo económico del gobierno y los asesores del Presidente, y por muchos de sus colaboradores políticos. Pero absurdamente no lo entienden algunos legisladores, lo que crea desconcierto, sobre todo si se trata de los que son militantes del grupo del agrónomo Mejía dentro del PRD, el llamado PPH.

            En nada ayuda a la confianza y la credibilidad el que el gobierno haya comenzado el año 2003 sin que el Congreso le aprobara el presupuesto. Todo porque las energías de los senadores gobiernistas más activos han estado concentradas en las marrullerías tendentes a desconocer el pacto político para equilibrar la JCE.

           La rápida aprobación del presupuesto y la elección, sin nuevos escándalos, de los nuevos jueces electorales son indispensables y urgentes para fortalecer los esfuerzos gubernamentales en mantener la estabildiad política, social y macroeconómica del país.-