Por Juan Bolívar Díaz

El discurso de juramentación de Leonel Fernández es clave para completar el proyecto de reforma fiscal con la política de gasto y compensación social

             Las expectativas nacionales están centradas en el discurso del doctor Leonel Fernández Reyna cuando se juramente el próximo lunes como presidente de la República, en el que deberá definir las políticas del gasto público y de compensación social que complementen el proyecto de ley de reforma fiscal que cursa en el Congreso Nacional.

            El nuevo gobernante deberá convocar a todos los sectores nacionales a un esfuerzo conjunto que permita iniciar la tarea de superación de la grave crisis financiera por la que atraviesa el país, consciente de que inicia una gestión gubernamental con una minoría en las cámaras legislativas.

            Nadie debe esperar ni menos reclamar milagros ni rápida solución a los déficits fiscal y cuasifiscal como tampoco a la madeja de problemas que constituyen la crisis energética fruto de muchos años de desaciertos e imprevisiones, por lo que esta vez el período de tolerancia y comprensión tiene que ir mucho más allá de los clásicos 100 días.

La segunda oportunidad

            Para el doctor Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el período gubernamental a iniciarse el lunes 16 será una segunda oportunidad para realizar una gestión que genere satisfacción, con posibilidades de afianzarse como primera fuerza política, dadas las dificultades por las que atraviesan los otros dos grandes partidos del sistema.

            Al igual que en 1996, el peledeísmo llega al Poder Ejecutivo con la desventaja de ser minoría en el Congreso Nacional y el Poder Municipal, lo que lo obliga a una inteligente política de intercolaboración que no lo vuelva a dejar aislado en corto tiempo como ocurrió en su primera oportunidad.

            Ahora tiene la ventaja objetiva y subjetiva de no deberle el poder a otro de los grandes partidos, de disponer de una maquinaria política de cientos de miles de militantes, a diferencia de hace 8 años, cuando era un partido basado en 14 mil miembros, más la experiencia de haber gobernado.

            La gran desventaja es que esta vez Fernández encuentra el país sumido en una grave crisis financiera, con el petróleo sobre 44 dólares el barril y con severa recesión llamada a agudizarse con la reforma fiscal a que obligan las circunstancias. En 1996 la economía llevaba varios años de estabilidad y crecía al 5 por ciento, mientras este año se espera un descrecimiento del 1 por ciento y el pesado fardo nacional del petróleo ronda los 44 dólares por barril.

            La reforma fiscal que se frustró hace 8 años perseguía aumentar la capacidad del gobierno para invertir y encaminar políticas sociales de rescate de las mayorías preteridas, mientras ahora el objetivo inmediato consiste en cubrir déficits para restablecer el equilibrio macroeconómico y retomar el crecimiento.

            Aunque tanto el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) son más débiles que en 1996, ello mismo conlleva una mayor dificultad para la gobernabilidad puesto que no disponen de los liderazgos unificadores y políticamente racionales de José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer.

            Hace 8 años Leonel Fernández y su partido no tuvieron suficientes habilidades o disposición para negociar y conseguir la colaboración de esos líderes. Factor fundamental en contra fue que el PRD salió de las elecciones con el 48 por ciento del sufragio y con un liderazgo unificador que despertaba esperanza en casi la mitad de la población.

            El desconcierto en que ahora concluye el gobierno perredeísta, dejando el país sumido en una de sus peores crisis económica y con el partido fraccionado y desacreditado ante dos tercios de la población y sin rumbo institucional firme, abre mayores posibilidades de afianzamiento para el PLD y su nuevo ejercicio gubernamental.

Expectativas limitadas

            El doctor Fernández Reyna llega de nuevo al poder con expectativas más limitadas que las de 1996, porque hay amplia conciencia de la crítica situación que hereda, cuya simple superación a corto o mediano plazo sería ganancia política aunque no conlleve crecimiento espectacular.

            Las expectativas son menores también porque el PLD llegó al gobierno la primera vez con una gran virginidad política que perdió en corto plazo causando decepciones que generaron las frustraciones electorales de 1998 y el 2000.

            Pero esas cortas expectativas derivadas del creciente descreimiento en el sistema de partido, de la persistente impunidad de la grave corrupción pública y privada que ha hundido la economía nacional y un notable ambiente de frustración podrían convertirse en un lastre para una gestión gubernamental que tropezará con serias dificultades para satisfacer las necesidades de las mayorías empobrecidas y hasta de las clases medias.

            Uno de los primeros desafíos del nuevo gobierno será poner alguna distancia de los responsables de las quiebras bancarias, permitiendo que sigan su curso los procesos judiciales abiertos. Importantes dirigentes del PLD reconocen que algunos de los abogados de los banqueros procesados tienen “acciones” en el nuevo gobierno. Y se dice que también los mismos acusados.

            Al respecto la primera prueba será si la nueva gerencia del Banco Central mantendrá el equipo de abogados que lleva los procesos judiciales contra los acusados de las quiebras fraudulentas de los tres bancos. La designación del ministerio público, especialmente del Procurador general y el clave fiscal del Distrito Nacional, podría enviar señales de la actitud frente a la corrupción denunciada y la que pueda encontrarse entre los funcionarios salientes. Un sociólogo dirigente de la Sociedad Civil estimó en una reciente reunión que una señal de impunidad “sería un incentivo a la desesperanza y la rebeldía social”.

            Mientras un comunicado suscrito por más de 130 ciudadanos y ciudadanas reconocidos advirtió al nuevo gobierno de los riesgos de negociar la justicia “por razones de compromisos, pragmatismo político o por una gobernabilidad cómplice”. Entonces “podrá tener como aliados a los responsables del fraude y de las anomalías que lo generaron, pero igualmente se habrá enajenado el apoyo ciudadano y la legitimidad, desmantelando lo poco que queda del Estado de Derecho”.

            Otro desafío para el gobierno peledeista será ampliar su respaldo en los grupos organizados de la sociedad civil, el cual perdió en su anterior ejercicio, cuando consideró perredeísta toda disensión o reclamo.

Reclamada reforma integral  

            El discurso de instalación del presidente Fernández tendrá que abordar la política de gasto, inversión y compensación social que los sectores más influyentes han reclamado para que el paquete fiscal sometido al Congreso adquiera la categoría de reforma integral.

            El proyecto ha sido bombardeado por todos sus flancos, por una variada muestra social, que va desde el empresariado y los profesionales de la economía, los partidos políticos y los grupos sindicales y populares.

            Sus efectos inflacionarios agravarán aún más la degradación del poder adquisitivo

de los sectores de ingresos fijos, no solo de los niveles populares, sino también de los segmentos medianos y bajos de las clases medias, con repercusiones recesivas, que deberán ser combatidas con algún reajuste salarial, aunque no sea tan significativo como el 40 por ciento de aumento general cuando la reforma para saldar la crisis que estalló en 1990.

            Para mantener el respaldo, en especial del sector empresarial, el nuevo presidente deberá anunciar una política de extrema austeridad, con un plan de reducción del empleo público, del gasto de representación, en vehículos y combustibles, en teléfonos y viajes.

            Esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana propuso al presidente Fernández “un compromiso ético para el ejercicio del poder, dirigido a fomentar una gestión pública moderna, transparente y confiable, que garantice los servicios públicos a la ciudadanía, elimine la corrupción y establezca un nuevo modelo de gobierno fundado en la eficiencia y la austeridad”.

            Al respecto señalaron diez decisiones dependientes del Poder Ejecutivo, como política racional de gasto, concursos para las compras y obras del Estado, suprimir el clientelismo en los consulados, seleccionar un ministerio público comprometido en la lucha contra la corrupción pública o privada, que no se amedrente ante el poder económico o la alcurnia de los inculpados, y hacer cumplir la ley sobre declaración jurada de bienes al inicio y al final de la gestión.

            También cesar las exoneraciones y facilidades arancelarias ilegales, velar por los mecanismos de control y supervisión en toda la administración pública, especialmente en los sectores financiero y eléctrico, procurar que los programas sociales lleguen a los sectores más pobres, sin discriminación, depurar la nómina gubernamental y disponer un ajuste general de salarios y velar por el cumplimiento de la ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa.

            El documento de Participación Ciudadana recoge la mayoría de los reclamos que se han venido formulando desde diversas instancias sociales y políticas para que los nuevos sacrificios fiscales puedan ser asimilados.

            El presidente Fernández también ganaría respaldo si rescata todo un código anticorrupción acumulado en las gavetas del Congreso Nacional para prevenir y sancionar la corrupción en todas sus expresiones y demanda al Poder Legislativo su aprobación.

            Un compromiso presidencial de esa naturaleza y dimensión evitaría que los legisladores salgan a pescar en el disgusto y modifiquen a su antojo el proyecto de reformas fiscales propuesto por los técnicos del PLD.

            La experiencia de su anterior gobierno, debe advertir al PLD del peligro de solo atender los reclamos de los sectores de mayor poder, como ya ha ocurrido con el proyecto que cursa en el Congreso. El costo de los nuevos impuestos, casi todos al consumo, podría generar a corto plazo un disgusto popular peligroso no solo para el nuevo gobierno, sino también para la estabilidad democrática nacional.-