Por Juan Bolívar Díaz

La reconocida organización Transparencia Internacional (TI) publicó esta semana un nuevo informe sobre el masivo alcance de la corrupción mundial, con un mayúsculo costo que obstaculiza el crecimiento económico sostenible, relevando la connivencia entre el sector público y el privado.

Mientras tanto en el país trascendían dos proyectos encaminados a reducir los alcances de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública a nombre de una seguridad nacional que nunca ha estado en peligro por la transparencia que promueven esa legislación y su correspondiente reglamento, fruto de amplias consultas.

US$40,000 por año

El informe Global de la Corrupción 2009 de TI pone énfasis en los enormes costos derivados de los sobornos, carteles de fijación de precios y de la influencia indebida de las grandes fuerzas empresariales sobre las políticas públicas “que se convierten en una fuerza destructiva que debilita la competencia leal, retarda el crecimiento económico y, en definitiva, atenta contra la existencia misma de las empresas”, con repercusiones negativas para el desarrollo sostenible.

Tan solo en los países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos por un total de hasta 40 mil millones de dólares por año, sostiene el informe que documenta numerosos casos de gerentes, accionistas mayoritarios y otros actores empresariales que abusan de su poder para beneficio propio, perjudicando a propietarios, inversionistas, empleados y a la sociedad en general.

La mitad de los ejecutivos de empresas internacionales que fueron encuestados para el informe de TI estimaron que la corrupción eleva al menos en 10 por ciento el costo de los proyectos y son los ciudadanos quienes pagan el costo. Resalta que “los casi 300 carteles privados internacionales descubiertos entre 1990 y 2005 aplicaron a sus consumidores sobreprecios por 300 mil millones de dólares”.

La connivencia o traspaso entre el sector público y el privado facilita contrataciones fraudulentas, en las que la oferta no competitiva y la falta de transparencia generan enormes derroches de bienes y servicios poco confiables, indica el informe presentado el miércoles simultáneamente en Nueva York y Berlín. Sostiene además que el poder económico de algunas empresas les otorga una influencia desproporcionada sobre los procesos de adopción de decisiones políticas.

Contra la corrupción

Como su mismo nombre indica, Transparencia Internacional tiene como misión fundamental promover en el mundo normas que hagan transparente la gestión pública y promuevan un uso eficiente de los recursos económicos para reducir la pobreza y las desigualdades. Este año quiso llamar la atención sobre la responsabilidad del sector privado en la corrupción de los políticos y gobernantes.

“Cuando empresas irresponsables son partícipes de actos de corrupción, las consecuencias pueden ser devastadoras. La corrupción puede causar daños imprevisibles, desde escasez de agua, condiciones laborales indignas o tala ilegal hasta medicamentos peligrosos o el desplome mortal de construcciones deficientes o ilegales. El sector privado tiene un rol crucial en prevenir estas consecuencias, actuando de manera transparente y responsable cada vez que realiza operaciones con fines de lucro”, indica el informe.

Abunda en que muchos de los países que ocupan los últimos puestos en el Indice de Percepción de la Corrupción que elabora cada año TI no sólo están a merced de los actos de gobiernos inescrupulosos, sino también de grandes empresas dispuestas a establecer acuerdos corruptos con los funcionarios gubernamentales.

La República Dominicana aparece en ese índice con una puntuación de 3 sobre 10, es decir con apenas un 30 por ciento de aprobación, ocupando la posición 102 entre 180 países evaluados y figura entre los 7 del continente de mayor percepción de corrupción.  Chile y Uruguay tienen el mejor promedio en América Latina con 6.9, mientras Haití ocupa el último escalón regional con apenas 1.4, lo que a nivel mundial le deja en la posición 177. Con todo, el país no queda tan mal parado en el índice de TI si se le compara con las posiciones que ocupa en el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, que lo coloca en los últimos 7 puestos entre 132 países, en diversas expresiones de la malversación de los recursos públicos.

Proyectan restricciones

Mientras en el ámbito internacional se insiste cada vez más en la promoción de la transparencia como mecanismo fundamental para combatir la corrupción, en el país se asiste a una ofensiva encaminada a reducir los alcances de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, que tiene apenas 5 años de promulgada, y con un reglamento de aplicación que data del 2005.

Ya no sólo se trata del mal hilvanado “Proyecto de Ley de Acceso Regulado a los Datos e Información Públicos”, presentado por el diputado Alfonso Crisóstomo, sino que esta semana circuló por Internet un mejor redactado “Anteproyecto de Modificación de la Ley General de libre Acceso a la Información Pública, que no identifica sus patrocinadores.

El proyecto del diputado puertoplateño  pretende sustituir por completo la ley vigente, mientras el segundo busca una modificación de una decena de artículos, pero ambos coinciden en ampliar las excepciones al libre acceso a la información pública, que han sido argumentadas para negar informaciones requeridas por comunicadores sociales. La Ley 200-04 contiene una docena de excepciones, incluyendo la información vinculada con la defensa y la seguridad del Estado que generalmente se argumenta para justificar el secretismo en la gestión pública.

Crisóstomo busca complicar el procedimiento de solicitud y obtención de información, llegando al extremo de plantear en su artículo 12 que quien al obtener una información de organismo público detecte “la existencia de un acto indebido, de una indelicadeza, de un procedimiento administrativo mal aplicado, de una iniciativa excesiva, pero que no alcance la categoría de un ilícito penal, crimen o delito”,  deberá notificar por escrito al funcionario responsable dándole un plazo de 15 días para que la corrija y sólo en caso de que no lo haga podría publicarla.

El proyecto de autor desconocido crearía un Consejo de Información Clasificada en cada entidad pública para establecer los informes que no podrían ser publicados atendiendo a cuatro categorías: máximo secreto, secreto, confidencial y restringido. En esta última categoría cabría todo, atendiendo a su definición: “Caso en que la información podría causar efectos no deseados si estuviera públicamente disponible”. Es obvio que toda denuncia de malversación crea efectos “no deseados” para los responsables.

Ofensiva injustificada

Ni los proyectos de leyes ni los desafíos que han hecho funcionarios públicos a la ley que promueve la transparencia en la gestión pública han tenido la menor justificación, a no ser la molestia que causan las frecuentes denuncias de diversos grados de malversación de los recursos públicos.

De hecho, en múltiples casos los funcionarios han evadido la entrega de información, haciendo a los solicitantes agotar hasta el último recurso. El caso más notable fue el de Diandino Peña, quien se amparó en la seguridad nacional para no entregar los estudios de factibilidad del Metro de Santo Domingo solicitados por  el periodista Huchi Lora. Un tribunal no aceptó el argumento de seguridad nacional y le ordenó la entrega, ya que Lora siempre especificó que no pedía los planos mismos, sino los estudios geológicos y económicos. Se ignora que el Metro haya derivado alguna consecuencia.

El concepto de seguridad nacional está en devaluación en todo el mundo desde el final de la guerra fría, donde todo se justificaba en nombre de la defensa de las “sagradas instituciones occidentales y cristianas”, pero sobre todo en países pequeños y pobres que tienen muy pocas cosas que ocultar por razones de supervivencia y donde el ocultamiento  sólo ha servido para auspiciar la corrupción en sus múltiples expresiones.

Resalta que la Ley 200-04 es fruto de un largo proceso de consultas entre el sector público e instituciones sociales, que fue promulgada el 28 de julio del 2004 al final del Gobierno de Hipólito Mejía y aprobada cuando su Partido Revolucionario Dominicano tenía mayoría en el Congreso.  Pero el reglamento fue elaborado durante el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y promulgado por el presidente Leonel Fernández, lo que implica que involucra a los dos partidos mayoritarios.

Es relevante la ponderación de la ley que hizo el doctor César Pina Toribio, entonces Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, y actual secretario de la Presidencia, al presentar su reglamento, mediante el Decreto 130 del 25 de febrero de 2005. Entre muchas otras cosas decía que “la transparencia es un valor democrático y ético indispensable”.