La sociedad civil no debe abandonar los espacios de participación ganados

Por Juan Bolívar Díaz

Las organizaciones sociales deben seguir gestionando pacientemente un mejoramiento de la gestión pública y la institucionalidad democrática

             Sería un error estratégico de las organizaciones de la sociedad civil aceptar la provocación del discurso excluyente que se manifiesta en ámbitos gubernamentales y legislativos desarrollando una línea de confrontación y abandonando los mecanismos de participación creados en los últimos tiempos, especialmente durante el actual período de gobierno.

            Un conjunto de organizaciones sociales ganó un espacio participativo gracias al esfuerzo de concertación con el ámbito político, presionando por reformas institucionales y democráticas, algunas de las cuales han sido presentadas como modelo a seguir en otras naciones de América Latina.

            Pero esos mismos avances y algunos discursos inapropiados en dirigentes sociales han desatado un enfrentamiento y actitudes excluyentes, especialmente en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del que se esperaba una mejor relación con la sociedad civil, a la luz de su programa de “gobierno compartido”.

Ambiente confrontativo      

            Aunque en el programa de gobierno ofertado por el PRD para el actual período se expresa devoción por la participación de las organizaciones sociales en la gestión pública, y el gobierno del presidente Hipólito Mejía ha creado numerosos mecanismos con ese objetivo, el discurso público los contradice continuamente.

            Ahora se habla de “la llamada sociedad civil” y todo reclamo de sus entidades más activas es interpretado como una injerencia y hasta como intento por desplazar o desconocer las instituciones gubernamentales y hasta constitucionales.

            Ese discurso se ha fortalecido especialmente entre legisladores perredeístas a raíz del extremo activismo por reformas constitucionales contradictorias de sus propios planteamientos programáticos, como fue el caso del restablecimiento de la reelección presidencial o los intentos por revocar la inamovilidad de los jueces, lo que también se intentó en el gobierno anterior.

            Ambas cuestiones fueron consagradas en la reforma constitucional de 1994, impulsadas por el perredeísmo, a través de su líder José Francisco Peña Gómez, el mayor teórico sobre la participación del conjunto social organizado en la gestión pública. Desde la izquierda Maximiliano Gómez (El Moreno) fue otro constructor del discurso vinculante entre los partidos y las organizaciones sociales, allá por los finales de los sesenta.

            También entre dirigentes sociales se manifiestan tendencias confrontativas, fruto de la desesperanza y la frustración generadas por un sistema de partidos excesivamente clientelistas y rentistas, y por la recurrencia de la corrupción en este como en los gobiernos anteriores.

            Algunos sobreestiman el poder organizativo de las organizaciones sociales y subestiman la capacidad de los políticos, dedicados a tiempo completo a su oficio y en los últimos años financiados hasta con dinero del presupuesto nacional.

            Hay también quiénes se desesperan al ignorar que la corrupción y la falta de institucionalidad democática no son patrimonio de los partidos y del poder público, sino que traspasan el seno de la multiplicidad de instituciones de la sociedad y forman parte de elementos culturales ancestrales y que tienden a retoñar por más que sean podados y renovados.

Ninguna retirada

            En las últimas semanas se ha discutido en los ámbitos más activos de la sociedad civil la retirada de organismos participativos como el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción, incentivados por la escasa voluntad política para crear mecanismos preventivos y de combate a la corrupción, lo que quedó de manifiesto con la renuncia del doctor Virgilio Bello Rosa a la Procuraduría General de la República.

            Escándalos como el que involucró al jefe de la avanzada de seguridad del presidente Hipólito Mejía y la forma en que se ha manejado el caso, lo mismo que el del diputado vegano acusado de tráfico de chinos por la frontera, no sólo han manchado el gobierno, sino que han dejado un sedimento de decepción en la sociedad.

            Las tendencias al retiro han sido alentadas también porque el consejo asesor ha sido realmente inoperante 18 meses después de su constitución por decreto presidencial, como ocurrió también durante mucho tiempo con el Consejo de Seguimiento a las Instituciones sin fines de Lucro y el Consejo Asesor para las políticas Sociales.

            Sin embargo, las representaciones sociales en estos dos últimos organismos, en vez de retirarse presionaron su funcionamiento y en los últimos meses han registrado un avance considerable.

            Lo mismo se impone en el Consejo Asesor anticorrupción, como plantearon en una reunión consultiva celebrada el pasado jueves casi todos los representantes de organizaciones sociales que se manifestaron.

            Hubo quienes sustentaron que la misión de las organizaciones sociales debe ser aprovechar la mínima brecha que quede en los organismos de participación para seguir tratanto de concertar acciones con quienes tienen el poder en cualquiera de los organismos estatales.

            La sociedad civil tiene que evadir la tentación del enfrentamiento y seguir trabajando pacientemente, puesto que los usufructuarios del poder de ninguna manera van a renunciar al mismo ni en este ni en ningún gobierno por venir, como tampoco ocurrió con los que lo ejercieron en los períodos anteriores. Menos aún en un poder tan concentrado como el que disfruta el PRD.

Espacios a defender

            No hay dudas de que la sociedad civil dominicana contribuyó notablemente a los avances de la última década, en materia de la transparencia y limpieza electoral, en la promoción de importantes reformas en las áreas de salud, educación, seguridad social y en el mejoramiento de la justicia.

            La participación en las reformas electorales y de la justicia han sido reconocidas por numerosas instituciones internacionales, algunas de las cuales la han presentado como modelo para otros países de la región.

            Pero los avances sociales no suelen ser verticales y se dan situaciones de flujo y reflujo. Un caso ilustrativo ha sido el del Defensor del Pueblo, que en febrero cumplirá dos años de instituído, sin que los legisladores le hayan dado curso. Han querido repartirse los cargos entre los allegados y hasta dirigentes políticos, tratando de ignorar el texto de la propia ley que lo consagra como un mecanismo fuera del control partidario.

            Frente a esa como otras dificultades, lo que corresponde a las organizaciones sociales es seguir presionando y defendiendo el espíritu de los espacios conquistados, que en ningún caso fue tarea fácil, sino el fruto de arduos trabajos de concertación al interior de los organismos sociales y en relación con los dirigentes políticos.

            No se pudo instituir la reforma constitucional mediante asamblea elegida al efecto, pero la sociedad contribuyó a evitar notables excesos planteados, como el de revocar la inamovilidad de los jueces y prolongar períodos legislativos. No se logró la elección de jueces electorales por consenso, pero se ha forzado un proceso de reforma electoral para buscar algún equilibrio.

            Con mucho empeño el sector empresarial acaba de firmar con el gobierno un pacto para la estabilidad y el crecimiento económico y su misión cuando aparezcan intentos de desconocerlo no es de abandonar el escenario, sino de proseguir la lucha, tratando de convencer de sus beneficios a los que detentan el poder.

            En la elección de tres jueces de la Suprema Corte el año pasado, no se logró todo lo demandado por la sociedad civil, pero dos de ellos no pudieron ser objetados en ningún aspecto, y el máximo organismo judicial no ha mostrado señales de debilitamiento. Al igual que en la elección de jueces en 1997, -contrario a lo que algunos han sustentado- hubo negociaciones políticas y también atención al reclamo de la sociedad.

            Desde luego, hay en la sociedad civil quienes creen que tienen fuerzas suficientes para doblar el pulso a los que ejercen el poder, fruto de insuficientes consideraciones de la realidad, incluyendo a la enorme dispersión y diversidad de las organizaciones sociales, muchas de las cuales apenas luchan por su subsistencia.

Los bueyes de la carreta

            Cansados de los vicios del partidarismo político, hay dirigentes sociales que acarician la esperanza de su desaparición, sin que falten quienes crean que ellos podrán sustituirlos en la dirección del Estado, montados sobre grupos emergentes.

            Sin embargo, las recientes experiencias de Brasil, con Collor de Mello, de Perú con Fujimori, de Guatemala con Elías Serrano y las críticas situaciones de Venezuela, Argentina y Ecuador, parecen mostrar que el colapso del sistema tradicional de partidos no garantiza avances significativos, sino muy frecuentemente retrocesos.

            Desde luego, los que tengan vocación para la política partidista pueden intentar crear nuevas organizaciones políticas para buscar el poder mediante los mecanismos democráticos, pero todos saben que esa tarea no es de fácil realización, aparte de que muchos de los partidos emergentes, incluyendo a los que se dicen de izquierda, reproducen el autoritarismo, el oportunismo y otros vicios del sistema partidista.     

            De cualquier forma es legítimo intentar crear nuevos partidos políticos. Pero desde las instituciones de la sociedad civil lo que corresponde es proseguir pacientemente el empeño de vinculación y concertación con los que tienen el dominio del electorado.

            Con esos bueyes es que hay que tirar de la carreta nacional, y los que no estén todavía convencidos de ello, culminarán en la frustración o llevarán al fracaso a sus organizaciones.

            Esos podrán haber sido buenos algún tiempo, incluso durante mucho tiempo, pero los mejores serán los que luchen toda la vida, sin desesperarse ni dejarse frustrar, por mejorar el curso de la política, por las reformas aún pendientes, por el fortalecimiento de las institucionaes democráticas, convencidos de que los avances sociales trascendentes y permanentes no son cuestión de años, sino de décadas y hasta de siglos.-