Por Juan Bolívar Díaz

Lo concreto de la cumbre fue la comisión de seguimiento a la JCE, mientras una coalición social prepara la observación del proceso

            El proyecto continuista en que se encuentra embarcado el presidente Hipólito Mejía, pese al deterioro popular que muestran las encuestas, ha determinado que la sociedad civil concentre su atención en esfuerzos para que el próximo proceso electoral transcurra con apego a los procedimientos democráticos.

            No fue por accidente que la “Declaración de Compromiso” suscrita en la cumbre del diálogo político nacional efectuada el lunes 8 tuviera como única acción concreta e inmediata la constitución de una Comisión de Seguimiento a los trabajos de la Junta Central Electoral (JCE) para la organización de los comicios presidenciales de mayo próximo.

            Al mismo tiempo, una coalición de organizaciones sociales de los más variados sectores ha iniciado la coordinación de esfuerzos para la observación del proceso electoral, no solo en la jornada de votación, sino también en la campaña proselitista, temiendo el abuso de los recursos estatales que ha caracterizado las reelecciones presidenciales.

 

Fuerte preocupación

            La sociedad civil dominicana, que los agentes del pasado gobierno peledeísta llegaron a calificar de pro perredeísta muestra fuertes preocupaciones por la limpieza de las próximas elecciones presidenciales, por el hecho de que el presidente Hipólito Mejía aspira a la reelección.

            La tradición antidemocrática que ha caracterizado los proyectos reeleccionistas en la historia nacional y latinoamericana desbordan las preocupaciones del liderazgo de las organizaciones sociales más activas de la sociedad civil.

            Hace dos meses quedó constituída una coalición de más de 80 organizaciones de los más diversos sectores sociales, originalmente motorizada por la corrupción pública y privada implícita en la quiebra del Banco Intercontinental y en la necesidad de justicia sobre el particular.

En el documento constitutivo figuraba el compromiso de dar seguimiento al proceso electoral en marcha, y concretamente se adelantaba apoyo a la observación electoral que desde 1996 realiza el movimiento cívico Participación Ciudadana.

            La iniciativa correspondió a Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y el Consejo Nacional de la Empresa Privada. De inmediato abarcó a decenas de instituciones populares, sindicales, gremiales, religiosas y empresariales.

            En la medida en que se ha diluído la atención en el caso Baninter ha crecido la preocupación por la transparencia y limpieza del proceso electoral y particularmente por la situación de la JCE, sometida hasta hace poco a serias divergencias internas.

La coalición trabaja en la creación de numerosas comisiones. Se propone esfuerzos por el fortalecimiento de los órganos electorales, colaborando en ámbitos como el reclutamiento del personal más capacitado para operar los colegios electorales y el monitoreo de la propaganda para desalentar el abuso de los recursos estatales, no sólo a nivel del Poder Ejecutivo, sino también del municipal.

El compromiso de la cumbre

            La “Declaración de Compromiso” suscrita por el presidente Hipólito Mejía, los presidentes de los tres partidos mayoritarios, representantes del Consejo de la Empresa Privada, el Consejo de Unidad Sindical y de la Iglesia Católica, es un enunciado general de propósitos para el fortalecimiento democrático institucional, la gobernabilidad, la recuperación económica y la compensación social.

            El documento es tan teórico que pudo ser firmado sin mayores objeciones por el liderazgo político. Evadió cosas tan concretas como el acuerdo recién aprobado por el Fondo Monetario Internacional, aunque recoge los aspectos básicos del mismo: regulación y supervisión bancaria, equilibrio presupuestario, austeridad pública y reforma tributaria, con políticas para restablecer la estabilidad macroeconómica.

            Se echó de menos un compromiso específico para dar seguimiento al acuerdo con el FMI, especialmente en lo referente a los recursos financieros que se derivan del mismo, que es una de las mayores preocupaciones, dada la tradición gubernamental de desbordamiento del gasto público en las campañas electorales, especialmente cuando ha habido repostulación presidencial.

            En sus propósitos, la declaración comienza con la promoción de “la fidelidad y el estricto apego a los valores democráticos”, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática a todos los niveles del Estado y la democratización y consolidación de los partidos políticos como instrumentos de la democracia representativa.

            El segundo capítulo se refiere a lo electoral, proponiéndose “Seguir fortaleciendo la credibilidad en los órganos del sistema electoral, particularmente con miras a las elecciones presidenciales del 2004, de modo que se garantice un proceso electoral libre, transparente, creíble y participativo, sin distorsiones ni irregularidades de naturaleza alguna, procurando la creación de espacios de vigilancia y seguimiento con la participación nacional e internacional, antes, durante y después del proceso electoral”.

Comisión de Seguimiento

            La única acción concreta inmediata que se deriva del compromiso es la designación de una “Comisión de Seguimiento a los trabajos de la Junta Central Electoral”, cuyos integrantes fueron señalados de inmediato. Tiene como coordinador al Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, y a su vicerector Radhamés Mejía de secretario.

            Los demás integrantes son cuatro empresarios, Rafael Perelló, Celso Marranzini, Lisandro Macarrulla y Marisol Vicens, el reverendo Reynaldo Franco Aquino, presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE) y el doctor José Joaquín Puello, presidente del Comité Olímpico Dominicano.

            El empresariado está obviamente sobrerepresentado en la comisión, echándose de menos al sector sindical, los intelectuales y las organizaciones sociales populares que activan en la lucha por el fortalecimiento institucional y democrático. De cualquier forma, lo relevante es que la preocupación por los próximos comicios domina el contexto de la declaración.

            La creación de la comisión despertó inmediatos recelos en la JCE, donde algunos jueces expresaron preocupación de que se tratara de un órgano paralelo al estilo del creado para las elecciones de 1986. Se adelantó que tendría que ser un grupo de colaboración, como el integrado para los comicios del 2000 que ofreció ayuda técnica para el centro de computación, tanto en la etapa de elaboración del padrón electoral como en el procesamiento.

            Un “encuentro social” organizado de inmediato por Monseñor Núñez Collado en su residencia, reunió a jueces electorales y comisionados para disipar prejuicios o temores. Allí se convino que la comisión sería de apoyo y colaboración con el órgano del arbitraje electoral, no de observadora ni de supervisora.

            En ese contexto tanto el presidente de la JCE, Luis Arias, como el presidente de la Cámara Administrativa, Nelson Gómez, expresaron públicamente su complacencia, tras descartarse que los comisionados vayan a incursionar en los asuntos internos del organismo electoral.

Urge fortalecer la JCE

            En amplios ámbitos de la sociedad civil, y particularmente en Participación Ciudadana, prevalece el criterio de que deben aunarse esfuerzos para fortalecer la JCE, con una política de colaboración más que de cuestionamientos públicos.

            Esa es la junta que va a organizar los comicios y debilitarla con denuncias, a menudo sin suficiente fundamento, sólo contribuiría a la falta de credibilidad en el proceso electoral.

            Se puso de ejemplo la denuncia del supuesto “dislocamiento” de más de 900 mil electores. Antes de los comicios del 2002 se denunció unos 700 mil “dislocados”, falsedad que quedó en evidencia el día de la votación.

            En realidad se trata de los ciudadanos y ciudadanas transferidos a nuevas mesas o colegios electorales o cambiados de locales por saturación. Se les avisó por correo, a través del teléfono y con pancartas en los centros de votación. En informe de observación de Participación Ciudadana certificó como insignificante el número de electores que no encontraron su centro de votación.

            De cualquier forma, la JCE ya está llamando a esos ciudadanos a que acudan a los centros de cedulación para actualizar su documento de identidad. De lo que se trata es de consignarle el número y local de su colegio electoral. Aunque en su mayoría ya saben donde les toca votar.

            Ese problema quedará minimizado ahora que desaparece el llamado “colegio electoral cerrado”, con lo cual la ciudadanía tendrá desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para votar, y en consecuencia los trasladados dispondrán de mayor tiempo para informarse de la ubicación de su colegio electoral.

            En última instancia, la sociedad civil podrá colaborar y hasta disuadir las permanentes tentaciones de la trampa y la imposición, pero es a los partidos a través de sus delegados políticos y técnicos a quienes corresponde la mayor cuota en la transparencia del proceso preparativo y en el cómputo. La ley electoral les otorga facultad y participación en la toma de decisiones concernientes a la organización de los comicios, en el levantamiento de las actas y el procesamiento de los resultados.-