Los intereses políticos de cara a las elecciones congresionales y municipales del año próximo siguen condicionando la reforma fiscal en discusión para la cual todavía no existe un proyecto específico, que no ha podido lograrse ni siquiera en el nivel de la subcomisión técnica que lo discutió durante cuatro semanas.

Esa subcomisión, creada dentro de la instancia del Diálogo Nacional, sólo pudo establecer una serie de opciones en la madeja de intereses económicos, sin lograr consenso para una propuesta definitiva, lo que ahora corresponderá a una “comisión ampliada” , donde entrará también la representación de los partidos políticos.

Resalta que el gobierno no ha dado la menor señal de que auspiciará una reforma integral que abarque el gasto, prioridades y rendición de cuentas con nuevos mecanismos legales de control. En definitiva ha quedado de manifiesto que la reforma fiscal todavía requerirá de tiempo y voluntad política.

¿Expectativa frustrada?

La expectativa general de que la subcomisión técnica, integrada por representantes del gobierno, el empresariado, sindicalistas y sector social, llegaría a un consenso para la reforma fiscal quedó frustrada el jueves cuando concluyó su labor.

Todo lo que pudo lograrse fue identificar cuatro opciones, provenientes de los sectores representados, en medio de crecientes suspicacias porque el gobierno no acaba de dar señales de que auspiciará una reforma que incluya austeridad, límites al gasto público, y normas para reducir la discrecionalidad y garantizar un orden de prioridades y rendición de cuentas.

Tal como advirtieron ayer viernes la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales las diferencias sobre la reforma fiscal son mínimas y pueden armonizarse, -especialmente entre las propuestas gubernamentales y el empresariado-, pero el gobierno no acaba de dar señales de que mejorará la calidad del gasto y adoptará cambios profundos para tener una administración pública menos costosa.

Los empresarios estiman que están identificadas las fuentes de recaudación, pero no han visto manifestarse el compromiso del gobierno con el manejo eficiente del gasto público, de que los recursos que recaude serán bien utilizados y no se irán por la cañería de la corrupción.

Ya a mediados de semana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada se había manifestado en términos aún más conminatorios, indicando que no puede haber consensos parciales y que “la reforma tiene que ir mucho más allá que un simple acuerdo tributario, más allá de tan solo los impuestos”.

Específicamente el CONEP pidió que el gobierno presente los proyectos para leyes de autonomía de la Dirección de Impuestos Internos, de Eficiencia Tributaria, de modificación del título 1 del Código Tributario y de Reorganización Mercantil y Liquidaciones.

También reclamaron consenso general para aprobar proyectos depositados en el Congreso para nuevas leyes de presupuesto, de compra y contrataciones estatales, de Tesorería Nacional, de crédito público, de reforma del sistema de gestión financiera del Estado, de competencia y de defensa del consumidor.

Amplia y abarcadoramente integral fue también la propuesta publicada esta semana por el grupo empresarial León Jiménes, que en materia de organización gubernamental y social parece la más completa.

A Comisión Ampliada

La subcomisión entregó una matriz con cuatro opciones, correspondientes a los planteamientos de los representantes gubernamentales, empresariales, sindicales y sociales. Las del gobierno y los empresarios están bien aproximadas en cuanto a los montos, de 28 mil 492 y 27 mil 490 millones de pesos respectivamente, para una diferencia de sólo 998 millones.

A su vez, la sindical y social coinciden mucho más aunque se distancian en los montos, de 35 mil 378 y 38 mil 806 millones de pesos, para una diferencia de 3 mil 428 millones de pesos, de los cuales 2 mil 400 millones corresponden a ingresos por focalización de subsidios y 640 millones de pesos por impuestos a personas físicas que la propuesta social (CIECA-Centro Juan Montalvo) incluye.

Las diferencias del empresariado con las propuestas del gobierno son los 2,400 millones de pesos que este propone de impuestos sobre la renta de sociedades, 300 millones a la renta de personas físicas, 900 millones por la retención del 4 por ciento del valor de las importaciones como anticipo de impuesto sobre la renta, y 580 millones de pesos por el gravamen del 1 por ciento a los activos de las empresas, para un total de 4 mil 180 millones de pesos.

Pero a su vez, el gobierno mantiene distancia de la propuesta empresarial de destinar 2 mil 200 millones de pesos para focalización de subsidios. En los renglones vitales de Itbis, selectivo a bebidas y tabaco, propiedad de vehículos de motor, hidrocarburos e impuesto a los profesionales liberales, no difieren los montos de las propuestas gubernamental y empresarial.

Las diferencias fundamentales entre las propuestas sindical y social con la gubernamental y la empresarial es que la de los dos primeros proponen gravar los intereses financieros de las personas por un monto de 3 mil 800 millones de pesos y estiman que por eficiencia en la administración se generarían otros 4 mil 683 millones de pesos, para un total de 8 mil 483 millones.

Se duda que en el segundo escalón, el de la Comisión Ampliada, pueda lograrse consenso, especialmente si no participa en la misma el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que es con quien pulsea el gobierno por repartir la responsabilidad de la carga impositiva.

En caso positivo, el consenso tendría que ir al tercer escalón, el pleno del Diálogo Nacional, donde ya no habría mayores inconvenientes en ratificar un acuerdo, aunque tenga la disensión de los sectores sindical y social que son minoría en el mismo.

El cuarto escalón, sería la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, donde le darían forma, para enviarlo finalmente al Congreso, donde la oposición, y especialmente el PRD volvería a discutirlo, tratando de complacer a sectores inconformes, del empresariado o sociales.

Debe advertirse que aún subsisten diferencias entre diversos intereses empresariales. Por ejemplo, no han definido el mecanismo de aplicación del impuesto selectivo al ron y la cerveza, donde hay contradicciones, y los empresarios de Herrera abogan públicamente porque se graven los beneficios de las industrias de zona franca.

Son casi nulas las posibilidades de que todo el ciclo pueda cumplirse en la próxima semana para que el presidente Leonel Fernández pudiera someterlo al Congreso, al inicio de la próxima legislatura el martes16 de agosto.

Intenso pulseo político

            Desde el planteo de la reforma fiscal se ha advertido un pulseo político de creciente intensidad entre el gobierno y el principal partido de oposición, el PRD, por sacarle provecho político al proceso o por lo menos para no cargar con las inconformidades que puedan derivarse, de cara a los comicios dentro de 9 meses.

            De ahí que el proceso haya marchado sin una propuesta base del gobierno, que sin duda era a quien le correspondía, por liderazgo de la nación y por disponer de la información fundamental de sustento.

            Pero a su vez el PRD rehusó comprometerse en el Diálogo Nacional, argumentando que el escenario natural del consenso e institucional es el Congreso Nacional, mientras pedía la definición de las posiciones gubernamentales.

            El martes 2 se produjo un sorpresivo encuentro entre el presidente Leonel Fernández y el expresidente Hipólito Mejía, que para muchos significaba una apertura de puertas al entendimiento. Aunque para otros sembraba discordias en el perredeísmo, que justamente estrenaba los dirigentes electos recientemente, el principal de los cuales, el senador Ramón Alburquerque, no es incondicional de Mejía, y ya había manifestado reservas sobre los escenarios del debate.

            Lo que prometió el exmandatario ha sido la política oficial del PRD, como lo definió una reunión de su presidium: apoyar el tratado de libre comercio y aprobar la reforma fiscal con incentivos para los productores nacionales.

            Apenas dos días después, el jueves 4, llamó la atención la declaración del secretario de la Presidencia y líder orgánico del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, en una rueda de prensa que convocó en el Palacio Nacional, retando al PRD a que apoye la reforma fiscal, advirtiendo que de no hacerlo provocará la quiebra del Estado, porque no podrían atender los programas sociales, ni la educación, salud pública y asistencia social.

Las declaraciones de Medina echaron por el suelo cualquier intención de distensión que pudiera haber habido en el encuentro Fernández-Mejía, promovido por Monseñor Agripino Núñez Collado, en el cual él mismo participó. Sobre todo cuando acusó al gobierno pasado de haber provocado “la crisis que devastó la economía”.

Esas declaraciones parecieron inapropiadas por cuanto al mismo tiempo se publicó (HOY de ayer viernes) un comunicado del PRD reiterando su compromiso con la aprobación del TLC y su disposición a conversar sobre la reforma fiscal una vez que el gobierno presente el proyecto ante el Congreso Nacional. Si el proyecto es de consenso con el empresariado y los sectores sindicales y sociales, el PRD no podría hacer otra cosa que aprobarlo. Aunque sabe de las dificultades de lograr tal consenso y por eso deja la carga al gobierno.

Ambos son posicionamientos políticos, pero sin duda es al gobierno a quien corresponde la iniciativa y el liderazgo en el esfuerzo de concertación para que se apruebe tanto el tratado de libre comercio como la reforma fiscal, que los perredeístas no aprobarán si no es integral, como reclama la sociedad. Algo que –desde luego- ellos no hicieron cuando les tocó proponer reformas fiscales que quedaron en el simple incremento de tributos.-