Por Juan Bolívar Díaz

Pero aumenta la convicción de que el presidente Mejía debe abandonar su propósito de buscar la reelección para dedicarse a la recuperación         

            Los términos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicados esta semana por el gobierno han tenido una aceptación bastante amplia de la opinión pública, pero persiste una falta de credibilidad en su ejecución, de ser aprobados por el organismo multilateral.

            Mientras la tasa cambiaria se ha mantenido sobre 35 pesos por dólar y las consecuencias inflacionarias se sienten cada día con mayor rigor, devaluando la capacidad adquisitiva de los dominicanos y dominicanas en un ambiente de persistente pesimismo y depresión.

            En la medida en que se siente el deterioro económico crece la convicción de que el presidente Hipólito Mejía haría una gran contribución a la estabilidad y recuperaría credibilidad si abandona su proyecto de buscar una reelección, que hasta algunos de sus promotores reconocen difícil de materializar en las actuales perspectivas nacionales.

Un buen proyecto de acuerdo

               La falta de credibilidad en las autoridades gubernamentales asomó por todos lados cuando se dieron a conocimiento público la tarde del martes los términos generales de la carta de intención para un acuerdo con el FMI negociada por el equipo económico del gobierno.

            Pocos podían creer que las penalidades consensuadas fueran tan sólo el recargo transitorio del 2 por ciento a las importaciones, el aumento en diez dólares de la tarifa de salida por los aeropuertos y una comisión de 0.15 por ciento del valor de los cheques que sean pagados a través de la Cámara de Compensación del Banco Central.

            Las preguntas no se hicieron esperar. Todos querían saber si en el documento no se incluían otras condiciones agravantes de la situación económica y social de la población. Y el equipo negociador, integrado por el Gobernador del Banco Central, el superintendente de Bancos y los secretarios Técnico de la Presidencia y de Finanzas tuvo que dar mayores explicaciones.

            El pre-acuerdo tiene una carga importante hacia el control del gasto y la disciplina por parte del gobierno con el objetivo de reducir el déficit fiscal que registra el sector público consolidado, del orden del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) tras el descalabro del Baninter, en 1 por ciento este año y 2 por ciento en el 2004.

Al efecto ajustaría la inversión pública a un nivel por debajo del 5.1 por ciento del PIB, congelaría los gastos en salarios y generaría un ahorro fiscal adicional de mil 200 millones de pesos en los 6 meses que restarían del año. También compromete a una rápida culminación del proceso de disolución del Baninter y a una serie de medidas para el fortalecimiento y regulación del sector financiero.

          Un compromiso adicional es el de realizar un “proyecto de reforma fiscal consensuado” para presentarlo al Congreso a mediados del próximo año.

            De aprobarse definitivamente el acuerdo, que tendría vigencia por dos años, el gobierno espera recibir apoyo financiero del FMI, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial por más de mil millones de dólares.

            Los dirigentes empresariales, del sector financiero y ejecutivos de los medios de comunicación presentes en el acto en que se anunciaron los términos de la “Carta de Intención”, convinieron en que los mismos son constituyen uan buena negociación en las actuales circunstancias.

            En la misma dirección se han manifestado analistas económicos y los editoriales y comentarios de la mayoría de los medios de comunicación. Se considera que la nación no tiene alternativas para paliar la crisis financiera y tratar de revertir el deterioro económico y retomar el crecimiento. Aunque en sectores políticos y grupos populares persiste el rechazo a todo acuerdo con el FMI, unos por oportunismo y otros por tradicional hostilidad frente a las políticas de ese organismo.

Persiste la desconfianza

            Hay quienes mantienen dudas de que el FMI acepte esos términos para el acuerdo con el Estado dominicano. Otros todavía creen que aparecerán nuevas condiciones. Son más los que dudan que el gobierno pueda cumplir un acuerdo que le impone límites al gasto en los meses previos a unas elecciones presidenciales con proyecto continuista incluído. Todo ello demostrativo de una desconfianza generalizada.

            El gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, respondió los cuestionamientos en una entrevista por Teleantillas el miércoles, asegurando que no hay alternativa, que el acuerdo sería cumplido, ya que el presidente Mejía se dedicará a restablecer el equilibrio macroeconómico.

            Llegó a decir que eso era una mejor inversión política hasta para el proyecto reeleccionista, que continuar el descalabro económico, con su carga de devaluación e inflación, que ahonda el descontento popular.

            El proyecto convenido con la misión del FMI que estuvo dos semanas en el país tiene sus propios mecanismos de seguridad. Por un lado los desembolsos serían progresivos, con tan solo unos 100 millones de dólares para comenzar y con evaluaciones cada dos meses, y el organismo internacional mantendría una delegación permanente en el país para vigilar el cumplimiento gubernamental.

            Los desembolsos del BID y el Banco Mundial, sujetos a proyectos ya aprobados o por serlo, también dependerían del cumplimiento de las condiciones pactadas. Una suspensión podría dar al traste con los esfuerzos para recuperar la estabilidad macroeconómica.

            Otra expresión de la desconfianza en las autoridades es que pese a las amplias informaciones ofrecidas, todavía gran parte de los dominicanos y dominicanas, no creen que el deterioro económico está determinado en gran proporción por la quiebra del Baninter que triplicó el déficit del sector público consolidado del 1.2 por ciento al 4 por ciento del PIB, según el FMI.

Precariedades a la vista

            El anuncio del pre-acuerdo con el FMI no produjo los efectos que podían haberse esperado de una contracción en la tasa cambiaria, que se mantuvo hasta este viernes por encima de 35 pesos por dólar.

En tanto, comenzaba a generalizarse el grito en la población por las alzas de precios de casi todos los productos, independientemente de su componente importado. En algunos casos las elevaciones de precios llegan hasta el 75 por ciento, pero en su mayoría por encima del 25 por ciento.

Las alzas están afectando los productos alimenticios, medicinas, ropa y zapato, así como materiales de construcciones y hasta servicios, además de los combustibles que no han cesado de encarecerse en las últimas semanas. Para el próximo mes se espera un nuevo incremento de la tarifa de energía, que se adelanta será por encima del diez por ciento.

Para agravar el descontento los medios de comunicación dan cuenta de retrasos gubernamentales en el pago a los maestros y en la entrega de las subvenciones de los hospitales públicos, tocando los dos servicios prioritarios del Estado.

Aunque el preacuerdo con el FMI no conlleva penalización de los servicios básicos, el constreñimiento de la inversión y la obligación de ahorrar 200 millones por mes en lo que resta del año, podría agravar más aún el cumplimiento de las subvenciones a los servicios básicos y a las organizaciones no gubernamentales del área de la salud y educativa.

Eso independientemente de que obligará a paralizar todavía más muchas de las obras en construcción, parte de las cuales datan del gobierno anterior. Y ello se traducirá en aumento de las insatisfacciones y caldo de cultivo para protestas populares que ya se están incubando.

Concentrar la atención

            La convicción generalizada entre los analistas políticos es que el ineludible acuerdo con el FMI pone un cerco al proyecto reeleccionista, poque obliga al gobierno a contraer el gasto, lo que reduce la posibilidad de explotar el clientelismo y comprar conciencias.

            Eso dentro de unas perspectivas que apuntan al agravamiento de la inconformidad social y al desgaste del gobierno y de la popularidad del presidente Mejía, ambas en picada desde antes que se desataran los demonios de la devaluación y la inflación.

            Y lo peor es que la tendencia prevaleciente es a echar sobre el gobierno la mayor proporción de la responsabildiad en los problemas económicos. Si mucha gente no comprendía que hasta mediados del año pasado los problemas eran básicamente de origen externo, determinados por el alza del petróleo y la recesión internacional que afectaba el turismo y las zonas francas, son muchos más los que no aceptan que el agravamiento es causado por el desastre Baninter.

            La percepción de que lo mejor que puede hacer el Presidente de la República es concentrarse en resolver la crisis financiera se expresa pro todos los medios y la recogió Elena Viyella, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en su discurso del miércoles ante la Cámara Americana de Comercio.

            Allí proclamó la necesidad de que “el gobierno desligue la política y la campaña de su responsabilidad de dirigir la nación” . Pidió que “todo el equipo gubernamental y los funcionarios concentren sus esfuerzos en trabajar por los intereses del país”, proponiendo la dimisión de los que están en una campaña, que considera improcedente “mientras el país se debate en una crisis cambiaria y de confianza”.

            La ácida reacción del presidente Mejía ante esos planteamientos indica que está lejos de entender el oleaje de la opinión pública. Y lo peor es que tiene por delante una crisis dentro del propio partido de gobierno, sin que se vislumbre un camino de solución. El desgaste aumentará considerablemente en las próximas semanas y probablemente dure meses.

            Un repliegue de la campaña del presidente Mejía parece, al menos por el momento, su mejor inversión. Podría concentrarse en la recuperación y terminar su período sin la tragedia que hasta algunos de sus seguidores incondicionales temen pero no se atreven a expresar.-