Por Juan Bolívar Díaz

Insisten en desconocer el peso de los factores externos pero no explican por qué se le desequilibró la economía en su último año de gobierno

             Nadie debe discutir el derecho del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a una marcha pacífica en protesta por la política económica del gobierno, pero sí la oportunidad de la misma en momentos tan difíciles de la política y la economía internacional con repercusiones que esta nación no puede evitar.

            La protesta se daría precisamente en momentos en que han comenzado a verse resultados positivos de las políticas implementadas por el gobierno para restablecer la estabilidad cambiaria a niveles acordes con una economía que todos los agentes nacionales e internacionales insisten en que es sana.

            Por demás, está por verse cuáles son las diferencias substanciales entre las políticas económicas que han seguido los dos últimos gobiernos nacionales, y el PLD debería explicar por cuáles razones se le redujeron las reservas de divisas, se desbordó el gasto público, se generaron déficits y comenzó a desestabilizarse la economía nacional en su último año de gestión.

Decisión imprudente

            La protesta convocada por el PLD ha sido considerada poco prudente por la opinión pública, en momentos en que han comenzado a verse resultados positivos de los esfuerzos gubernamentales, especialmente la reducción del gasto público y la desmonetización de 700 millones de pesos de sus ingresos fiscales en los primeros dos meses del año, para contener la devaluación del peso con su carga inflacionaria.

            Nadie ha discutido el derecho que tiene el principal partido de la oposición a manifestarse pacíficamente en cualquier sentido, pero hasta en sus propias filas hay quienes creen que las circunstancias no recomiendan lanzarse a las calles ni incentivar al pueblo a la protesta, cuando serios nubarrones afectan la economía internacional y el mundo se encuentra al borde de una guerra cuyos costos ya estamos pagando.

            Aunque defiende el derecho de su partido a la manifestación pacífica, el precandidato presidencial Jaime David Fernández ha expresado, con la prudencia que lo caracteriza, que el partido debe evaluar el estado de la opinión pública en torno a la convocatoria.

            La protesta causa contrariedad no sólo en el gobierno, sino también en los sectores empresariales, particularmente en el financiero, empeñado en los esfuerzos por contener el deterioro económico de los últimos meses. Y el disgusto se expresa en las conversacioens privadas.

            Monseñor Agripino Núñez Collado, el principal mediador en los conflictos nacionales se cuenta entre quienes muy diplomáticamente han considerado que las circunstancias no recomiendan pasar a la protesta callejera. A principio de esta semana apeló a la prudencia y a poner en primer plano el interés nacional. Lo mismo había hecho días antes el cardenal arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Nicolás López Rodríguez.

            Se teme la creación de un ambiente que incentive las protestas populares y genere un clima de confrontación. Ya medio centenar de grupos populares han anunciado un paro general para el próximo mes de abril, que si bien tiene pocas perspectivas de materializrse, como quedó evidente con el fracaso de su reciente jornada de protesta, contiene ingredientes de incertidumbres.

            Aunque al PLD se le reconoce capacidad para controlar a sus militantes y mantener su marcha en el plano de la protesta pacífica, siempre queda el temor de que grupos radicales puedan provocar situaciones que se salgan de control y originen circunstancias indeseables.

Recurso innecesario

            Hay quienes entienden que la marcha convocada para el sábado 15 tiene carácter electoral, buscando capitalizar el disgusto de la población con el encarecimiento del costo de la vida y la reducción de las actividades productivas y el empleo.

            Otros consideran que el PLD busca dar una demostración de fuerza para neutralizar los anuncios gubernamentales de reactivar expedientes de supuesta corrupción en el pasado gobierno.

También se cuestiona el uso político que el gobierno perredeísta hace de expedientes que hace dos años tiene en sus manos, como el que se refiere al manejo de más de mil 400 millones de pesos en la cuenta para la construcción y reconstrucción de obras prioritarias de los últimos 7 meses del gobierno del presidente Leonel Fernández.

Si como han reflejado las últimas encuestas el PLD y sus potenciales candidatos presidenciales encabezan las preferencias electorales, sin que ese partido haya apelado al recurso de la protesta callejera, la marcha convocada luce innecesaria.

El partido morado se estaría beneficiando del desgaste del gobierno perredeísta y de sus desaciertos económicos y políticos, así como de las penalidades de manufactura externa que impone la globalización sobre todas las economías, especialmente de los países más dependientes.

El peledeísmo está siendo visualizado como alternativa por la población sin que haya apelado al recurso de la protesta. Desde el punto de vista puramente partidario-electoral lo que le convendría es dejar correr la bola del desgaste político gubernamental y no provocar la unidad y los recursos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de los poderes del Estado que controla.

En el beisbol, al que se recurre frecuentemente en la política nacional, se recomienda que cuando un lanzador está presionado y descontrolado, hay que ordenar a los bateadores esperar, ganarse la base por bolas, que para los fines del juego son tan valiosas como los buenos batazos. La precipitación puede traducirse en rolin al cuadro que producen una “doble matanza” y apagan el fuego.

Subestiman factores externos

Es obvio que en la visión peledeísta de la situación nacional hay una gran subestimación de los adversos factores económicos externos. Atribuyen todo el peso de las dificultades económicas al gobierno, tratando de ignorar que pese a los desaciertos que le corresponden, la economía nacional ha estado entre las tres menos desafortunadas del continente y hasta del mundo.

El principal líder del PLD, el expresidente Leonel Fernández, ha insistido en comparar el crecimiento económico registrado en su período con el del presidente Hipólito Mejía, al margen de los factores internacionales.

La realidad es que la economía dominicana creció a un promedio alrededor del 7 por ciento entre el 1996 y el 2000, pero impulsada por un crecimiento de la economía de los Estados Unidos que andaba por el premedio del 4 al 5 por ciento y que el año pasado cayó al 1 por ciento.

Disfrutó de precios del petróleo holgados, alrededor de 20 dólares el barril en 1996-97, de 14 dólares en 1998, pasando a l8 dólares promedio en 1999 para subir sobre los 25 dólares en el 2000, nivel en que se ha mantenido casi todo el tiempo desde entonces, especialmente en los últimos meses, cuando ronda sobre los 30 dólares el barril.

El actual gobierno recibió el impacto del terrorismo en Estados Unidos y el mundo, que se reflejó en fuertes caídas del turismo y las zonas francas en el 2002 y en los últimos meses las expectativas de guerra, han creado un ambiente de incertidumbre internacional que forma parte de los factores que han inducido a muchos dominicanos pudientes a cambiar pesos por dólares, contribuyendo a agregar presión sobre la economía nacional.

Según las autoridades del Banco Central, técnicos del Fondo Monetario Internacional estimaron en 2 mil 358 millones de dólares el costo en divisas que ha tenido el shock externo sobre la economía dominicana en los años 2001-02. Determinado por el costo de la factura petrolera y la caída del turismo y las zonas francas.

Si los factores externos no pesan en la economía nacional, los peledeístas tendrían que explicar a qué se debió el retroceso del 2000, cuando la economía comenzó a desestabilizarse. En los últimos siete meses del gobierno peledeísta las reservas

netas de divisas se redujeron en 60 por ciento hasta alcanzar el ínfimo nivel de 197 millones de dólares.

Similar política económica

            Aunque los voceros del PLD cargan sobre la política económica del gobierno perredeísta, hay quienes sostienen que no difiere en aspectos fundamentales de la practicada en el pasado período gubernamental.

            Ambos gobiernos han mantenido una política de endeudamiento externo, el anterior a través de la banca privada, que pasó de unos 250 millones de dólares a mil 700 millones. El actual mediante la contratación directa. Los dos han recurrido a fuerte endeudamiento interno con financiamiento bancario y de los proveedores.

            El gasto corriente ha consumido un alto porcentaje de los ingresos. El presidente Mejía dijo, y no se lo han cuestionado, que lo encontró en el 74 por ciento en el 2000 y lo ha reducido al 71 por ciento y que ha creado mil puestos de trabajo menos que el gobierno anterior.

En términos brutos los gastos corrientes pasaron de 6 mil 452 millones en 1996 a 18 mil 132 en el 2000, para un crecimiento del 181 por ciento. Al 2002 el actual gobierno lo había elevado a 24 mil 925 millones, con un incremento en sólo dos años del 37 por ciento.

            Contradictoriamente el nivel del gasto corriente es de los mayores cuestionamientos del PLD a la política económica del actual gobierno, cuyos agentes, a su vez, cuestionaban el nivel del gasto del anterior.

            En términos netos el actual gobierno ha elevando más el endeudamiento externo, especialmente con las dos emisiones de bonos soberanos, pero ha diversificado más la inversión, atendiendo a obras inconclusas del anterior régimen y a evadido los megaproyectos, dando prioridad a las necesidades de las comunidades del interior y de los barrios.

            Si es por el nivel del gasto corriente, de la hipertrofia burocrática del Estado, y del exceso de gasto público, a cualquiera le luce la crítica al gobierno actual, pero no a quienes gobernaron en el período anterior.-