Por Juan Bolívar Díaz

La nueva ley no fue concertada ni siquiera con la JCE que tendría que organizar una multiplicidad de elecciones en una sola jornada con cargo al presupuesto nacional 

            La ley que establece las elecciones primarias obligatorias para la presentación de candidaturas en todos los cargos electivos es prácticamente inaplicable y aunque podría contribuir a la democratización del partidarismo, entraña riesgos para la Junta Central Electoral (JCE) que tendría que organizar una multiplicidad de elecciones en un mismo día.

            Del análisis del texto promulgado en la última jornada gubernamental del presidente Hipólito Mejía, resalta que implica un nuevo financiamiento, esta vez indirecto, a los partidos políticos y un incremento extraordinario del costo de los procesos electorales.

            La nueva ley no fue consultada con la JCE y fue aprobada al vapor en las últimas dos semanas del recién concluido período gubernamental por legisladores de los tres partidos mayoritarios, especialmente del Revolucionario Dominicano (PRD), evidentemente inconformes con el manejo de las cúpulas partidistas.

Aprobación al vapor

            La ley que obliga a todos los partidos a realizar elecciones primarias, organizadas plenamente por la JCE tiene origen en un proyecto elaborado por la Comisión Nacional de Reforma del Estado (CONARE), bajo la dirección del doctor Tirso Mejía Ricart, vicepresidente del PRD, sometido al Congreso a principios de año.

            Desde el principio el proyecto tuvo objeciones del liderazgo de los partidos mayoritarios, dos de los cuales ya habían escogido sus candidatos presidenciales. El criterio predominante fue que ya era imposible contemplarla para las elecciones de este año.

            El senado le dio su aprobación el 3 de agosto, incluso con el voto del peledeista José Tomás Pérez, y la Cámara de Diputados la declaró de urgencia para finalmente aprobarla en la sesión extraordinaria que celebró el domingo 15 de agosto, en víspera de la instalación del nuevo gobierno.

            El presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco Osoria no perdió nada de tiempo para enviarla el mismo día al Poder Ejecutivo, que a su vez la promulgó en la misma fecha, no laborable, en lo que podría constituir un récord de velocidad en materia legislativa en el país.

            Tanto en sectores políticos como en instituciones sociales se acepta la validez de la institución de las elecciones primarias como forma de escoger democráticamente los candidatos a los diversos cargos electivos. De hecho ya los tres partidos mayoritarios aplican el método, aunque con denuncias de manipulación por parte de sus altos estamentos dirigenciales.

            Las objeciones formuladas desde el principio se refieren a que la ley responsabiliza a la JCE de la organización de las votaciones, lo que hasta ahora ha sido facultad de los propios partidos políticos. Pero además porque establece que serían elecciones abiertas a la participación de todos los electoras y electoras, independientemente de su militancia partidista.

Fundamento de las Primarias

            En sus consideraciones, la ley fundamenta el carácter democrático de las elecciones primarias para escoger los candidatos a los cargos electivos, tal como rige en la mayoría de las naciones democráticas del mundo.

            Señala la ausencia de democracia interna que ha afectado y sumido en crisis a los partidos políticos dominicanos, por el predominio de sus cúpulas directivas en perjuicio de las aspiraciones de los militantes de base, “lo que se revierte sin duda alguna en contra de los mismos partidos y movimientos, y en consecuencia en contra del sistema democrático y el Estado de Derecho”.

Otra consideración reivindica un criterio generalmente aceptado de que “esa falta de democracia interna que tradicionalmente ha afectado a los partidos políticos dominicanos, perjudica no solo a dichas organizaciones, sino inclusive al propio sistema democrático, que requiere para su sostenimiento y perfeccionamiento de partidos y agrupaciones políticas modernas, transparentes y democráticas”.

El texto de la ley da por imposible que los partidos se organicen y operen democráticamente al poner la organización de sus elecciones internas en manos de la JCE, lo que, a juicio de algunos, choca con su carácter de instituciones particulares de la ciudadanía que se rigen por estatutos que aprueban sus propios miembros.

Más cuestionable es que el artículo primero de la ley “establece el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto con participación de todos los electores” para establecer las candidaturas en todos los niveles de elección, presidencial, congresional y municipal.

Al establecer en su artículo cuarto que las primarias de todos los partidos se celebrarán el mismo día y a las mismas horas en base al padrón de electores, se asume que cada ciudadano ciudadana solo podrá votar por el partido de su preferencia.

Tiende a aumentar el costo de las campañas para las primarias, puesto que los precandidatos tendrían que dirigirse al universo de los electores y electoras, en vez de hacerlo con el segmento de los militantes de su partido.

Mayúscula tarea para la JCE

            Pero lo que hace casi imposible la implementación de esta legislación, sobre todo en los comicios legislativos y municipales, es que atribuye a la JCE la organización en una sola jornada de una multiplicidad de elecciones, tantas como partidos y agrupaciones políticas estén reconocidas. Cada cual conllevaría su propia logística de listados de candidatos y cómputo por separado.

            Por ejemplo, con que solo 10 de los 22 partidos reconocidos presenten precandidatos en todas las circunscripciones y municipios, las juntas electorales tendrían que realizar una tarea de organización y computación equivalente a diez veces la que rige en una elección congresional y municipal para proclamar candidatos a senador, diputados, síndico y regidores por cada partido participante. En vez de determinar un senador, tendría que hacerlo con diez ganadores de las candidaturas a senador. Lo que se multiplicaría en los casos de los diputados y regidores.

            Como eso no impedirá que se presenten impugnaciones a los resultados, la tarea se complicaría y extendería. Habría que calcular también el incremento de las dificultades logísticas y organizativas, incluyendo las propias del reclutamiento del personal que operaría los colegios electorales con una multiplicidad de boletas. El cómputo duraría días en medio de las presiones de una infinidad de delegados de los precandidatos.

            La ley fue aprobada sin que el órgano rector del sistema electoral se expresara en cuanto a su viabilidad. Una fuente de la JCE dijo que allí se recibió una comunicación del Senado pidiendo su opinión, pero en medio de las siempre difíciles tareas de la organización de los comicios presidenciales, el tribunal no tuvo tiempo ni la tranquilidad necesaria para estudiar el proyecto y emitir una opinión bien fundamentada.

            Se sabe que los criterios al respecto están divididos entre los jueces electorales y por lo menos uno de ellos, el doctor Roberto Rosario, ha impugnado públicamente la ley, considerándola impracticable y hasta con ribetes de inconstitucionalidad.

            Uno de los jueces dijo, fuera de récord, que sólo conoce una ley similar en Uruguay, pero allí hay una fuerte tradición de sólo tres partidos.

Multiplicación de los costos

            Una de las consecuencias de la ley sobre elecciones primarias aprobada al vapor es que representa una elevación de los costos de los procesos electorales con cargo al presupuesto nacional.

            Se trata de un financiamiento indirecto a los partidos, adicional al ya establecido en la reforma electoral de 1997, equivalente al medio por ciento de los ingresos nacionales en los años de elecciones y a un cuarto por ciento en los demás.

            La logística de las elecciones primarias de todos los partidos por lo menos duplicaría los costos del sistema electoral. Por su parte los partidos se ahorrarían el gasto que conlleva la organización por ellos mismos de la elección de sus candidatos.

            Los precandidatos tendrían que invertir más recursos para dirigirse al universo de los electores y electoras, lo que acentuaría la ventaja de los que representan grupos de intereses y en perjuicio de los militantes de base que disponen generalmente de menos capacidad de financiamiento.

            Pero aún así, la ley sería aceptable si no hubiese puesto la organización de las primarias en manos de la JCE. La idea de que sean en el mismo día tiende a impedir que algunos partidos hagan campañas electorales hasta de más de un año, como ha venido ocurriendo.

            Una de las críticas persistentes al sistema electoral dominicano ha sido la prolongación de las campañas electorales, que mantiene el activismo político casi todo el tiempo e incrementa los costos de la democracia, incentivando el abuso de los recursos estatales y el financiamiento de los poderes económicos, lo que aliena de antemano la independencia de los gobernantes y representantes electos.

            Pero mientras tanto, todo parece indicar que los promotores de la ley sobre primarias no evaluaron suficientemente las dificultades para su aplicación, las cuales probablemente obligarán a su revisión para salvar el sano propósito de instituir un mecanismo más democrático en la elección de candidatos y candidatas a todos los puestos de elección.-